Columna de Paula Escobar: Para pasar agosto

Alerta amarilla/roja. Las noticias de la encuesta CEP son malas para el proceso constitucional. La mitad está desinteresada y un 37% tiene una mala evaluación del actual proceso.

Son señales que -después del “enmiendazo”- deben ser tomadas en cuenta, especialmente por quienes tienen la hegemonía en el Consejo y, por tanto, la mayor responsabilidad.

Mientras más se acerquen al anteproyecto, mejor. Este no solo obtuvo respaldo transversal, del PC a republicanos, en la Comisión Experta, sino que es muy valorado por la ciudadanía. Los resultados de participación ciudadana del Consejo Constitucional -liderados por la Universidad de Chile y la Universidad Católica- muestran que el 87% de los participantes respalda el anteproyecto. Un total de 28.685 personas se pronunciaron y todos los acápites tienen un grado de acuerdo que bordea el 100%. La presidenta del órgano de expertos, Verónica Undurraga (Ind.-PPD), valoró -con toda razón- el “contundente respaldo” que recibió la propuesta.

Este es un dato muy relevante.

Tanto lo que allí se acordó, como aquello en que se dejó abierto a la legislación, obedece a una lógica y a una razón; no fue por olvido. Fue porque se privilegió el que la Carta Magna sea una arquitectura de funcionamiento habilitante, no maximalista, que permita que, respetándose lo básico y esencial, diferentes partidos y agrupaciones puedan gobernar.

La ola de enmiendas, en particular las 400 de republicanos, han desestabilizado ese frágil acuerdo. Por eso tantas voces, del mismo sector y no solo desde el oficialismo, lo han advertido. Un estudio del CEP conocido esta semana es categórico: advierte que las enmiendas republicanas son de “impulso identitario” y ponen “en peligro el proceso constituyente”. También afirma que “la mayoría de las enmiendas identitarias del Partido Republicano tienen un sentido divergente” o “contradicen explícitamente” algunas de las 12 bases institucionales acordadas por los partidos en el Acuerdo por Chile (las que hablan sobre la soberanía que reside en el pueblo, el reconocimiento de los derechos humanos, el cumplimiento de las sentencias de tratados internacionales y el Estado social). El estudio, realizado por el sociólogo Aldo Mascareño y el historiador Juan Luis Ossa, dice que “no parece adecuado poner en peligro el proceso constituyente a partir de una serie de enmiendas identitarias que, precisamente por serlo, apelan sólo a una parte del electorado”.

Las críticas del CEP difícilmente podrán ser descalificadas por los miembros del Partido Republicano como de “viudas del Apruebo” (como dijo uno de sus asesores). Se suman a voces similares de la misma derecha y de otros rechacistas de centroizquierda (que antes escuchaban y amplificaban tanto, y que ahora, parece que ya no).

Estamos a minutos de la medianoche para lograr sacar adelante este proceso. Agosto es el mes clave. Deben escuchar las alertas -esas mismas que la Convención desestimó en su momento-, porque es muy importante tener una nueva Constitución. No sólo en términos simbólicos -escribir una en democracia, dejar atrás una escrita en dictadura-, sino porque hay que hacerse cargo de la parálisis y el bloqueo del sistema político chileno, algo que el anteproyecto logró. A los últimos tres gobiernos, de distinto signo político, les ha pasado un fenómeno similar: la dificultad enorme de gobernar en este clima de fragmentación política, donde para alcanzar mayorías que permitan avanzar con alguna medida del plan de gobierno que se comprometió a la ciudadanía, se es rehén de pequeños grupúsculos, o derechamente de “emprendimientos” electorales. Donde no hay disciplina ni convicciones básicas no hay posibilidad de acordar nada, y la lógica del espectáculo y la cuña “viralizable” se imponen. (Esta semana se batió un nuevo récord de vulgaridad y hasta desvergüenza, con el PDG Gaspar Rivas: “A esa señorita que se llama Constitución hay que violarla todas las veces que sea necesario”).

Enfrentar la fragmentación, el show, la banalidad y, por cierto, establecer que Chile es un Estado social y democrático de derecho, solo eso, basta para acreditar la urgencia de una nueva Carta Magna, que permita la gobernabilidad más básica y favorezca y ponga los incentivos en sacar adelante las medidas más necesarias para el bienestar de la población. La parálisis, la serie de bloqueos -y hasta chantajes- en materia de pensiones, salud, educación, debilitan la democracia y fortalecen a quienes torpedean el sistema completo.

La misma CEP revela lo que emerge cuando la democracia no funciona: las personas empiezan a estar disponibles para sacrificar libertades por obtener seguridades.

Aunque haya desafección con el proceso constitucional, es necesario y urgente sacarlo adelante.

Sería imperdonable fracasar por tercera vez