La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó una "ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia", que castigará con penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover delitos de esa naturaleza. Asimismo, existen penas dirigidas a los medios de comunicación. Será sancionado, por ejemplo, el prestador de servicio de radio o televisión que entregue mensajes que "constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso o político".
Este hecho no hace más que evidenciar que el régimen de Maduro ha avanzado sostenidamente en copar todos los espacios de poder y sofocar las voces disidentes. La violencia contra los medios y la proliferación de este tipo de leyes no hacen más que reflejar los impedimentos que existen en ese país para el ejercicio real de la libertad de expresión y la actividad periodística independiente.
Prueba de ello es el registro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela, según el cual al menos 49 medios de comunicación fueron cerrados en ese país en 2017, y la declaración pública de la Sociedad Interamericana de la Prensa, según la cual con esta nueva legislación el gobierno venezolano "multiplica los mecanismos de censura contra la prensa."
Esta nueva restricción solo terminará contribuyendo a que se generen mayores reacciones violentas que agraven la ya delicada situación de Venezuela.