Medidas anunciadas ponen presión al Fisco en medio de desaceleración

Traspaso de trabajadores públicos a honorarios a contrata y eliminación del 5% en salud de jubilados son parte del mayor costo.




La ecuación final no le cuadra al mercado. Si bien a nivel de economistas se valoran algunos de los anuncios efectuados por la Presidenta Miche-lle Bachelet, también advierten que para cumplir los compromisos no hay plata.

Y es que el crecimiento económico durante la actual administración con esfuerzo alcanzará el 3% (1,9% en 2014; 2,7% este año; 3,5% el próximo y 3,7% en 2017, según la última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central).

A ello se suma la dificultad de lograr la meta de volver al balance estructural en 2018, como planteaba el programa de gobierno, en un escenario con el precio del cobre a la baja y donde la inversión prácticamente completó siete trimestres en rojo, el mayor ciclo de los últimos 35 años.

Esa es la foto de la economía hoy y a este panorama se suma la presión de los anuncios.

La Mandataria se comprometió a que al término de su gestión no habrá trabajadores desempeñando funciones permanentes en el gobierno central a honorarios (estos últimos superan los 36.000). En una primera etapa se traspasarán 8.800 funcionarios a la modalidad de contrata.

El investigador de LyD Sergio Morales advierte que se trata de una medida muy costosa para el Fisco y para dimensionarla aún falta por saber si los cálculos se harán sobre los ingresos brutos o líquidos de estos trabajadores. Como a los funcionarios a honorarios no se les paga la seguridad social, el alza al menos debiera ser de 20%.

Morales suma otra complejidad. Hay que cambiar la Ley de Estatuto Administrativo para este traspaso, pues allí se establece que el 20% del personal puede tener este carácter. A su juicio, lo realmente necesario es cambiar el estatuto administrativo y acercar al sector público más al trato que se da en el Código del Trabajo con algunas salvedades.

El presidente de la Anef, Raúl de la Puente, valoró el anuncio, pero advirtió que aún falta clarificar el futuro de los más de 100 mil trabajadores a honorarios que no forman parte del gobierno central (municipales).

La Presidenta también dijo que se enviará un proyecto de ley para garantizar a todos los pensionados del Sistema de Pensiones Solidarias el acceso a una cuota mortuoria o prestación por muerte. El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, valoró este anuncio, pues él trabajó en su elaboración siendo subsecretario de Previsión Social. No obstante, advirtió que "implica una carga al erario público muy importante".

A ello se suma que con una gradualidad de dos años, a 340 mil pensionados que cumplen con el requisito de ser mayores de 65 años se les eliminará la cotización de 5% en salud, la que será de cargo del Estado.

"Me queda la preocupación que cuando se habla de estos beneficios hay que pensar cómo financiarlos. Se requiere que haya generación de empleo, crecimiento económico, utilidades para que haya impuestos que puedan financiar todos estos beneficios. Por lo tanto, creo que en el futuro es muy importante también poner el énfasis en el desarrollo y  crecimiento económico", dijo Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de AFP.

Susana Jiménez, experta de LyD, advierte, además, que falta por conocer el detalle que tendrá la reforma al sistema de pensiones y su eventual impacto en el mercado.

Más recursos 

También irrogarán gastos las medidas asociadas a los temas de educación, que de acuerdo con la Jefa de Estado debieran ser cubiertos con la reforma tributaria, cuya recaudación se estimó en US$ 8.300 millones. Sin embargo, varios expertos han planteado sus dudas con el logro de la meta dado el bajo crecimiento económico proyectado para los años que restan.

Dentro del paquete de medidas, Bachelet también recordó aquellas con las que busca paliar la sequía, que este año implicarán $ 105 mil millones. No obstante, el mayor costo los tendrán las plantas desaladoras.

Aunque aún están en la etapa de anuncios, la creación de los ministerios de Ciencia y Tecnología y el de Asuntos Indígenas, sumados a algunas subsecretarías, también implicarán gastos en infraestructura y personal.

"Estamos viendo que se van a crear leyes considerando gastos permanentes en un escenario en que el PIB no crecerá en la misma magnitud", advirtió Morales, de LyD.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, puso el acento en la necesidad de "expandir la capacidad de crecimiento de la economía", pues el gasto fiscal, que este año crecerá 9,8%, ya hizo su tarea.

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