Villa San Luis: ¿Más que viviendas sociales, un Monumento Nacional?

En 1972 se concretó uno de los proyectos inmobiliarios que buscaba hacer frente a la desigualdad y la segregación presentes en el Gran Santiago. El ex presidente Salvador Allende hizo entrega de las 1.038 viviendas sociales que contemplaba la en ese entonces Villa Ministro Carlos Cortés. Eran 27 bloques de departamentos de 4 pisos, repartidos en 9 hectáreas

Esta se construyó en terrenos que inicialmente eran propiedad del ex alcalde de Providencia, Ricardo Lyon Pérez, los que fueron heredados por su esposa en el año 1932. Posteriormente, parte de lo que era ese fundo San Luis pasó a manos del Estado.

Más tarde, en 1968 Miguel Eyquem y Arturo Baeza dieron inicio a un proyecto que incluía la intervención de la zona, el cual consideraba la construcción de un centro comercial, un centro cívico y viviendas, pretendiendo albergar a 60 mil habitantes. Eso sí, en el año 1970, cuando asume Allende, el proyecto se re encausa dando mayor prioridad a las viviendas sociales.

De esta manera, se puso énfasis en la construcción de una población para obreros en pleno corazón de la comuna de Las Condes. La mayoría de las personas que accedieron a los departamentos lo hicieron a través de la CORMU, y en algunos casos, correspondían a personas que vivían en campamentos dentro de la misma comuna. Además, como han mencionado, fueron adjudicados a través del conducto regular que establecía Corhabit en su normativa. Presentaron ahorro en cuotas y pagos posteriores de dividendos.

Pese a ese esfuerzo, el sueño de la casa propia duró poco. En 1976, bajo el régimen de Augusto Pinochet, el Ejército comenzó a desalojar a los residentes, argumentando que estos no poseían títulos de dominio y que habían hecho una ocupación ilegal de los terrenos. Así, miles de familias fueron desplazadas a comunas más periféricas de la capital. Les asignan viviendas de las Fuerzas Armadas en las poblaciones Juan Antonio Ríos, Alessandri, Eneas Gonel, entre otras, con lo que perdieron su ahorro previo y de cinco a  siete años de pago de dividendos.

Por su parte, la institución renombró el lugar como Villa San Luis y la utilizaron según sus propios fines habitaciones, prohibiendo por ley cualquier otro tipo de uso. Transfieron los terrenos e inmuebles de la Villa de Serviu al Ministerio de Bienes Nacionales.

Tras el retorno a la democracia y pese a la normativa existente, los militares enajenaron la propiedad siendo adquirida por inmobiliarias el año 96, operación en la que el Ejército habría recibido alrededor de 98 millones de dólares, sin que Bienes Nacionales, en ese momento dirigido por Adriana Delpiano, interviniera. Ahí se inició un nuevo periodo de presión contra los últimos propietarios que quedaban, pues los nuevos dueños del terreno comenzaron a demoler los inmuebles.

Desde ese momento, quienes habitaron en el complejo emplazado en Presidente Riesco, comenzaron su lucha por mantener vivo lo que denominan como un icono de la inclusión social urbana. 

Un año más tarde, en 1997, el movimiento Reconquista de Nuestros Derechos, que agrupa a más de 300 ex pobladores, inicia un juicio en contra del Serviu Metropolitano para recuperar sus viviendas. Este, que fue patrocinado por el abogado José Miguel Serrando, terminó en un acuerdo extrajudicial donde los demandantes y el abogado se reparten 590 millones de pesos pagados por la Inmobiliaria.

Un nuevo intento del Ejército por controlar el lugar llegó el 2009, cuando demandaron al Fisco y a los propietarios de los bloques 16 y 17 para intentar apoderarse de todo el Lote 18, inclusive de la parte que había sido excluida de la destinación mediante el decreto 228. En 2011 deciden vender la parte del Lote 18-A que controla, a la Inmobiliaria Lote 18, por alrededor de cuatro mil millones de pesos. Con ello, los propietarios de los departamentos que quedaban en el Lote 18 decidieron vender, pero posteriormente 63 de ellos demandaron a la empresa por engaño y presiones.

Tras varios desacuerdos más y nuevas acusaciones, este año la Municipalidad de Las Condes aprobó un anteproyecto de edificación que busca construir 6 torres de 19 pisos en el Lote 18. Es así como el 28 de febrero el Comité de  Defensa de la Villa San Luis llegó hasta el Consejo de Monumentos Nacionales mediante una solicitud del arquitecto Miguel Lawner, para que este declare el mencionado Lote 18 como Monumento Nacional y así paralizar las intenciones de la inmobiliaria y frustrar la propuesta del alcalde Joaquín Lavín, quien defendió la demolición.

Luego de la tramitación necesaria y análisis de los antecedentes, el día de ayer el Consejo votó en la sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, decidiendo aprobar la solicitud de declaratoria como Monumento Nacional del Lote 18-A1 del complejo, elevando los antecedentes al Ministerio de Educación para la firma del decreto que le otorga el estatus que solicitaban sus ex pobladores.

El director de la Dibam y vicepresidente del CMN, Ángel Cabeza señaló que "los valores fundamentales que se han tenido en cuenta para su declaratoria son de carácter social, histórico y urbanístico. Porque en los 60 y 70 éste fue un proyecto de vivienda social para los problemas de habitabilidad en la ciudad de Santiago que tenían millones de chilenos, siendo éste un proyecto emblemático".

"Asimismo, se reconoce la forma en que los pobladores fueron expulsados y trasladados a distintos puntos de la capital, a pesar de ser los legítimos dueños. Y por último, queremos rescatar, tal como lo ha planteado la Municipalidad de Las Condes, el lugar como un espacio de memoria, donde nos permita recordar lo que ahí pasó", agregó la autoridad.

Estimaron de esta forma que es testimonio material de un proyecto de urbanización y edificación que reorienta un plan inicial, buscando la generación de soluciones habitaciones para la población residente en poblaciones y campamentos de la zona oriente del Gran Santiago. Validaron que se trata de un proyecto emblemático de integración y de redistribución del espacio urbano con criterios de equidad socioeconómica.

En el caso de que la ministra de Educación decida acoger la recomendación del Consejo de Monumentos y declare el Lote 18-A1 Monumento Nacional, deberá decidirse que se hará con el. Según da cuenta la experiencia de casos anteriores, podría conformarse una mesa de trabajo entre las partes que expusieron los antecedentes al Consejo para que ahí se decida el camino a seguir.

Si no hay acuerdo entre las partes, el caso puede judicializarse y ahí los tribunales serán quienes decidan. En todo caso, el Mineduc puede también rechazar la firma del decreto o solicitar más antecedentes para decidir.

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