La historia detrás del prófugo que hirió a gendarme en San Bernardo

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Ayer huyó de Tribunales Leonardo Azagra de 25 años, tras quitarle el arma a un gendarme y tomar un juez como rehén. Su extenso prontuario y sus acciones de ayer ponen en duda las medidas de seguridad en Tribunales.




Leonardo Andrés Azagra Valdivia, de 25 años era traslado por un gendarme desde la cárcel de Colina al Tribunal de Garantía de San Bernardo. Ya al interior del recinto judicial, Azagra solicitó permiso para ir al baño, por lo que el gendarme a su cargo soltó una de esposas.

De un segundo a otro el reo, saca un cuchillo de entre medio de su ropa y ataca al gendarme a su cargo. Le hizo un corte en la cara y le quitó su arma de servicio que estaba cargada. Luego, ingresó a una de las salas de audiencia y tomó como rehén a al juez Sergio Henríquez.

El juez, amenazado, fue arrastrado por Azagra a las afueras de Tribunales mientras era usado como escudo humano. Una vez en la calle, le robó a un colectivero su vehículo para desaparecer del lugar.

Leonardo Azagra, el protagonista de estos hechos, de acuerdo a su prontuario, comenzó a delinquir el 2007, año en que se le imputa el crimen de hurto. Desde allí sus antecedentes continúan, con robo de vehículos, robo con intimidación, receptación (encubrimiento de uno o más delitos), tráfico de drogas, dos cargos por violación y homicidio simple.

El 25 de diciembre del año 2011, Sixta Muños Retamales de 19 años, fue víctima de asesinato a manos de Azagra. El delincuente la llevó hasta el río Maipo y la golpeó reiteradas veces con una piedra en la cabeza hasta que ella murió en el lugar. Cinco días después, en Temuco, Azagra fue capturado y llevado ante la justicia, institución que lo formalizó por homicidio calificado y condenó a 10 años de prisión.

Actualmente se está en busca de este prófugo calificado como 'peligroso' y en paralelo se está desarrollando un sumario administrativo para saber las causas que permitieron que Azagra huyera. Andrés Segovia, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionario Penitenciarios (ANFUP), explicó que se está en etapa de investigación judicial y administrativa para determinar los protocolos de seguridad y recalcó que este no es un hecho aislado.

En agosto de 2011, José Avello y Orlando Paredes, miembros de la banda conocida por robar bancos, 'Los fantasmas'; esperaban la entrega de almuerzos en la zona de calabozos. Cuando llegó el funcionario a entregarles su comida, los reos lo golpearon hasta reducirlo, le quitaron su arma y llaves para luego huir.

Segovia determinó principalmente tres errores que llevaron al desarrollo de estos hechos: "El gendarme se supone que no debería tener el armamento con cargador, lo otro es que debió haber dos funcionarios como mínimo con un reo de alta peligrosidad, tercero cuando se saca la esposa o la grilleta de seguridad de una mano, ahí aprovechan una oportunidad", dijo el gendarme refiriéndose a la fuga de Azagra. "En este caso, eso fue lo que ocurrió y con los resultados que todos sabemos que pudo haber sido mucho más trágico dentro de la espectacularidad que tuvo la evasión, el interno se fue limpio en el sentido que no hirió con el arma de fuego a nadie".

El Vicepresidente de ANFUP dijo que se debe avanzar en materia de seguridad para el traslado de reos, por ejemplo mediante videoconferencias, ya que el procedimiento además de implicar un alto gasto económico (1, 500 dólares), es peligroso considerando los más de 200 mil traslados que se realizan. "Queremos avanzar con respecto a las videoconferencias. Por ejemplo, en otros países de Latinoamérica como Ecuador, Uruguay, Argentina, Perú, donde los reos cuando son situaciones de estas características, se hace por videoconferencia y eso tiene mucho menor costo económico, menos riesgo y son mucho más eficientes", dijo Segovia.

Desde el Poder Judicial en tanto, repudiaron los hechos ocurridos por medio de un comunicado en que el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, declaró: "Es un hecho grave, pero aislado y estamos preocupados de la seguridad e integridad de todos nuestros jueces y funcionarios. Sin perjuicio de eso, reafirmamos nuestro compromiso con la función a la que estamos llamados, de administrar justicia con independencia y celeridad, resguardando los derechos y garantías de todas las personas".

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