El concesionario del Aeropuerto de Santiago (AMB), Nuevo Pudahuel, decidió llevar a arbitraje al Ministerio de Obras Públicas. Esto, en el marco del conflicto que mantienen ambos por las tarifas de los servicios al interior del terminal aéreo capitalino.
Esta semana, el MOP fue notificado de la demanda presentada por Nuevo Pudahuel -ligada a las francesas Aéroports de Paris (45%) y Vinci (40%), y a la italiana Astaldi (15%)- la que busca resolver las diferencias entre ambos. Según la ley y el contrato de concesión vigente, ante diferencias de este tipo las partes deben acudir a una Comisión Arbitral, instancia que en este caso en particular es presidida por el abogado Juan Pablo Román Rodríguez.
La nueva arremetida del concesionario se produce luego de que en julio recién pasado, el MOP sufriera un duro revés ante el Panel Técnico de Concesiones. La diferencia entre ambos se produjo en torno a si las tarifas máximas de los servicios que se encuentran regulados en el terminal ya contaban con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o si dicho cobro se debe entender como un recargo por sobre el precio fijado en las bases de la licitación.
El dictamen
De acuerdo con la resolución, el Panel Técnico de Concesiones señaló que, a su juicio, los precios de los servicios aéreos efectivamente forman parte de los ingresos del concesionario por el hecho de explotar dichos servicios, y que las tarifas que están sujetas al Impuesto al Valor Agregado, máximas o no, no incluyen dicho gravamen.
Las diferencias entre el MOP y la concesionaria surgieron antes de que esta asumiera la gestión del terminal, cuando en septiembre de 2015 se publicaron las tarifas de los servicios regulados que se prestarían a los usuarios desde octubre de ese año y hasta 2016. Ante lo ocurrido, el inspector fiscal anunció a la concesionaria que "sus precios informados presentaban un cargo de IVA que resulta improcedente en el marco de la presente contratación".
Sin embargo, en enero de este año Nuevo Pudahuel rechazó esa comunicación por medio de un recurso de reposición, que a su vez fue rechazado por el organismo regulador. El conflicto siguió su curso ante la Dirección General de Obras Públicas, que respaldó la posición del MOP.
Finalmente, el Panel Técnico de Concesiones emitió una recomendación contra el MOP, pero la palabra final la tendrá la Comisión Arbitral. Es precisamente todo este conflicto el que derivó en el arbitraje recientemente iniciado.
La Tercera contactó a las partes en pugna. Desde Nuevo Pudahuel declinaron efectuar comentarios, aunque sí admitieron que el proceso sigue abierto. De igual forma, la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas rechazó referirse a este tema.