PC repactó condiciones de pago por venta de bienes ante dificultades de comprador

Después de la venta que el PC concretó en 2016 sobre un porcentaje de sus propiedades -para ajustarse a la nueva ley de partidos que solo permite a las colectividades destinar un tercio de sus inmuebles a actividades económicas- se otorgaron facilidades para que el comprador pudiera cumplir con sus compromisos de pago.

El contrato de compraventa original está fechado el 3 de octubre de 2016 y en él se establece que Inversiones Progresa SpA -constituida por un militante del PC y representada por un miembro de su comité central- debería cancelar por las acciones de la sociedad que administraba las propiedades del partido un total $ 3.086.880.555, pagaderos en 142 cuotas mensuales de 650 UF (unos $ 17,2 millones) desde la firma del contrato, más un pago único y especial de 25.234 UF (unos $ 670 millones), a cancelar en un plazo de 90 días hábiles.

Un mes después de esa transacción, el 5 de noviembre de 2016, las condiciones de pago fueron flexibilizadas mediante una repactación de deuda, que se protocolizó notarialmente el 20 de marzo de este año.

En representación del PC, su presidente, Guillermo Teillier, acordó con Inversiones Progresa SpA dejar en 300 días hábiles, a contar de la firma del contrato original, el plazo para pagar la cuota especial de $ 671 millones. En la práctica, la modificación al convenio permitió diferir el pago de esa cuota especial desde enero de 2017 hasta fines del presente año.

En la misma repactación, se acordó que las 142 cuotas mensuales -de unos $ 17,2 millones- comenzaran a ser pagadas en febrero de 2017 y no de forma inmediata a la firma del contrato celebrado en octubre del año anterior.

Según se lee en el contrato de repactación, "conforme a los estudios y revisiones realizadas por las partes, que dan cuenta de la efectividad de las dificultades, tanto administrativas como económicas para su íntegro cumplimiento, vienen en modificar la fecha de los pagos".

El acuerdo fue celebrado por Teillier y Ricardo Solé en su calidad de representante legal de Inversiones Progreso SpA, quien, además, es integrante del comité central del partido y jugó un activo rol en el proceso de refichaje reciente.

En tanto, por acuerdo de las partes, la protocolización ante notario fue realizada por el abogado PC y ex embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras Mella.

La vinculación de la sociedad que compró las propiedades del PC con militantes y dirigentes del partido fue cuestionada desde la oposición, donde se advirtió la posibilidad de que la colectividad hubiese recurrido a un "palo blanco".

El martes, el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Felipe Ward, dijo que "esto parece un contrato simulado" y anunció que recurriría al Servel para estampar una denuncia.

Pese a la ofensiva contra la operación, el partido ha defendido la legalidad de la transacción. El PC destacó que la decisión de vender a Inversiones Progreso SpA se encuentra dentro sus facultades de "escoger al mejor comprador, según los propósitos fijados por nosotros". En este sentido, se argumentó que se buscaron compradores que no estuviesen involucrados en operaciones de especulación económica ni que pertenecieran a grupo económicos.

También se señaló que el hecho de que la administración de la sociedad estuviese en manos de un alto dirigente "no tiene ninguna relevancia", pues -se agregó- el partido no opina en cómo los nuevos dueños manejan sus inversiones, siendo su única preocupación el cumplimiento de los pagos acordados.