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Actualizado el 25/02/2017
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Riroroko versus Chile

Autor: Francisco Siredey E.

A casi dos años del inicio del conflicto en Isla de Pascua por la administración del Parque Nacional, el empresario pascuense Matías Riroroko pasa a la ofensiva. Ya sobreseído de los 10 delitos que se le imputaron en esos días, hoy acusa de arbitrariedad al fiscal de la zona e inicia una escalada legal que pretende llevar hasta la Corte Interamericana de DD.HH.

Riroroko versus Chile

Si hay un hecho concreto es que el rey Simeón Riro Kainga viajó al continente en 1898 y murió apenas algunas semanas después de su llegada. Si fue por envenenamiento o tuberculosis no está claro y depende de quién cuente la historia, ya que no existe una versión que genere consenso entre los historiadores de Isla de Pascua. La mayoría cree que el monarca se embarcó voluntariamente a Valparaíso para lograr una audiencia con el Presidente de Chile, Federico Errázuriz Echaurren, en la que pudiera contarle las penurias que pasaba el pueblo rapanui bajo el mando del empresario ganadero Enrique Merlet, arrendatario de la isla. Otros creen que el rey Riro fue raptado por la Armada para descabezar un eventual movimiento rebelde.

Si hay otro hecho fehaciente es que los restos del rey Riro regresaron a la Isla de Pascua en mayo de 2006, junto a una comitiva liderada por la Presidenta Michelle Bachelet y fueron enterrados en la plaza ubicada frente a la gobernación, donde se erigió un pequeño monumento en su honor. Muchas de las protestas de los habitantes de la isla se realizan ahí.

Un tercer hecho es que el empresario hotelero Matías Riroroko Pakomio (74) es descendiente del rey Riro. Tal como supuestamente hizo su antepasado hace casi 120 años, Riroroko protestará por el supuesto maltrato de la autoridad chilena con una acción legal que es solo el inicio de un camino hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Lo hará a título personal, por lo que considera fue una injusticia en su contra, pero la decisión fue tomada pensando en sus implicancias políticas más amplias. “Isla de Pascua debería descolonizarse de Chile”, afirma Riroroko.

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Cuando se inició la ocupación del Parque Nacional de la Isla de Pascua, a fines de marzo de 2015, una agrupación denominada Parlamento Rapa Nui tomó la bandera de lucha. Su objetivo era reemplazar el trabajo de Conaf en los sitios arqueológicos para así administrar los más de $ 1.300 millones que los turistas pagan anualmente como entrada a la isla. El dueño del Hotel Iorana, Matías Riroroko, no formaba parte de la agrupación, pero era cercano a ella. Después de todo, el Parlamento creado en 2001 continuaba la línea crítica del “Consejo de Ancianos 2”, un grupo de jefes de clanes históricos de la isla que se había escindido del “Consejo de Ancianos” original por diferencias con su líder, el PPD Alberto Hotus, quien desde el retorno a la democracia, en 1990, ha tendido a alinearse con el continente.

La toma de sitios ancestrales y el cobro de entradas informales no podían sino ser considerados como un delito por las autoridades. El Parlamento lo veía de otra manera: la tierra de la isla era de los rapanui, no de Chile. A su modo de ver, el origen del trato con el continente tiene un vicio, pues el rey Atamu Tekena nunca entregó el pleno control de la tierra al capitán de corbeta Policarpo Toro en el llamado Acuerdo de Voluntades de 1888, cuando comenzó la soberanía chilena en Isla de Pascua.

Riroroko estaba visitando uno de sus hoteles en Cusco, Perú, cuando comenzaron las tomas, en marzo de 2015. Tanto él como su familia las apoyaron como una medida efectiva de presión al gobierno. Transcurrieron cinco meses de ocupación, durante los cuales la fiscalía local recibió diversas denuncias por la imposibilidad de circular libremente por la isla, hasta que el Parlamento decidió vender sus propios tickets de ingreso a partir del 15 de agosto de 2015. Se fijaron precios de $ 30 mil para turistas extranjeros; $ 15 mil para turistas nacionales y $ 5 mil para niños. Como simpatizante del movimiento, la esposa de Riroroko, Valeria Hey, fue convocada a ayudar con la recaudación. El 15 de agosto, a las 11.15 de la mañana, la fiscal suplente María Cecilia Valdebenito fue autorizada verbalmente por el tribunal isleño para allanar la sede del Parlamento y concurrió hasta allá junto a un pequeño contingente de ambas policías para requisar el dinero y la evidencia. Como no había una autorización escrita, la reacción de los miembros del Parlamento fue hostil. Los ánimos estaban caldeados. Dos de sus líderes, Leviante Araki y Mario Tuki, ya habían sido detenidos en otros puntos de la isla por la ocupación ilegal de los sitios ancestrales. “Una persona me llamó y me dijo que mi señora y mi hija estaban allá, que estaba todo lleno de carabineros, que se las iban a llevar presas. Ahí me dio rabia y partí para allá”, cuenta Riroroko.

Existen distintas versiones respecto de la gravedad de los incidentes ocurridos en la sede del Parlamento Rapa Nui durante el allanamiento, aunque posteriormente la justicia terminaría por restarle importancia. De acuerdo a las primeras imputaciones de la fiscalía, Riroroko, además de estar involucrado directamente en la recaudación del dinero de los boletos a través de su esposa, habría amenazado a la fiscal Valdebenito e insultado y empujado a los efectivos de las policías. “Vamos a seguir cobrando hoy día, mañana y toda la vida, porque somos dueños de esto”, gritó Riroroko. Finalmente, el allanamiento fue abortado por las autoridades, quienes optaron por no usar la fuerza en la diligencia.

Doce días después, Riroroko viajó a Santiago para tomar una conexión a Perú. Cuando llegó a Pudahuel, cerca de la medianoche, fue detenido por la PDI, que tenía en su poder una orden emitida por la jueza María Fernanda Cornejo, del Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua. Se le imputaban 10 delitos: asociación ilícita, atentados y amenazas contra la autoridad, desacato, obstrucción a la investigación, estafa, exacciones ilegales, desórdenes en espectáculos públicos, falta de respeto a la autoridad, amenaza a un fiscal y colocación de barreras en la vía pública. Sus documentos fueron requisados y Riroroko no pudo recuperar su equipaje, que contenía varios de sus medicamentos para el asma y el sistema circulatorio. También se enteró de que su hija Elisabet estaba detenida en Isla de Pascua por los mismos cargos.

El empresario pascuense no durmió esa noche. Los traslados no se lo permitieron: primero al hospital, para constatar lesiones, y luego de regreso al aeropuerto. Le dolían las muñecas por lo apretadas que le habían puesto las esposas. A la mañana siguiente, tras la audiencia de control de detención, lo llevaron a Santiago Uno, donde declara haber pasado algunos de los peores momentos de su vida. “La gente que está ahí es delincuente. Me pasaron cosas desagradables que ningún rapanui conoce”, comenta Riroroko, quien tres días después fue trasladado de vuelta a Isla de Pascua.

El avión llegó a Hanga Roa a medianoche. Riroroko fue llevado inmediatamente al tribunal para su audiencia de formalización, que se extendió hasta las 3.44 de la madrugada. Después de haber pasado varios días en la cárcel y luego de un largo vuelo, el empresario lo entendió como ensañamiento, aunque la fiscalía defendió el horario de la audiencia esgrimiendo el vencimiento del plazo de detención dictado en Santiago. En presencia de la jueza María Fernanda Cornejo Sandoval, el fiscal titular de Isla de Pascua, Raúl Ochoa, y su improvisado defensor público, Juan Pablo Moreno, Riroroko se mostró rebelde. Cuando le pidieron identificarse al inicio de la audiencia, aprovechó para atacar.

-Voy a decir “sin documentos”, porque no tengo mis documentos. Señor magistrado (sic), yo exijo mis derechos. Cumplí 21 horas preso, torturándome en Santiago. Tengo dos opciones: o me dejan ir a mi casa o me llevan preso, porque aquí no voy a hablar nada -dijo.

Durante la turbulenta audiencia, el fiscal Ochoa comparó el bloqueo de los sitios ancestrales a los turistas occidentales con las políticas racistas de la Alemania Nazi. Riroroko lo interrumpió en más de una ocasión y se llevó una multa de 5 UTM. La jueza Cornejo decidió dejarlo en prisión preventiva.

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Luego de diversas escaramuzas en la Corte de Valparaíso por las medidas cautelares, la fiscalía comunicó la decisión de no perseverar en la investigación el 8 de abril de 2016. Dos cargos (asociación ilícita y obstrucción a la justicia) ya habían sido desechados en una reformalización, pero quedaban otros ocho. Para ese entonces, el gobierno ya se había manifestado abierto a entregarle la administración total del Parque Nacional a la corporación Mau Henua, formada por los jefes de las familias tradicionales de la isla.

Algunos meses después, en septiembre de 2016, el defensor de Riroroko, Aldo Díaz, pidió el sobreseimiento definitivo. Ochoa se opuso, argumentando que ambas partes habían llegado a un acuerdo.“El señor Matías fue a mi oficina y en esa oportunidad se habló con él de que por razones que iban en relación con la paz social, tranquilizar las cosas en la isla y en las negociaciones con el Estado, se solicitara la decisión de no perseverar. El abogado que lo representaba (…) se comprometía a no pedir el sobreseimiento”, dijo el fiscal durante la audiencia de sobreseimiento del 13 de septiembre. Riroroko desconoce este acuerdo, pero reconoce que tuvo una conversación con Ochoa. “Me dijo que hizo bien en detenerme, porque cuando eso ocurrió estuvo más tranquila la isla. Yo le dije: ‘Tú crees que hiciste bien, pero le hiciste un daño al país, porque mi caso salió en Australia y EE.UU., por la toma del parque y lo que hicieron conmigo’”, comenta el empresario.

Aunque Ochoa volvió a mostrar algunos de los antecedentes que sustentaban su investigación, como un cheque por $ 200 mil depositado por esos días en la cuenta de Valeria Hey, la mujer de Riroroko, para el magistrado lo único importante era el acto procesal de no perseverar, el reconocimiento de que el Ministerio Público no tenía antecedentes suficientes para acusar a Riroroko y llevarlo a un juicio.

El juez Bernardo Toro -la jueza Cornejo había dejado su cargo tras conocerse que su esposo trabajaba para Conaf en el continente- sobreseyó a Riroroko de todos los cargos y desestimó los argumentos entregados por Ochoa respecto del supuesto acuerdo para no perseverar. “Se me trató de forma arbitraria e injusta. La prueba es que tanto en Isla de Pascua como en Valparaíso dijeron que yo soy inocente”, dice el empresario.

Con el sobreseimiento de todos los cargos y apoyado en un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que habla de una acción “desproporcionada” de la justicia, de la aplicación inadecuada de la prisión preventiva y de haber soslayado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, Riroroko tuvo la base para comenzar a construir una ofensiva legal contra el Estado de Chile por haber actuado arbitrariamente en su contra y haber pasado a llevar sus derechos humanos. “Pensaban que podían hacer lo que querían, pero afortunadamente tengo los medios; sin ser rico, tengo la plata para defenderme”, dice.

El primer paso fue un reclamo a la Fiscalía Regional de Valparaíso, que fue “analizado y resuelto en octubre de 2015, ocasión en la que se desechó el reclamo, pues, conforme al tenor de los antecedentes tenidos a la vista, no se advirtió que la formalización señalada revistiere caracteres de arbitraria”, según comunicaron desde esa sede jurisdiccional del Ministerio Público. Luego, Riroroko abordó directamente al entonces nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, a quien personalmente entregó una carta firmada por 400 personas para reclamar por la actuación de Ochoa durante el conflicto con Conaf. El siguiente paso lo dará esta semana, con un reclamo que será presentado por su abogado, Ciro Colombara, en la Fiscalía Nacional. Posteriormente, se interpondrán nuevos recursos, hasta llegar -eventualmente- a la Corte Interamericana de DD.HH.

“Quiero seguir con esto para demostrar mi inocencia total. Yo quiero llegar a una demanda contra el Estado. No puede ser que toda la vida nos maltraten así. La isla no se entregó voluntariamente a Chile para que llegáramos a esto”, asegura Riroroko, quien, pese a su escepticismo respecto de Chile, no es partidario de la independencia total. “No quiero irme de Chile. Hay muchos casos de personas que tienen negocios en el continente. Lo que no puede ser es que se haga una ley en el continente y sea para todo Chile, cuando acá tenemos otra realidad que no tiene nada que ver. Hay que volver a negociar con Chile”, agrega. Tal como su antepasado, el rey Riro, lo que el empresario exige es un nuevo trato.

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