Agenda de seguridad se entrampa y peligra convocatoria a sesiones de sala del Congreso

A pesar del compromiso de todas las fuerzas políticas de suspender el receso legislativo de esta semana para sacar adelante la agenda de seguridad, tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, el diálogo entre oficialismo y oposición volvió a quedar atascado.

Si bien la complejidad jurídica y técnica de los proyectos ya hacía difícil que estas iniciativas fueran tramitadas en solo un par de días, las tensiones políticas enredaron aún más el panorama. Incluso, existe un alto riesgo de que la propuesta de realizar sesiones de sala, tanto de la Cámara y el Senado, pierda sentido al no haber iniciativas listas para ser votadas en ambos hemiciclos.

De hecho, los integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara hasta el momento ni siquiera han sido citados para tratar la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, cuya discusión recién se reanudaría la próxima semana.

Si bien la Comisión de Seguridad y su símil de Constitución sí sesionaron, en conjunto este lunes, para tratar de avanzar con la reforma sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), iniciativa que fija un protocolo de uso de armamento por parte de policías y militares, por ejemplo, en casos de agresiones, no hubo unanimidad, debido a la negativa de Maite Orsini (RD) y de Jaime Araya (Independiente-PPD) para discutir esta iniciativa hasta total despacho.

La Comisión de Defensa de la Cámara también sesionó para abordar la reforma al Sistema de Inteligencia Nacional, pero al inicio del encuentro el presidente de esta instancia, Francisco Undurraga (Evópoli), sinceró que la discusión de indicaciones, que ayer ingresó el Ejecutivo, “será larga”, por lo que se acordó un cronograma de sesiones que se extenderá hasta la próxima semana.

Con ello, ya prácticamente no habría piso para la sesión especial del jueves a la que quería convocar la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), salvo que este martes las comisiones unidas de Seguridad y Constitución logren destrabar el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza.

En el caso del Senado el escenario no es distinto. La gran apuesta de la Cámara Alta era sacar la Ley Antiterrorista, dado que existe un consenso amplio de que la actual legislación para perseguir este tipo de crímenes no es efectiva. Prueba de ello es que el gobierno optó por querellarse por normas penales comunes y no por delitos terroristas.

Sin embargo, a pesar de que el propio presidente del Senado, José García Ruminot (RN), dio una ronda de entrevistas, dando cuenta de la necesidad de sacar la reforma antiterrorista, la Comisión de Constitución recién se reunirá este martes para evaluar si podrán despachar esta iniciativa en un solo día, lo que se ve complejo. En este día, la misma instancia debería tratar de avanzar en el proyecto que aumenta a 24 horas la flagrancia de un delito.

El problema es que la sala del Senado está convocada para el jueves precisamente para debatir estas dos iniciativas. En caso de que ambas reformas no estén completamente tramitadas por Constitución, fracasaría la citación de este jueves.

“Cuando todo el país tiene conciencia de que el asesinato (de los policías) es un acto terrorista, no se puede aplicar la Antiterrorista. Tenemos que terminar con esos absurdos. La ley tiene dificultades para probar el ánimo de querer causar terror en la población, algo que al ciudadano común le parece tan obvio, sin embargo, jurídicamente se hace bastante más difícil probarlo ante tribunales”, dijo a radio Cooperativa el presidente del Senado.

García, sin embargo, admitió que “probablemente una sesión no va a ser suficiente, hay 42 indicaciones. (Pero) es una necesidad que tengamos cuanto antes la modernización de la legislación; ha quedado de manifiesto estos días, no hay excusas para no avanzar”, subrayó.

Sus palabras daban cuenta de la resignación que ya hay en la mesa de la Cámara Alta.

Por ahora, la Comisión de Constitución del Senado está citada para este martes, entre 9.30 y 11.30 para discutir tanto la Ley Antiterrorista como la norma sobre flagrancia, lo que supone dos horas aproximadas para debatir y votar los dos proyectos, lo que -desde un punto de vista realista- es casi imposible. La única alternativa es que sea convocada a una nueva sesión.

Además, el presidente titular de la comisión, el senador Alfonso de Urresti (PS), está fuera del país, por lo que en su reemplazo asistirá su par José Miguel Insulza (PS), quien está manejando los tiempos de las citaciones.

La cautela del oficialismo -que tenía que ver con el riesgo de que algunos proyectos adoptaran un contenido exagerado dado el momento sensible- también quedó en evidencia en la sesión de las comisiones unidas de Seguridad y Constitución de la Cámara.

Al inicio de la sesión, el presidente de las instancias fusionadas, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) pidió un acuerdo para votar la iniciativa hasta total despacho.

Sin embargo, ante la petición, la diputada Orsini (RD) solicitó la palabra y anunció que su comité no daría la unanimidad.

“Hoy en la discusión de las Reglas de Uso de la Fuerza de las policías y FF.AA., la derecha rechazó todo, principios básicos como el de legalidad y proporcionalidad e incluso el artículo que prohíbe la tortura. Todos queremos legislar con celeridad pero también con responsabilidad”, indicó Orsini para justificar su postura.

A esa idea también se plegó Araya (Indep. PPD), quien es jefe de su comité, mientras que Calisto adelantó que en la sesión del martes volvería a hacer la misma solicitud para que esta reforma se pueda despachar ese día y votarse en la sala el jueves.

En el caso de la reforma al Sistema de Inteligencia, fue la misma oposición que se allanó a darle un tiempo de maduración al debate. El hecho, sin embargo, tensionó el debate entre Undurraga (Evópoli), quien como presidente de la comisión de Defensa era partidario de no apurarse, con los diputados Miguel Mellado (RN) y Roberto Arroyo (socialcristiano), quienes preferían votar esta semana.

Al menos, este lunes el gobierno presentó un paquete de indicaciones, lo que permite que la discusión ya entre en una fase decisiva.

La exministra Ana Lya Uriarte, hoy asesora de la Subsecretaría del Interior, expuso en representación del Ejecutivo y afirmó que la intención de presentar las indicaciones, que estaban comprometidas para la semana próxima, fue “apoyar, ayudar y acelerar”.

“Pareciera que hay una molestia por ello, yo quisiera disculparme si es que así se produjo, pero el compromiso del Ejecutivo era presentar el paquete de indicaciones el próximo lunes 6 de mayo. Hemos llegado una semana antes con el único propósito de ordenar la discusión para así adelantar aquello que tenía que empezar la próxima semana. Entonces, en verdad, habría sido desde un punto de vista de la eficiencia del trabajo, una pérdida el que nosotros no hubiéramos llegado con el paquete de indicaciones completo en el día de hoy”, dijo Uriarte.

La situación que se dio en la Comisión de Seguridad de la Cámara es completamente distinta.

Si bien el presidente de esta instancia, el diputado Andrés Longton (RN), aseguró que su disposición era citar a la comisión, la convocatoria quedó en suspenso debido a diferencias irreconciliables con el oficialismo respecto de los proyectos que debían ponerse en discusión.

Mientras la alianza gubernamental está presionando para sacar la reforma que crea un nuevo Ministerio de Seguridad, en la que especialmente la bancada de RN tiene severos reparos técnicos y políticos, la derecha quería poner en tabla un proyecto que eleva las penas por homicidios, en especial cuando las víctimas son policías y militares.

El problema es que hoy los diputados están en una “semana distrital” (es decir, de trabajo en los territorios), por lo tanto, se requería de un acuerdo unánime de los comités para convocar a sesiones de la mencionada comisión.

“Lamento que el PC, PS y el Frente Amplio no hayan dado la unanimidad para terminar de despachar en los próximos días el proyecto de ley que agrava las sanciones ante crímenes contra las personas y miembros de Carabineros, PDI y FF.AA. Una cosa es que lo voten en contra, pero lo inaceptable es no permitir que se discuta y vote”, comentó Longton (RN), quien recordó lo ocurrido con la ley Nain-Retamal, que tuvo una controvertida discusión en el Congreso.

Desde las bancadas de la alianza gubernamental hay observaciones jurídicas a la iniciativa sobre homicidios, pero dado el contexto por el asesinato de los tres policías era altamente costoso, del punto de vista de imagen pública, oponerse en estos momentos. Además, hoy la derecha tendría los votos para sacarlo de la comisión y eventualmente aprobarlo en la sala de la Cámara.

No obstante, por otro lado, son los diputados de RN lo que levantaron una férrea oposición a las competencias y cargos a nivel regional que tendría el nuevo Ministerio de Seguridad.

En su paso por el Senado, al proyecto se le incorporó la figura de un comisionado regional, que tentativamente iba a asumir las responsabilidades de seguridad. No obstante, en la Cámara, el gobierno con el apoyo del oficialismo, la UDI y algunos legisladores no alineados, propuso volver a la figura de un secretario regional ministerial (seremi), quien asumiría también las tareas de orden público. Esta solución, sin embargo, no agradó a los parlamentarios de RN, quienes creían que el orden público debía estar en manos del delegado regional.

Pese a ese reparo, la propuesta del gobierno se aprobó y RN expresó el voto disidente.

Desde el oficialismo, sin embargo, apuntan a un eventual bloqueo de parte de la oposición para avanzar en la discusión del nuevo ministerio, que, a pesar de ser una iniciativa del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, podría transformarse en el principal legado en materia de seguridad de la administración del Presidente Gabriel Boric.

El comité político ampliado de este lunes congregó a los ministros Carolina Tohá, Álvaro Elizalde y Camila Vallejo con cinco presidentes del oficialismo. El punto principal de la tabla fue la priorización de la agenda legislativa en materia de seguridad.

En esa línea, los asistentes de la reunión bajaron las expectativas que se han levantado desde la derecha, en donde han apuntado a despachar todos proyectos emblemáticos de la agenda durante esta semana, materia en la que no hay coincidencia en La Moneda.

En ese momento, la ministra Tohá indicó que el proyecto que más posibilidades tiene de concretarse esta semana es la nueva Ley Antiterrorista, dado lo avanzada que se encuentra la iniciativa. En cambio, con Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), se llegó al consenso de que es complicado que una medida que ha sido debatida durante meses pueda resolverse en una sola semana. Esta tesis fue reafirmada tras el encuentro en La Moneda por Vodanovic, Vela y Hirsch, mientras que en el Congreso fue materializada por Maite Orsini, quien no dio la unanimidad para su total despacho.

El temor del gobierno es que las RUF queden mal hechas por la premura con la que se busca trabajar. Uno de los temas que complicaba al oficialismo era la arremetida de la oposición para que el mismo proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza se diera competencia a los tribunales castrenses la facultad de revisar cualquier situación en la que se vea involucrado un efectivo por cumplir labores de orden público.

Además, en el Ejecutivo recalcan que buscan priorizar el proyecto de inteligencia y el Ministerio de Seguridad.

La decisión de poner un poco de pausa y reflexión a la tramitación de estos proyectos fue transparentada este lunes por la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, tras la reunión del comité político en La Moneda. “No puede esperarse que en esta semana tengamos resueltos todos los proyectos que por meses no han avanzado”, dijo.

El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, agregó que hay que tener “la responsabilidad de que las políticas que salgan del Parlamento sean efectivas”, mientras que su par de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch, añadió que “no es bueno improvisar... Hay que sacar buenos proyectos”.