Preocupante estrechez de las finanzas públicas

A principios del año 2023, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), ante el sorpresivo superávit fiscal estructural del año 2022, advirtió que esta situación era excepcional y el 2023 el balance volvería a ser deficitario, alertando sus riesgos. Y así ocurrió, cuando el balance estructural pasó de un 0,2% del PIB a un déficit de 2,6% el 2023, que de considerarse el ajuste cíclico a todos los ingresos provenientes del litio, el resultado hubiera sido un déficit de 3,6% del PIB. Mientras, la deuda pública continuó creciendo, ubicándose levemente bajo el umbral del 40% del PIB. El propio CFA ha indicado recientemente que se evidencia un “estrés fiscal”, haciendo ver la necesidad de que el gobierno y el Congreso alcancen acuerdos para equilibrar el balance presupuestario y no afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La estrechez fiscal sin duda no es consecuencia solo de lo ocurrido durante esta administración. El deterioro de las finanzas públicas comenzó el año 2008, con déficits fiscales persistentes en el tiempo, y una consolidación fiscal que nunca se pudo lograr debido al deterioro del crecimiento potencial de la economía, acompañado de un hito importante como fue la reforma tributaria del año 2014, la cual comprometió gastos permanentes financiados parcialmente. De ahí la importancia de no volver a cometer el error de comprometer gastos antes de tener claridad de que los ingresos proyectados se materializarán con un alto grado de probabilidad.

En el sector privado, cuando una institución enfrenta una situación de estrechez financiera, entonces ajusta su operación a sus fuentes de financiamiento; en cambio, en el sector público existe una resistencia inexplicable a revisar cómo se gastan los recursos que aportan los ciudadanos, argumentando una rigidez del gasto público que en los hechos no es más que una forma de esconder la escasa voluntad de avanzar en esta materia. La esperanza queda puesta en que la situación fiscal se corregirá ajustando el crecimiento del gasto en promedio bajo el 1% anual durante los próximos cuatro años, pero ello tiene una baja probabilidad de materializarse, considerando lo que ha sido la tendencia de crecimiento del gasto en la última década, muy superior a esa cifra.

La consolidación fiscal requiere de medidas creíbles que puedan ser ejecutadas por la administración de turno; de lo contrario, se cae en el ejercicio inconducente de traspasarle el costo del ajuste al siguiente gobierno. Si la revisión del gasto no fuera suficiente para lograr el balance de ingresos y gastos, es prioridad entonces que la mayor recaudación fiscal se destine en primer lugar a estos efectos, antes de alentar nuevas expectativas de gasto social a la ciudadanía.

La estrechez fiscal debe ser enfrentada con el debido pragmatismo, donde no cabe fiarse solo de las nuevas fuentes de ingresos permanentes provenientes de nuestros recursos naturales, como el litio, el cobre -que vuelve a vivir un período de auge- o el hidrógeno verde, sino también exige una revisión profunda del gasto público que nos permita enfrentar las necesidades inmediatas. Y ciertamente priorizar una verdadera agenda procrecimiento, porque la magra expansión de la economía ha sido una de las causas fundamentales de nuestro desequilibrio fiscal.