Los principales problemas con contratos de obras públicas que detectó Contraloría entre 2012 y 2015

Contralor Jorge Bermudes

Errores de cálculo, mala planificación, pagos antes de que se terminen los proyectos y contratación de personal no calificado son algunos de los problemas que el ente fiscalizador encontró en las obras financiadas con dinero del estado.




El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, presentó la mañana de este lunes un estudio con las observaciones más relevantes de las fiscalizaciones realizadas a la ejecución de contratos de obras públicas entre 2012 y 2015.

Finalizando la cita, el contralor pidió que la plata "se utilice para lo que se dijo y no para botarla a la basura" además pidió a las autoridades que se haga caso de este estudio y no "lo echen al saco roto".

El documento presenta datos sobre las observaciones de la contraloría al momento de fiscalizar 2.291 contratos de obras públicas. De estos, 907 fueron objetados por el organismo, lo que significa que cuatro de cada diez contratos presenta problemas.

Los sectores que presentaban más observaciones en relación a los contratos fiscalizados son: Salud con 51%, el Serviu con 46%, las municipalidades con 39% y el MOP con 34%. Lo que según la contraloría es "un número significativo".

De los contratos objetados, 528 son por incumplimiento de las normativas técnicas, esto es por faltas a las normativas particulares de cada contrato o por faltas a leyes que son transversales, como las ordenanzas municipales o normas de obras públicas, lo que al final se refleja en la calidad y viabilidad de la obra.

232 fueron contratos pagados con anticipación a la completa ejecución de la obra, lo que en muchos casos terminó con la obra incompleta o entregada con muy baja calidad.

Otros fueron cuestionados por problemas de diseño, que desencadenaron problemas durante la construcción como demoliciones y nuevos estudios.

Los problemas que le trae esto al país tienen que ver con el mayor costo de los proyectos en relación a lo estimado al momento de diseñar, como el Puente Bicentenario, que tenía un valor inicial de $35 mil millones, pero por incumplimiento de contrato, se le debieron inyectar $28 mil millones extra.

También trae problemas a la ciudadanía al momento de no poder entregar los servicios prometidos, un ejemplo de esto es el puente de Cau Cau, que por faltas en la rigurosidad al contratar a personal con menos experiencia que la que se requería, se cometieron errores que terminaron con el puente ensamblado al revés.

Las obras no se terminan en los plazos establecidos, como el Hospital de Calama, que se comenzó a construir en julio de 2010, con un plazo de 657 días y que hoy, 3.221 días después, sigue en construcción.

Estos problemas son causados por una planificación deficiente y ambigua de las bases de los contratos, mal uso de antecedentes técnicos, legales y financieros. Proyectos que no cuentan con asesorías, fallas en la ejecución y la poca fiscalización.

Para mejorar la calidad de vida de los chilenos y no malgastar los fondos públicos, la contraloría pidió a los contratistas que sean más rigurosos a la hora de planificar y ejecutar las obras públicas, estandarizando los contratos y contratando a las personas calificadas para cada puesto.

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