Columna de Jaime Bellolio: Lo responsable es revocar

Fiscalía estaría alistando diligencias para ver si hubo delito en las pensiones de gracia cuestionadas.


Como si fuera una pesadilla repetitiva, de esas en las que se intenta en vano escapar o no caer, la justificación de la violencia octubrista vuelve a aparecer en el horizonte del actual gobierno.

Y es que se nota que dentro de la coalición oficialista hay quienes aún sienten deuda y gratitud por el estallido y sus consecuencias, pero solo algunos se atreven a confesarlo. Los vientos sembrados en el pasado siguen produciendo tormentas presentes.

Quien fijó el marco para ello fue el propio Presidente, cuando realizó los 13 indultos, incluyendo al menos a dos “colados”, en un procedimiento que costó la salida de una ministra y su jefe de gabinete. La justificación era el cumplimiento de un compromiso presidencial y la forma desprolija se explicó por el apuro.

¿Por qué ocurre nuevamente lo mismo?

Una hipótesis es que sea simplemente un acto fallido. Al querer pagar esa deuda simbólica con manifestantes del estallido, pero queriendo también apartarse de su violencia y diferenciarla de las demandas sociales aún vigentes, se cometen estos graves errores, que terminan por llevar a revocar pensiones y pelearse con el flanco más radical del gobierno, que sigue justificando las acciones del octubrismo. Y son ellos los más indignados, que amenazan incluso con ir a cortes internacionales.

Otra explicación puede ser que, precisamente por esa enorme tensión interna, entre quienes creen que el gobierno no es suficientemente de izquierda y que se entregó en materias como seguridad y delincuencia; y entre quienes entienden que cuando se gobierna un país no basta con la barra de los propios incondicionales, sino que se toman decisiones para el país en su conjunto. Y que a veces, más de las que se quisiera, ello va en contra de los intereses de la propia tribu.

Una manera de ganar tiempo interno y de que no se note tanto esa disputa, es el viejo truco del falso empate y culpar al gobierno anterior. Ya lo intentaron con los casos corruptos de las falsas fundaciones, y ahora con la entrega de pensiones a personas condenadas por producción de porno infantil, homicidio, violencia intrafamiliar, narcotráfico, etc. En ambos casos la argumentación fue: es que existe el mecanismo, y por eso ocurrió. Ergo, no somos responsables.

Pero, así como insulta a la inteligencia el decir que hubo corrupción en las propias filas solo por el hecho de que existían los traspasos directos a fundaciones para labores críticas, ocurre igual al sostener que por no ser exigibles los antecedentes penales, se den - y se aumenten- pensiones vitalicias a quienes no cumplen con los mínimos requisitos, como certificar las lesiones que se hubieran sufrido, que da cuenta de que hubo o poco interés o vista gorda.

El Presidente dio rápida revocación al caso más extremo y otros pocos más. Pero ante las dudas sobre el procedimiento, parece que lo más responsable es revocar todas las pensiones que tuvieran algún cuestionamiento y revisar todas las demás, para así dejar de evitar las propias responsabilidades. Las de antes y las de mañana.

Por Jaime Bellolio, director Observatorio Territorial IPP UNAB

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