Crónica Estéreo: ¿Sirve endurecer las condenas para apoyar a Carabineros y luchar contra la delincuencia?

El asesinato con un disparo en la cabeza de la sargento segunda de Carabineros Rita Olivares, el domingo pasado en Quilpué, impactó a todo el país y determinó la agenda política de esta semana. Mientras el gobierno, partiendo por el propio presidente Gabriel Boric, hizo gestos explícitos en solidaridad y apoyo al trabajo de Carabineros, desde el Congreso se reactivó la agenda de seguridad pública y la discusión de proyectos que buscan endurecer penas y apoyar la labor policial. Todo acompañado de enérgicos discursos y de una celeridad legislativa pocas veces vista.

Ayer, la Cámara Baja aprobó cinco proyectos de ley relacionados con seguridad pública. El primero de ellos fue la modificación al Código penal para endurecer las penas del delito de secuestro. Luego se aprobó el proyecto que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares de alta concurrencia pública. Posteriormente, se aprobó el texto que tipifica el delito de extorsión y entrega más herramientas a Gendarmería para investigar posibles delitos en recintos penales. Después, el proyecto que sanciona el delito de sicariato. Todos esos proyectos fueron aprobados sin registrar ningún voto en contra. El último texto en aprobarse para pasar -como el resto de las iniciativas- a su trámite en el Senado, fue el que amplía las facultades policiales en materia de control migratorio.

Todas esas iniciativas formaban parte del paquete de leyes de seguridad que habían sido presentados por el Ejecutivo en diciembre y tenían urgencia desde enero, pero la celeridad con la que se aprobaron ayer fue una clara respuesta al clima instalado en el país -y en el propio gobierno- después del asesinato de la sargento Olivares. La jornada de ayer, de hecho, comenzó con un minuto de silencio por la nueva mártir de Carabineros -la segunda en sólo dos semanas, considerando la muerte del cabo Álex Salazar en Concepción-, y la “señal de apoyo a Carabineros” que se quería dar desde el Congreso fue explícita en las declaraciones de varios parlamentarios.

Más directa con la contingencia es la discusión que se desarrollará hoy en la Cámara. Se trata de dos proyectos de ley presentados por la oposición y bautizados en honor a dos mártires de Carabineros. Una es  la ley Retamal, que consagra la presunción de uso justificado de armas de servicio por parte de los policías uniformados, y a la cual el gobierno incorporó indicaciones relativas al uso de la fuerza. La otra es la ley Naín, que establece mayores penas contra quienes ataquen a policías.

Pero ¿son estas medidas más duras un disuasivo realmente eficaz?

Mauricio Duce, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, advierte que legislar en materias tan complejas como una manera de responder a la contingencia puede, de hecho, terminar perjudicando la causa que se dice defender.