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Actualizado el 22/06/2015
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Peligros para la libertad de expresión

Autor: La Tercera

Es incompatible con esta garantía que se otorgue al Estado la facultad de autorizar la apertura de medios de prensa o disponer su cierre discrecionalmente.

LA ASOCIACION Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a más de cien medios escritos en todo el país, ha manifestado su profunda preocupación ante el poder Ejecutivo y el Legislativo, respecto del proyecto de ley que pretende facultar al Estado a disponer el cierre de un medio de prensa como sanción, en caso que no se cumplan las nuevas regulaciones sobre reciclaje productivo, así como requerir de la misma decisión estatal para cualquier apertura de un medio. La ANP ha dejado en claro de igual manera que comparte la finalidad de profundizar los esfuerzos en materia de reciclaje, dando cuenta de los esfuerzos que hoy realizan las empresas periodísticas en todo el país en ese sentido y que exhiben notables resultados de acuerdo a los estándares existentes.

Uno de los elementos esenciales de la libertad de expresión es que la creación y operación de los medios de prensa no quede sujeta a la decisión discrecional de la autoridad administrativa o del poder político, estándar que es reconocido universalmente como parte fundamental del estado de derecho y de las bases de una sana democracia. El peligro que existe es que cuando el gobierno de turno sienta en la prensa un enemigo a vencer, recurra a este tipo de facultades y las ejerza en forma mañosa o como una forma de controlar la disidencia a la línea oficial. Es evidente el interés que tendrían muchos de los gobiernos del eje bolivariano en contar con una facultad de este tipo, para facilitar el ejercicio de las presiones que sistemáticamente han intentado aplicar sobre la prensa que no sigue pautas oficialistas.

El proyecto de ley en cuestión fue presentado durante la anterior administración e impulsado entusiastamente durante la actual, y contiene un conjunto de regulaciones que pretenden que el productor de determinados bienes y servicios se haga responsable del reciclaje de los elementos que forman parte de su producción y que constituirán elementos de desecho luego de su consumo. Se trata de una finalidad muy positiva y que forma parte de los esfuerzos que se deben realizar para la protección del medio ambiente, pero su regulación específica requiere de la rigurosidad técnica y de la prudencia jurídica que evite una carga excesiva sobre las actividades que afecta, o que ponga en peligro otras garantías constitucionales. Precisamente esto último es lo que ocurre cuando en el proyecto se faculta al Estado a cerrar un periódico o una revista cuando, a su juicio, no se han cumplido las exigencias de reciclaje planteadas, o a requerir una autorización especial para la apertura de un medio escrito, lo que constituye una forma de “censura previa” contraria al artículo 19 nº 12 de la Constitución, a la Ley Nº 19.733 sobre “Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo” y a tratados internacionales celebrados y ratificados por Chile en la materia.

El Poder Legislativo debería eliminar estas normas del proyecto de ley, como primer paso, y luego revisar en profundidad el resto de su contenido, ya que se le han formulado reparos de fondo a la forma como busca promover el reciclaje, generando costos desproporcionados e introduciendo una burocracia más allá de todo lo razonable. Así lo recomienda, además, la experiencia comparada de países como Alemania, Francia u Holanda, donde ha sido posible cumplir con este objetivo sin afectar la libertad de prensa de esta forma.

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