José Zalaquett: "Un manchón en el tema DD.HH. es el caso exonerados"

EN 2008, cuando se conocieron las primeras denuncias sobre casos de falsos exonerados políticos, una de las primeras voces que se alzaron fue la del abogado de derechos humanos e integrante de la Comisión Rettig, José Zalaquett.

El jurista reiteró su apreciación negativa y acusó falta de rigor en el proceso en 2011, cuando el tema volvió a la agenda, gatillando la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Por eso, hoy Zalaquett dice no estar sorprendido del informe de Contraloría que detectó 2.951 casos erróneos en una revisión de 9.141 fichas de personas que recibieron beneficios del IPS en 2011.

El abogado plantea que el tema "fue denunciado y se ha reconocido como serio hace varios años", y cree que varios de los errores eran evidentes. "No había que ser un sabueso o un Sherlock Holmes para descubrir que hubo bastante ligereza en calificar algunos exonerados".

¿Cuál es el objetivo original de reconocer y reparar a los exonerados políticos?

La idea es compensar el daño. Los programas de reparación han sido para familiares de víctimas fatales -desaparecidos y ejecutados- y personas que han sufrido prisión. También a exonerados, y aquí es donde tenemos este problema de casos fraudulentos, y también se ha intentado reparar a los retornados. Esas son las líneas que han buscado hacer justicia.

Tras conocerse las denuncias de casos falsos en 2008 y 2011, usted criticó el proceso.

De lo que soy crítico es de la ausencia de rigor y prolijidad. La Comisión Rettig y la Comisión Valech fueron escrupulosas. En la Comisión Rettig, tras 20 años, se han comprobado seis errores, es decir, un 0,2%, una tasa menor que el error judicial. En cambio, en este caso, el problema se salió de cauce y una de las razones es el incentivo normal de buscar beneficios.

¿A qué se refiere?

Yo distingo cuatro motivaciones: las víctimas genuinas; los que creen de buena fe, pero equivocadamente, que calzan en la descripción de exonerado. También están los que sienten que creen que deben obtener una reparación, y los que cometen fraude.

¿Por qué se produjo esta falta de rigor?

Especulo que se ha debido a que se llevó a cabo por procedimiento administrativo, y no una comisión que le diera solemnidad y estuviera revestida de independencia de juicios y equilibro político.

¿Dónde radicó el problema central?

La ley permitió que uno de los elementos para comprobar la condición de exonerado fuera el certificado del secretario general de algún partido político, de autoridades o parlamentarios. Eso fue abrir la puerta al clientelismo.

¿Por qué?

(Porque) tenemos que imaginar que algunos partidos eran empresas, que daban empleos pagados a centenares de personas, lo que es bastante poco creíble.

Algunos requirientes sostienen justamente que los partidos eran empresas.

El concepto de empresa es equívoco, puede ser que técnicamente, desde el punto de vista legal, deba llamarse empresa. Si un partido perdió personas porque lo disolvieron y la gente perdió su trabajo, eso es una razón política y debe ser compensado. Pero no puedo convencerme de que los partidos hayan tenido centenares de personas que aparecen certificadas trabajando remuneradamente. Eso no responde a la realidad.

Guillermo Teillier, presidente del PC, dijo que su partido, a la fecha del golpe militar, contaba con alrededor de cien mil militantes y varios miles de empleados...

No me parece creíble. Los partidos no tienen fondos para dos mil o más funcionarios.

¿Entonces el principal error fue vincular la acreditación a los partidos?

Eso es un error, porque hay un incentivo de complacer a posibles electores. He recibido noticias, creíbles, de que en los exonerados, la gente decía "Oye, ¿todavía no tienes la pensión?", y había personas que hacían de intermediarios de peticiones, cobrando comisión. Se transformó en una pequeña industria.

Hay parlamentarios que entregaron numerosos certificados, como la senadora Isabel Allende (PS), que acreditó a cerca de 1.200 personas. ¿Qué opinión le merece eso?

No me pronuncio sobre el caso particular de la senadora ni de ninguno. En general, me parece inapropiado que haya certificaciones de secretarios generales o parlamentarios, porque hubo una tendencia a multiplicar las acreditaciones.

Usted también criticó la modificación de 1998, que amplió plazos de postulación y flexibilizó los requisitos.

Fue una fuente, dados los incentivos que cabe esperar de la mayor parte de los seres humanos, de obtener provechos. Era natural que los parlamentarios iban a tender a ser licenciosos, generosos o poco rigurosos en la materia.

¿Por qué se produjo este fenómeno?

Hay varias motivaciones. Primero, está el cálculo político. Se ha comprobado que las certificaciones experimentan alzas en períodos electorales. El cálculo político consiste en que cuando hay tres mil desaparecidos, usted tiene familiares de desaparecidos, probablemente 15 o 20 en su distrito. Cuando hay 157 mil, que es el número que entiendo fue calificado -muchos miles de ellos erróneamente- como exonerados, entonces en cada distrito hay varios miles de personas. Muchos candidatos o parlamentarios sienten que no pueden arriesgar esos votos. Entonces, la aprobación de la extensión de esa ley fue conseguida con votos transversales.

¿De todo el espectro político, incluido el actual oficialismo?

La mayor parte de los exonerados fueron contrarios al régimen militar, pero si usted presenta un proyecto para postergar la ley, el cálculo político que hace, sea de derecha o izquierda, es: "No me voy a alienar a estos potenciales electores de mi distrito, porque se podría utilizar como argumento en mi contra". Cuando son miles de electores, los votos para la ley son transversales, a eso me refiero.

LAS MUNICIONES AL LADO CONTRARIO"

¿Qué le pareció el informe de Contraloría dado a conocer estos días en relación con este tema?

La Contraloría es uno de los órganos más respetados del Estado. Comprendo que se haya demorado, porque se trató de analizar miles de expedientes. No le atribuyo a esto un carácter especial, porque desde que afloró el tema hasta que llegó a Contraloría hay un trabajo delicado y minucioso que realizar.

¿Ha habido aprovechamiento político?

Prefiero no pronunciarme. Sería juzgar intenciones y prefiero atenerme a los hechos.

La ministra Matthei dijo que se había montado una maquinaria para defraudar al Estado. ¿Lo comparte?

No creo que pueda haber una máquina en el sentido de que se haya generado un complot, pero creo que hubo muchos "abusos hormiga", que fueron tantos que formaron un "abuso hormiguero".

¿Qué le parece la existencia de parlamentarios que tengan la calidad de exonerados?

Si una persona perdió su cargo de una entidad pública por razones políticas, tiene derecho a una compensación.

¿Cómo reaccionó la clase política a sus críticas de 2008 y 2011, cuando aparecieron los primeros antecedentes?

El tema de DD.HH. va a ser un tema nacional cuando pase a ser entendido e incorporado por todos. Ese tema se debe tratar con seriedad. Eso en general, aunque sea aceptado de los dientes para afuera, no es una convicción de todos. Me ha tocado defender posiciones que critican prácticas que significan algún aprovechamiento y esto genera críticas incluso de los ex colegas de DD.HH.

¿Y cuál era el argumento?

El que no hay que dar "municiones al lado contrario". Yo lo rechazo. Esa crítica ha servido para justificar no sólo la dictadura militar, sino a regímenes dictatoriales de izquierda. Los DD.HH. consisten en actuar de acuerdo a principios, donde quiera que sea, sin mirar el color político.

El ex presidente del PS Camilo Escalona argumentó que "esto es un problema social profundo, porque se trataba de gente indigente que necesitaba una pensión".

Esas declaraciones, según las he leído, caerían en que las personas que han sufrido situaciones de apreturas por una dictadura sienten que necesitan alguna compensación, no importa por qué vía.

¿Aquí falló la ley o fue un error deliberado?

Las dos cosas. El sistema fue mal diseñado y hubo casos en que no importó que estuviera mal diseñado. Si se trataba de hacerle un favor a alguien, se le hacía. El problema fue entregarle preponderancia al testimonio de dirigentes de partidos o parlamentarios que podían tener un interés adicional al de hacer justicia.

Pero el proceso sigue otros cursos: IPS, Contraloría, Ministerio del Interior... ¿Cómo pudieron pasar todos esos filtros?

El IPS, la Contraloría y el Ministerio del Interior tenían las manos amarradas por una ley mal diseñada. Si la ley permite que se certifique por tal o cual persona, se da por certificado.

También hay casos de personas que en 1973 no podían tener edad suficiente para trabajar y, por ende, ser exonerados...

Eso es más complicado. Si le está dando un certificado a una persona que para el golpe ni siquiera hubiese tenido una edad para haber estado trabajando, hubo descuido. No me explico esas cosas.

¿Está de acuerdo con que el tema se encauce judicialmente y la justicia designe un ministro en visita?

En un año electoral, el tema tiende a ser de difícil tratamiento. Un paso necesario sería un reconocimiento de que la situación dio para abuso de parte de todos los sectores. Una fórmula que concuerden todos de dar una solución legal, investigativa, judicial.

En el Congreso, en 2011, hubo una comisión que finalmente no determinó responsables.

Después de un cierto tiempo no se pueden echar para atrás los actos administrativos por una decisión administrativa; entonces, se necesita una decisión judicial y legal. Lo judicial no lo he estudiado. Lo legal, entiendo que el gobierno estudia una ley. En esto es importante un reconocimiento sincero del mundo político, pero lo veo difícil en un año electoral. El tema va a estar atravesado por la agenda electoral.

¿Cómo evalúa la forma en que la Concertación ha enfrentado este tema?

Chile, en general, ha enfrentado el tema del legado de violaciones a los DD.HH. en forma aceptable, con bemoles y problemas, pero un manchón en ese récord es el caso de los exonerados.

¿Cree que los casos falsos afectan el programa de reparación?

Hay que distinguir. Las personas que fueron objeto de discriminación -probablemente la mitad, o tres cuartas partes- y fueron privadas de su fuente de trabajo, que tuvieron que pasar pellejerías, segregaciones y dificultades para encontrar trabajo, son acreedoras de una compensación. Pero precisamente critico los casos erróneos, porque desmerecen y ponen en duda el programa entero.