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Actualizado el 24/03/2013
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La comparación requiere rigurosidad

Autor: Felipe Harboe

La disminución del delito depende mucho más del trabajo conjunto de varias instituciones que de una autoridad de paso.
Mientras unas regiones descienden, otras suben. Esto revela falta de coherencia entre la política nacional y la regional.
Una de las deudas pendientes de este gobierno será no haber apoyado el fortalecimiento del Ministerio Público. Sin fiscales no hay seguridad.

TODA DISMINUCION de la victimización debe ser bien recibida y motivo de agradecimiento a las autoridades, policías y fiscales. No obstante, debemos indagar respecto de las causas de su caída, siendo rigurosos a la hora de hacer comparaciones, transparentando las evaluaciones de planes y programas y focalizando el accionar antidelictivo.

La disminución de 1,9 puntos porcentuales respecto al 2010 retoma la tendencia a la baja iniciada en 2006 e interrumpida el 2011. La autoridad funda la disminución en su estrategia de “copamiento policial” implementada a través del STAD. Si  esta es la razón, debiésemos tener un incremento en el número de ingresos con imputado conocido, de detenciones y, por ende, de población penal; tal como ocurrió en Nueva York, donde se inventó el modelo.

Las cifras oficiales dicen lo contrario. Las denuncias cayeron 9,6%; las detenciones 9,2%; los ingresos con imputado conocido 3%; y hoy hay un 12% menos de presos que en 2010. Entonces, el argumento de la autoridad carece de sustento técnico y debemos seguir indagando respecto a qué causa tal descenso. Un ítem preocupante es el aumento en la concentración delictual. El 22% de los hogares concentra el 99% de los delitos, lo que demanda una urgente focalización de planes preventivos y de control para ir en ayuda de aquellas familias. Otro resultado complejo es la disparidad entre regiones. Mientras unas descienden considerablemente, otras se alzan por sobre niveles históricos. Esto revela una falta de coherencia entre la política nacional y regional, o una focalización equivocada de los planes preventivos y de control en ciertas regiones. Por ello, resulta fundamental que el gobierno transparente las malas evaluaciones de los programas Barrio en Paz y Plan Cuadrante, realizadas por la Dipres y Paz Ciudadana, respectivamente, a fin de modificar estrategias y destinar recursos públicos a formas de intervención local más eficaces.

Una de las deudas pendientes de la actual administración será el no haber apoyado el fortalecimiento del Ministerio Público. Sin fiscales, no hay seguridad, y mientras la autoridad política habla de seguridad, los fiscales deben perseguir a los delincuentes. La falta de carrera funcionaria, la inexistencia de reemplazos por pre y post natal, más el personal que no da a basto con el incremento de causas, está significando una recarga laboral que afecta la calidad de la persecución penal, traduciéndose en una disminución de confianza ciudadana en el sistema judicial y explicando en parte la baja de denuncias, el incremento de la cifra negra y la impunidad.   

Finalmente, la autoridad -con claros fines electorales- se ha esforzado en afirmar que esta administración ha disminuido más el delito que la anterior, lo cual es completamente falso. La disminución del delito depende mucho más del trabajo conjunto entre gobierno, fiscales, policías, tribunales, municipios y ciudadanos que de una autoridad de paso. No obstante, con el mismo instrumento que hoy comentamos queda de manifiesto que en la administración de Bachelet (2007-2010) la victimización se redujo en 10,2 puntos porcentuales; mientras que con el actual gobierno (2010-2012) recién llegan a 1,9 puntos porcentuales. Todo indica que en el próximo indicador no llegará siquiera a igualar lo logrado por la administración anterior.

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