Jorge Sharp: "No nos vamos a amilanar ante las amenazas o querellas de algunos grupos económicos"

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El alcalde de Valparaíso enfrenta las críticas por su oposición a algunos proyectos de inversión en la ciudad y asegura que lo que busca es un desarrollo armónico con el terreno y con lo que los porteños quieren. Para eso, dice, desarrollará un nuevo plan regulador con participación transversal.




Valparaíso no está en contra de la inversión privada. Así lo asegura el alcalde de la ciudad puerto, Jorge Sharp, tras las crítica del sector inmobiliario por la paralización de proyectos como Parque Pümpin, del empresario Nicolás Ibáñez, y por los cuestionamientos que ha expresado frente a otras iniciativas como Mirador Barón y Proyecto Puerto Barón.

Según al edil del Frente Amplio, es necesario que los proyectos dialoguen con el territorio y que estén en línea con la ciudad que la comunidad quiere para el futuro. En ese contexto, destaca la elaboración de un nuevo plan regulador, que espera cuenta con la participación de diferentes actores de la ciudadanía y también del mundo empresarial. Eso sí, asegura que el municipio no dará su brazo a torcer en la pugna que mantiene con algunos proyectos mientras no se cumplan los requerimientos del municipio.

En las últimas semanas, se ha conocido su rechazo a algunos proyectos de inversión como el de Parque Pümpin y a otras iniciativas en el sector Barón, ¿hay en ellos un factor común o se trata de problemas puntuales?

Hay factores comunes, aunque cada caso es diferente. Hablamos de proyectos que han infringido la norma urbanística o la Ley de Urbanismo y Construcción. En ese sentido, quiero descartar que la municipalidad esté actuando arbitrariamente en cuanto a un determinado proyecto. Estamos haciendo cumplir la ley, no es que estemos detrás de alguien en particular. Los proyectos cuestionados tienen una segunda coincidencia, que es que son proyectos que no dialogan, que no se hacen cargo de las consecuencias negativas y que atentan contra el patrón de asentamiento, el ecosistema, con el patrimonio histórico de Valparaíso.

¿El municipio se opone a la realización de estos proyectos o quiere que se introduzcan cambios?

La regla general no es que todos los proyectos estén cuestionados. De hecho, existe un sinnúmero de iniciativas que se están desarrollando. Los cuestionados son los menos y la mayoría avanza. En el período enero-agosto de 2017 se han entregado 348 autorizaciones de Obras de Edificación y contando una serie de proyectos de inversión, de toda índole, hablamos de cerca de 360 iniciativas, de las cuales las cuestionados no llegan a ser el 1%.

Entonces, ¿cómo explica los cuestionamientos a la municipalidad?

Creo que representamos una amenaza al statu quo de los actores del poder fáctico del país. Lo que estamos haciendo es poner por delante el interés general de la ciudad por sobre cualquier interés especifico. En Valparaíso no hay incertidumbre, hay esperanza. Todos los grandes cambios generan resistencia en aquellos que han estado cómodos y que sienten que pueden venir a Valparaíso a hacer lo que quieren. No nos vamos a amilanar ante las amenazas, ante las declaraciones en la prensa rimbombante, ante las seguras querellas que nos quieren interponer algunos grupos económicos. Esto tampoco se trata de una pelea de personalidad, como si aquí fuera el alcalde contra alguien en particular, lo que estamos tratando de hacer es visibilizar años de lucha y demanda ciudadana.

¿Qué debe hacer un desarrollador para que su proyecto sea aprobado?

Primero, algo muy sencillo pero que en Valparaíso pareciera no ser costumbre, que es que los proyectos cumplan con los instrumentos de planificación y la ley. En segundo lugar, esa inversión privada tiene que hacerse cargo de los efectos negativos. Necesitamos proyectos que dialoguen armónicamente con el territorio. Acá hay un derecho que no está consagrado en ninguna legislación, que es el derecho a la vista. En tercer lugar, está comprometerse más con las comunidades donde están presentes, no con mitigaciones ni compensaciones, porque ese es el premio de consuelo de un mal proyecto, aquí tienen que entender que irrumpen en un barrio, en un ecosistema urbano, medioambiental y social y que no pueden hacer lo que quieran aunque en términos legales el permiso esté sin ningún tipo de vicio. Esa no es la forma en la que se construye la ciudad.

¿Con qué situación, en términos inmobiliarios, se encontraron cuando llegaron al municipio?

Nos encontramos con una situación sumamente complicada. Había una Dirección de Obras (DOM) con un director cuestionado, principalmente por el otorgamiento de permisos de edificación a proyectos que no cumplían.

¿En qué se tradujo eso?

Si se ve el trabajo realizado por la consultora contratada para la elaboración de un nuevo plan regulador, al momento de que llegamos, se ve que había una pegatina de ideas pero sin un orden lógico. No había una mirada armónica de qué ciudad queremos. Eso no es responsabilidad de los técnicos de la consultora, sino que del alcalde, quien tiene la labor de sacar adelante el plan regulador en términos políticos y ciudadanos. Entonces, el gran desafío que tenemos es liderar en el territorio un proceso democrático de construcción de este instrumento de planificación.

¿Qué significa en la práctica?

Primero, tener un instrumento que le permita a los vecinos determinar cómo quieren vivir. Que le permita a la ciudad generar condiciones para su desarrollo económico, productivo, cultural y social y en tercer término, que le permita al inversionista tener claro cuáles son las reglas sobre las cuales Valparaíso va a trabajar en los próximos 20 años. Para eso, lo primero que hicimos fue empoderarnos del proceso del nuevo plan regulador y pensamos tener una primera propuesta a mitad de 2018.

¿Cuál es el lineamiento que persiguen en el plan regulador?

Estamos trabajando en base a siete ejes. Primero, es fundamental el uso público del borde costero, los porteños tienen derecho de volver al mar y ahí hago referencia desde el sector de Caleta Portales a Laguna Verde. Segundo, la protección y recuperación de Valparaíso como patrimonio de la humanidad. En tercer lugar, el instrumento también tiene que hacerse cargo del riesgo propio de la ciudad. En cuarto lugar, urbanización y vivienda social. Quinto, movilidad urbana y conexión con otras comunas. Lo otro tiene que ver con las quebradas como corredores biológicos y por ultimo, la discusión de cómo somos capaces de densificar la ciudad.

¿Pero los megaproyectos inmobiliarios tendrán cabida?

La discusión sobre qué tipo de proyectos requiere la ciudad se tiene que dar dentro del marco del nuevo plan regulador. Hemos dado señales en esa dirección en cuanto a la norma de altura (cuatro pisos). Ahora, en otros puntos de la ciudad estamos abiertos a que se discuta una altura distinta. Por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), tiene una propuesta para poder densificar y repoblar el plan de Valparaíso y estamos abiertos a discutir. Cuando planteamos estas cosas no le estamos poniendo stop a la inversión, pero sí queremos que esta inversión dialogue con la ciudad.

¿Han habido reuniones con los actores inmobiliarios?

Hace pocos días nos juntamos con el presidente de la CChC. Conversamos permanentemente con empresarios locales.

¿Y con Nicolás Ibáñez?

No hemos tenido ninguna solicitud del señor Ibáñez en particular, aunque aquí las puertas para el diálogo están abiertas. El diálogo es importante, pero siempre hay diferencias. Con el señor Ibáñez tenemos diferencias, porque su proyecto tiene problemas de legalidad y también no se ajusta.

¿Esa iniciativa no se debería realizar?

Esperamos recuperar ese territorio y mantener la continuidad histórica de nuestra ciudad, que tiene que ver con convertir ese lugar en un parque botánico como fue en el pasado, un lugar de recreo, de esparcimiento para los porteños. Valparaíso es una de las comunas en Chile que tiene menos metros cuadrados de áreas verdes por habitante y esto sería parte de la solución.

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