La Región de Aysén vuelve a las calles

En la zona, una de cada cinco personas trabaja en el sector público. Por eso, la exigencia de la nivelación de salarios se anuncia con fuerza a partir de mañana.




El 7 de febrero de 2012, un pequeño grupo de pescadores se tomaba el Puente Presidente Ibáñez, en Puerto Aysén. Días después, otro grupo se tomó el aeropuerto de Melinka, exigiendo un incremento de las cuotas de pesca. Las acciones, junto a las demandas, fueron creciendo como una bola de nieve, terminando en uno de los más importantes conflictos sociales del sur del país.

Dentro de ese petitorio estaba la nivelación de sueldos por zona, una demanda que hoy vuelve a despertar a la Patagonia.

A partir de mañana, el sector público de la región iniciará un paro indefinido que pretende convocar a gran parte de los cerca de ocho mil funcionarios públicos. La movilización responde a una petición de 24 años, originada tras la modificación a la base de cálculo resuelta en el inicio del gobierno del régimen militar, que significó la disminución en el pago de asignación de zona remota a gran parte del sector.

Según la Anef regional, hoy existe una diferencia de 60% hasta 100% en los salarios entre los trabajadores dependientes del Estado en la región, lo que mantiene en situación ventajosa a representantes de las FF.AA., el sector judicial, BancoEstado y médicos. "Ellos ganan el doble de lo que está ganando alguien de la Anef o funcionario municipal en cuanto a la zona. Este es un paro de reivindicación histórica de los funcionarios públicos y de igualdad ante la ley, por esto pedimos comprensión a la comunidad", afirmó Jessica Almonacid, presidenta de la Anef regional. "En este minuto contamos con un 95% de adhesión de todos quienes integran la mesa del sector público", agregó.

Pero ¿qué diferencia esta movilización de otras que han hecho funcionarios del sector público en otras regiones?

Según proyecciones sectoriales, el total de ocupados en Aysén asciende a 54 mil personas, de las cuales un 78,7% correspondería al sector privado y un 21,3% al público. No obstante, la administración pública posee la más alta incidencia por actividad en el PIB regional, según registros del Banco Central.

Entre los servicios que podrían verse afectados a partir del lunes se encuentran el de pago de permisos de circulación, Operación Renta en SII y postulación a becas Junaeb, entre otros. En el caso del Servicio de Salud se ha determinado la atención de pacientes críticos.

"Lo que ha habido siempre son promesas de campaña de los candidatos cuando nos visitan. Por eso, para levantar la paralización de actividades pedimos finalmente un protocolo de acuerdo firmado por el ministro de Hacienda y el ministro del Interior en la región y que se empiece a pagar desde 2016 la nivelación de la zona", aseveró la presidenta de la Anef local.

"La discriminación se da en que a todos los otros colegas, como los del Poder Judicial y médicos, por ejemplo, se les calcula la zona sobre todo lo que ganan, y a nosotros, que nos regimos por la Escala Unica de Sueldo, nos calculan solamente el sueldo base, que es una porción pequeñita dentro de nuestro salario", afirmó Marisol Vidal, dirigente de Fenpruss, gremio que reúne a los profesionales de la salud en la región. "Las brechas son enormes. Por ejemplo, los asistentes de educación, que también son trabajadores públicos, no reciben nada de zona", agregó.

De acuerdo a evaluaciones de la Anef, el costo anual para solventar la nivelación de zona asciende a unos $ 28 mil millones anuales. Este 2015 el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional sobrepasará los $ 40 mil millones, sin embargo, a esta cifra deben agregarse $ 10 mil millones provenientes del Plan de Zonas Extremas. "Aysén posee demandas históricas, y entre éstas debe ser prioridad acoger la nivelación de zona. Esta solución debe provenir del gobierno sin comprometer recursos del FNDR", sostuvo Miguel Angel Calisto, presidente del Consejo Regional de Aysén.

"Al aislamiento de los trabajadores de Aysén se suma el altísimo costo de vida, la carencia de universidad, de especialistas en salud, lo que obliga a salir de la región en ocasiones por temas médicos. Además, está la soberanía que ejercemos como funcionarios públicos de una región muy extensa en territorio", agregó un funcionario público que pidió reserva de su nombre.

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