SEÑOR DIRECTOR:
Recientemente, el gobernador Claudio Orrego propuso crear un “Barrio Rojo” en Santiago a propósito de la sensación de inseguridad que acusan vecinos del sector de Diez de julio. Considero que cualquier debate sobre este tema debe considerar dos elementos: las diferentes políticas -y sus resultados- que se han llevado adelante en otros países, así como la participación efectiva de las trabajadoras sexuales; que en la última propuesta parlamentaria (Boletín 11638-13, que “establece una regulación del trabajo sexual y modifica diversos cuerpos legales”) no ocurrió.
Las diferentes políticas se pueden resumir en cuatro: la prohibición que penaliza la venta y compra de servicios sexuales; la abolición que criminaliza la compra de servicios sexuales; la regulación que no penaliza ni la venta ni la compra, pero impone restricciones, y la descriminalización en las que se trata al comercio sexual como a cualquier otro comercio. Ejemplo de esta última política es el caso de Nueva Zelanda, que, en lo esencial, considera la prostitución como un trabajo, hay sindicatos, acceso a derechos sociales, incluyendo derecho a desempleo y salud pública. Esta política fue impulsada por las propias trabajadoras y es el fiel reflejo de la necesidad de pensar estas cuestiones atendiendo a la voz de la primera persona. Asimismo, la investigación empírica ha demostrado que es la que menos daños produce en quien la ejerce.
Espero que este tipo de consideraciones se tengan en cuenta en el actual debate.
Pablo Aguayo Westwood
Facultad de Derecho, Universidad de Chile
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