La decisión más compleja de la reforma previsional

El esfuerzo está orientado a que la Presidenta Michelle Bachelet dé a conocer los contenidos de la reforma previsional la semana del 31 de julio próximo, cuando se cumple el plazo fijado por la Mandataria para ingresar el proyecto de ley. A 15 días del límite, el equipo técnico a cargo afina los últimos detalles de diseño de los cuatro textos que se ingresarán al Parlamento (ver recuadro). Tres de ellos están casi listos: el que crea el ente autónomo, el que da vida al Fondo Solidario y el que perfecciona el Pilar Solidario.

Sin embargo, el que modifica la regulación de la industria aún no está terminado. Falta por zanjar la fórmula para que las AFP respondan por el desempeño de las inversiones que hacen con los ahorros previsionales de terceros y a cargo de qué se realizará el pago de las comisiones de intermediación (que pagan las administradoras a terceros en Chile o el exterior por gestionar activos).

Es este proyecto el que deberá asumir los cambios a la industria anunciados en el mensaje que realizó la Presidenta Bachelet el 9 de agosto de 2016, ocasión en la que incluso esbozó la eventual devolución de las comisiones cobradas (o una fracción) en caso de rentabilidad negativa de los fondos administrados.

En la misma cadena nacional, la Mandataria también deslizó la posibilidad de buscar más competencia por comisiones vía licitación de parte del stock de afiliados. Esto, sin embargo, no estaría en el proyecto, aseguran personeros que conocen de su elaboración.

En cambio, agregan, sí contempla un mecanismo para permitir la participación de los afiliados en el comité de inversiones de las administradoras, instancia que monitorea que las inversiones efectuadas por cada gestora cumplan con la política definida al respecto por su directorio.

Según fuentes allegadas al equipo técnico, también se potenciará la denominada Comisión de Usuarios (creada en la reforma de 2008), pues en ella radicará la elección de candidatos para integrar la nómina de directores independientes que representan a las AFP en las empresas locales en que han invertido los fondos de pensiones. Se mantendría el proceso de selección, en que un head hunter define ternas de candidatos .

La decisión de la Presidenta Bachelet de obligar a las AFP a asumir el efecto del desempeño de los fondos que arrojen pérdidas -adicional al que ocurre mediante el encaje, correspondiente al 1% del saldo que administran, y que las gestoras están obligadas a invertir de la misma forma que los fondos bajo su tutela- puso en un zapato chino al equipo económico, coinciden en el gabinete y también en la industria.

Si bien durante un tiempo se pensó fijar un benchmark que permita compensar al afiliado en períodos de pérdidas, hoy el staff está centrado en dar con un mecanismo que modifique el actual sistema de comisiones para alinearlo con el rendimiento de los ahorros previsionales, sin generar incentivos que encarezcan la gestión previsional, un alza en la comisión o motiven una inversión más barata o segura.

Así es como el equipo técnico estaría inclinado a que el pago que hace el afiliado a la AFP por gestionar su cuenta de cotización individual obligatoria migre desde la actual comisión fija como porcentaje del sueldo, a una nueva prima que tendrá un componente fijo y otro variable. El ítem fijo corresponderá a un porcentaje del sueldo y el variable se vinculará al desempeño de la gestión de los fondos en un período definido. Se debate entre si esto se medirá en función de 12, 24 o 36 meses.

Pese a que la rentabilidad real de junio pasado, deflactada en UF, fue negativa para los cinco fondos de pensiones, el resultado a 12 y 36 meses fue positivo para todos.

En el mercado de capitales, ejecutivos que conocen del trabajo del equipo económico afirman que si bien el espíritu tras ambas medidas apuntaba a mejores pensiones, alinear comisiones y ahorros administrados en los términos planteados por la Mandataria podría afectar la actual estrategia de inversión de las AFP, motivándolas a privilegiar menores costos y la disminución del riesgo en sus políticas de inversión de los fondos. Esto podría generar retornos más acotados, no pérdidas, pero tampoco alzas significativas en el monto de las pensiones.

Hoy, en la mesa técnica que comparten Hacienda y la Superintendencia de Pensiones coinciden en que establecer un benchmark es complejo, pues esto requeriría identificar los factores para determinar ese valor de referencia e institucionalizar un organismo o grupo técnico abocado a definir los índices e instrumentos que determinarían la referencia y también evaluar su funcionamiento.

En la industria advierten que lo anterior no es sinónimo de éxito. De hecho, precisan que los fondos de cesantía (cuentas individuales y Fondo Solidario) que funcionan con un benchmark, en los últimos 12 meses han obtenido rentabilidades de 2,66% y 5,32%, respectivamente. En cambio, subrayan, los multifondos han rentado entre 4,05% y 15,08% en 12 meses. "Estas medidas, además, sólo profundizarían el efecto manada (el líder apuesta y todos terminan moviéndose en masa)", fustigan las AFP.

Las llamadas comisiones "ocultas" o de intermediación, como las calificó la Presidenta, generan debate. En las últimas semanas, el equipo técnico ha recibido a múltiples actores del mercado financiero local que han realizado estudios sobre el impacto que podría tener un cambio legal a ese componente.

Se ha discutido el que las AFP asuman parte de los costos de las comisiones de intermediación de los instrumentos financieros en el extranjero. Uno de los números que estuvo fuerte fue el de 5%. Aunque el impacto en el mercado financiero sería profundo y, lo más probable, es que genere el fracaso de las nuevas inversiones en activos alternativos, lo que más preocupa en el gobierno es ingresar un porcentaje determinado y que en el Parlamento termine siendo modificado hasta un número ostensiblemente mayor, amplificando los efectos en las decisiones de inversión de las AFP y del mercado.

Por ello, aunque se impulsará total transparencia sobre el costo de este ítem, aún no se define si se traspasará parte de este gasto a las AFP. Durante los últimos días ha sumado adeptos la opción de bajar el límite que se permite pagar por este concepto, algo que hoy regula la Superintendencia de Pensiones, organismo que informa también los montos destinados con este fin por cada gestora.

No obstante, este proyecto de ley alberga más cambios, varios de los cuales probablemente sorprenderán al mercado.