Se atribuye al dramaturgo griego Esquilo decir que “la primera víctima de la guerra es la verdad”. Y al militar prusiano Carl von Clausewitz complementar, más de dos milenios después, que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”.
Cuando la política se entiende como una guerra sin cuartel, cuando el del frente es un enemigo a quien derrotar, cuando la tierra arrasada es el objetivo, entonces la verdad ya no importa.
Es sólo una pieza de artillería más con la cual destruir al adversario.
La noche del miércoles, 23 computadores y una caja fuerte fueron robadas desde el Ministerio de Desarrollo Social.
A las 9 de la mañana del jueves, el ministro Giorgio Jackson ya tenía su tesis. “Nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza que parecieran (…) relativos a una señal política. Ante eso, como gobierno no nos vamos a dejar amedrentar”, aventuró, dando el pistoletazo de salida a una escalada delirante de especulaciones, insultos y paparruchadas.
El senador PS Fidel Espinoza, quien arrastra una vieja querella personal contra Jackson, lo trató de “líder de una banda” y de “una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor”.
“Pelao, devuelve la caja fuerte”, “escoria”, “gánster”, “pelado corrupto” y “Giorgio, carerraja, mereces ir preso”, fueron algunas de las agudas reflexiones escritas o difundidas por “honorables” diputados. El analista político Mauricio Morales especuló con eventual información que “pueda dañar al Presidente de la República, por lo que se tuvo que llegar al extremo de eliminar evidencia”.
Y el abogado Gabriel Zaliasnik mezcló peras con ornitorrincos voladores: “Cuando uno ve lo que son capaces de llegar a hacer estos tipos, cobra mayor valor el triunfo del Rechazo. La movilización de miles de chilenos, el compromiso de vocales de mesa y apoderados evitó un fraude electoral que pudo ser de proporciones históricas”.
Tu conspiración, y otra más. El senador PC Daniel Núñez habló de “operaciones en marcha para dañar al ministro Jackson”, y “autores que no se dedican a reducir computadores”.
“Esto no parece un robo común”, decían en La Moneda, antes de que el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, llamara al orden: “al gobierno le corresponde, primero, no levantar especulaciones”.
La guinda de la torta de un día vergonzoso para la política chilena la puso una carta enviada por 23 diputados de la UDI al Presidente de la República, en que afirman que “resulta absolutamente inevitable relacionar el robo con el denominado Caso Convenios”, y acusan a Jackson de “estar directamente involucrado en el sospechoso robo”. Además, exigen su salida del cargo en 48 horas “antes de que pueda ser imputado por la Fiscalía, tanto por el llamado Caso Convenios, como por el ‘extraño’ robo en su ministerio”.
Correctamente, La Moneda se negó a responder la carta, por considerarla “calumniosa, injuriosa e infame”.
A esas alturas los computadores ya habían aparecido, en manos de una delincuente con prontuario, y el presunto autor de la llamada a los guardias del ministerio estaba identificado.
Pero las especulaciones continuaron. Ahora desde la izquierda, se hicieron circular bulos que identificaban a la detenida como activista del Partido Republicano (lo que es falso).
Otros difundían que un hermano del dueño de la empresa de seguridad del ministerio tendría una condena por Derechos Humanos, o que el contrato con esa compañía vendría de una administración anterior, como “evidencias” de un complot derechista contra el gobierno.
El viernes, la UDI se retiró de la negociación de la reforma previsional (en la que Jackson no tiene nada que ver), amenazando con que “no existe interlocución posible con la oposición si Jackson permanece en el gobierno. No existe ninguna conversación política posible en las reformas importantes que necesita Chile, en los diálogos políticos que son necesarios en cualquier democracia”.
Primero inventaron una historia, afirmando la participación de un ministro en un acto delictual, y luego patearon la mesa dando como argumento la historia que acababan de inventar.
De paso, afirmaron a Jackson en su cargo. En septiembre de 2022, cuando el Presidente lo removió de la Segpres, era evidente que debía retirarse por un tiempo de la primera línea. Su porfía y la del Presidente, al entregarle un premio de consuelo, sólo han dañado al gobierno, al propio Jackson, y al ministerio que lidera.
Pero, gracias a estos ataques atribuyéndole un delito, ahora es impensable que el gobierno pueda sacarlo en este momento, salvo que el propio Jackson decidiera irse.
La oposición repite así su infalible estrategia para apuntalar a ministros débiles, como lo hacen cada vez que acusan o interpelan a algún ministro en problemas, y no hacen más que fortalecerlo en su cargo.
El robo, por cierto, es sospechoso, y debe ser investigado a fondo por la Fiscalía, en busca de posibles autores intelectuales y de un eventual robo por encargo. Pero, en vez de esperar esa indagación, los políticos de lado y lado actúan como si hubiera evidencia de un complot urdido por el “enemigo”, generando consecuencias políticas a partir de hechos que, al menos hasta ahora, sólo existen en sus fértiles imaginaciones.
Así, conspiraciones ficticias tienen efectos reales, perjudicando directamente a los casi dos millones de jubilados que siguen esperando una solución a sus pensiones.
Al usar la mentira como arma política, la conspiranoia está convirtiendo la democracia en una guerra.
Y en esta guerra sin cuartel estamos seguros de algo: no habrá vencedores, solo vencidos. Partiendo por la primera víctima: la verdad.
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