Sobreprecios: admiten irregularidades en actas de licitación

Están querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), pero aún no tienen calidad de imputados en el denominado caso sobreprecios, que dirige el fiscal Jaime Retamal. Se trata de los cuatro funcionarios del Ministerio del Interior que integraron la comisión evaluadora en el proceso de licitación de densímetros y fibroscopios del Plan Frontera Norte, que está en la mira de la Fiscalía Centro Norte.

Durante la indagatoria, César Saavedra, Rodrigo Muñoz, Chrystian Urzúa y Manuel Cacho declararon como testigos, relatando el viaje que realizaron entre el 11 y el 12 de junio pasado al hito Cajón, en San Pedro de Atacama, donde se realizó la prueba de terreno de la empresa Tecnodata, único oferente.

Esta causa se abrió luego de que se denunciara un presunto delito de fraude al Fisco, por supuestos sobreprecios en los equipos, y el ilícito de revelación de las bases de la licitación.

En sus declaraciones ante la fiscalía, los funcionarios reconocen una irregularidad. En la prueba en terreno, el acta señala que no hubo inconvenientes. Sin embargo, el testeo de los equipos no se llevó a cabo por completo, pues los densímetros no fueron probados con su pértiga, una especie de barra que lo complementa.

Tras exhibirle el acta realizada durante la visita al hito Cajón, Saavedra señala que "llegamos a la comisaría (tras bajar del lugar de la prueba) y allí vimos los accesorios, que era la pértiga del densímetro y el visualizador remoto (...). Nunca probamos una pértiga en terreno (...). El documento sobre acta de pruebas en terreno es inexacto".

En esa misma línea, Chrystian Urzúa declaró que "el señor Giacoman no llegó con la pértiga para la prueba en terreno. Las bases de licitación exigían que tanto el densímetro como sus accesorios se probaran en terreno". Pese a esto, que no quedó consignado en el acta oficial que se adjuntó al proceso de licitación, Tecnodata de igual forma se adjudicó la venta de los equipos. De hecho, Rodrigo Muñoz, del departamento de Proyectos de la División de Estudios, da cuenta de que la empresa Sid Solutions -que no pudo llegar a San Pedro de Atacama- envió un correo "solicitando una nueva prueba, puede haberlo recibido Felipe Baeza (ex jefe de proyectos y también querellado por el CDE). No sé si le respondió, pero no se hizo una nueva prueba".

El abogado Manuel Cacho reconoció también ante el fiscal la inexactitud del acta. A este último se le solicitó la renuncia por no transparentar que su socio en un estudio jurídico asesora a una empresa que participa de licitaciones del Ministerio del Interior.

Los miembros de la comisión dijeron, además, que se notaba que el dueño de Tecnodata conocía al subcomisario Germán Salinas, evaluador técnico. "Se notaba que se habían visto antes", dijo Urzúa. Mientras, Cacho declaró que "aparentemente Giacoman conocía a alguno de los dos PDI, ya que hizo referencia a un apodo, 'Tuqui'".