Las nuevas pistas de la fiscalía que apuntan al general (R) Gordon

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El general (R) Eduardo Gordon tras ser formalizado en marzo pasado.

Ministerio Público pidió antecedentes sobre pensión de la exautoridad de Carabineros, dineros recibidos de la Mutualidad y documentos que vincularían a su esposa.




Una serie de diligencias ordenó el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, al jefe del OS-7, en el marco del caso del millonario fraude en Carabineros. Las pesquisas apuntan a verificar, según el oficio N° 56/2018, "antecedentes allegados a esta investigación que guardan relación con el ciudadano Eduardo Gregorio Gordon Valcárcel", exgeneral director de la policía uniformada.

Las diligencias podrían abrir un nuevo escenario judicial para Gordon, quien en marzo fue formalizado por malversación de caudales públicos, ligados a un presunto préstamo irregular de $ 21 millones.

Una de las instrucciones que impartió el fiscal Campos fue que la policía concurra al Edificio Norambuena de Carabineros, en pleno centro de Santiago, "y se indague la existencia material de la denominada 'carpeta del ar- tículo sexto' que existiría en algún departamento de custodia de dicho edificio".

La solicitud surge luego de que en enero pasado la exfuncionaria del Departamento de Finanzas Pamela Castillo declarara que en 2015 abrió una caja fuerte por orden del comandante Héctor Nail, para "custodiar información contable relativa al artículo sexto en relación a la esposa de mi general Gordon, de nombre Pilar (...). Asumí que se refería a la información de los peces gordos y que debía ser custodiada en las cajas de seguridad". Castillo agregó que "no era un legajo grande, de unas 20 o 30 hojas", y que tiempo después lo "devolví a custodia de contabilidad en (el Edificio) Norambuena".

El artículo sexto es una norma que faculta a la policía a pagar asignaciones a empleados civiles. Desde 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago comenzó a acoger una serie de demandas que respaldaron la entrega de estas asignaciones al personal civil.

En este grupo habría estado la esposa del general (R) Gordon, quien también es blanco de diligencias: "Se indague si la ciudadana María del Pilar Orduña (...) desde y hasta cuando cumplió funciones en la Dirección de Personal de Carabineros, informándose, además, monto de desahucio, los montos de remuneraciones pagadas por la institución. Informar si dicha ciudadana después de haber cumplido funciones en Carabineros ejerce algún tipo de actividad remunerada", ordenó Campos.

El oficio pide, además, recabar información sobre la jubilación de Gordon, informando si posee "alguna incapacidad de segunda clase, respecto de las pensiones que recibiría el ciudadano Gordon Valcárcel a partir de enero de 2010 a diciembre de 2016. Particularmente, obtener antecedentes respecto del monto mensual de pensión percibida, el monto de desahucio y los depósitos", indicó.

La fiscalía solicitó, además, que el OS-7 "indague en la Mutualidad de Carabineros si Gordon de 2010 a 2016 figura con alguna actividad remunerada en dicha entidad. Indagar montos y por qué conceptos".

Al respecto, el abogado de Gordon, Leonardo Battaglia, dijo a La Tercera que "creo que el fiscal está agotando la investigación. En las pensiones que ha recibido no ha habido ninguna clase de ilegalidad, por lo que todo lo que se pueda indagar respecto de la materia no va a dar pie para nuevas formalizaciones".

Battaglia agregó que "lo que dice relación con el artículo sexto son gestiones judiciales que dieron origen a resoluciones por parte de los tribunales y que Carabineros terminó acatando. No hubo un privilegio para nadie, se siguieron los cursos normales y se procedió respecto de la cónyuge del general Gordon, como se procedió respecto de otros funcionarios de Carabineros que reclamaron en los mismos términos y que obtuvieron los mismos beneficios que les fueron reconocidos por sentencia judicial".

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