“En el Chile que construiremos, no habrá espacio para el pituto”, decía el candidato Boric. Bajo el lema “no más privilegios, no más pitutos”, el actual mandatario comprometía, en el caso de ser elegido, la prohibición de contratación de parientes de altas autoridades del Estado y que el Presidente, los Ministros y los Parlamentarios, no ganarían más de 5 millones de pesos.
Han pasado dos años de gobierno y el Presidente sigue ganando más de 7.6 millones de pesos. Un poco más de los 7 millones que gana la Ministra Vallejo, que es lo mismo que gana el diputado Winter y el resto de los 154 diputados. Como diría el doctor Mañalich, in-cum-pli-do.
Pero el tema de los pitutos es algo más generalizado que el de los sueldos millonarios. Hermanos, sobrinos, hijos, cuñados, amigos y conocidos alimentan la lista interminable de designaciones de este gobierno. A lo largo y ancho del Estado, así como también en el servicio exterior, el Presidente Boric ha posicionado a sus amigos, camaradas y compañeros de tienda política, como embajadores, ministros, subsecretarios, jefes de divisiones y asesores. Apitutados y operadores políticos que reciben un suculento sueldo del Estado, simplemente por estar emparentados, ser cercanos a alguna autoridad de gobierno o del Congreso o exconvencionales de la fallida Convención.
La última joyita, fue la designación como notaria titular en Lo Espejo, de la hermana del diputado Leiva, que se recibió como abogada hace menos de cuatro años. ¿Cuáles son sus méritos? No lo sabemos muy bien, pero en su familia lo tienen claro, dado que varios miembros del “Clan Leiva” son notarios, conservadores o trabajan en ese “rubro laboral”.
Según un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, el notario promedio tiene una renta mensual de 14 millones de pesos, lo que equivale a 163 millones anuales; un notario en Santiago centro puede llegar a ganar más de 24 millones de pesos, o 288 millones de pesos anuales. Los notarios tienen derechos exclusivos sobre los servicios que prestan y existe un número fijo de notarías en el país, lo que implica restricciones para acceder al cargo. Salvo, eso sí, que provengas de una familia de notarios o tengas un hermano diputado.
En el concurso para nombrar al notario de Lo Espejo, del total de 191 postulaciones al concurso, 123 fueron declaradas admisibles y una lista de 10 postulantes pasó a la Corte de Apelaciones. La notaria Leiva ocupaba el séptimo lugar de la lista, pero eso no fue obstáculo para llegar a la terna, pese a tener una de las calificaciones más bajas en el área curricular. Nada de eso impidió que la notaria Leiva fuera nombrada en el cargo por el ministro de Justicia, Luis Cordero, por orden del Presidente de la República. Según el ministro, no existían postulantes suficientes para este concurso y la única persona elegible de la terna era la señora Leiva, agregando que al Ejecutivo no le gusta el régimen de nombramiento de notarios. Pese a todas estas evidentes advertencias, el gobierno decidió nombrarla y asegurarle por varias décadas, un sueldo millonario a la notaria Leiva.
La Constitución vigente no contempla ninguna disposición para regular a los notarios y conservadores. No así la propuesta de Constitución, que será votada este 17 de diciembre, que establece que no podrán ser designados, nombrados o promovidos como auxiliares de la administración de justicia, los parientes del Presidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Senadores, Diputados y otras autoridades. Es decir, si se aprueba el texto constitucional en diciembre, los parientes de diputados no podrán ser designados notarios, nunca más.
Los chilenos tienen muchas razones y argumentos para definir su voto en diciembre. Pero es evidente que la propuesta Constitucional tiene muchas más herramientas que la Constitución vigente para combatir la corrupción con fuerza y terminar con los pitutos en el Estado. Entre ellas, se establece una agencia nacional contra la corrupción; la inhabilitación perpetua para los funcionarios corruptos y restricciones a la designación de cargos de confianza en el gobierno, junto con una serie de disposiciones en materia de modernización del Estado que serán una verdadera revolución para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.
Perfectamente podría ser un slogan: a favor del control de la corrupción y en contra de los apitutados, y así, comenzar a cumplir con la promesa fallida del candidato Boric.
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