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Actualizado el 26/03/2017
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Jorge Bermúdez: “Denunciamos ante la fiscalía a cinco jefes de finanzas de servicios públicos”

Autor: Leslie Ayala C.

El contralor revela una masiva fiscalización a 320 reparticiones públicas, gatillada por el recién descubierto fraude en Carabineros. La embestida pudo ser realizada con las nuevas atribuciones otorgadas por la ley sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses: “Se contrastaron las declaraciones de intereses con las bases de datos a las que tiene acceso la Contraloría”, explica. Cinco altos funcionarios fueron denunciados.

Jorge Bermúdez: “Denunciamos ante la fiscalía a cinco jefes de finanzas de servicios públicos”

En un año y tres meses a cargo de la Contraloría General de la República, el abogado Jorge Bermúdez ya ha realizado varios cambios. Uno de ellos es la creación de dos contralorías metropolitanas que agilizarán la gestión de la institución, permitiendo que se pase de 560 auditorías anuales a 714 en 2017. “Fue lo que pudimos reorganizar con los recursos que teníamos”, enfatiza.

El interés de Bermúdez era crear cuatro de estas unidades, porque -según dice- “todo el Estado está acá, en Santiago”, pero el presupuesto asignado al organismo lo obligó a modificar sus planes.

El reajuste reforzó uno de los objetivos que el abogado buscará consolidar durante su gestión: dar autonomía presupuestaria a la Contraloría. A juicio del abogado, “no está bien que tengamos que discutir el presupuesto como si la Contraloría fuera un servicio público cualquiera y que lo haga con sus fiscalizados: el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto”.

En medio de las actividades de conmemoración de los 90 años del ente fiscalizador, que mañana tendrá su ceremonia oficial, Bermúdez hace un balance de su gestión y revela los desafíos pendientes.

¿Cómo sorprende a la Contraloría este nuevo aniversario?

La Contraloría ha registrado una constante evolución. Ha debido enfrentar y optimizar sus procesos para hacer frente a fenómenos como la corrupción, que muta de manera permanente, por lo que siempre debemos estar atentos. Es importante destacar que de la imagen de secretismo que alguna vez tuvo la institución, hoy somos vistos como un organismo líder en transparencia y ese es un trabajo de muchos años y de muchos contralores. El año pasado incorporamos como parte de los objetivos de nuestras auditorías las llamadas “3E”: eficacia, eficiencia y economicidad.

¿Cuál es el sello que busca imprimir a su gestión? ¿Cuál es el parámetro por el que hay que evaluarlo?

Al terminar mi período me gustaría honrar la definición constitucional que existe de la Contraloría como un órgano autónomo. Y eso significa que ejerce sus facultades de manera independiente, sin someterse a presiones y sin atender al color político del gobierno de turno. El rol de la Contraloría no es ser parte del gobierno, tampoco es ser oposición, sino que es controlar que la actuación del Estado sea conforme a la legalidad. Y esa autonomía también debe reflejarse en el presupuesto.

Este año el presupuesto casi se mantuvo sin variaciones. ¿Le parece inadecuado que sean el gobierno y el Congreso quienes lo asignen?

Se producen paradojas como las de este año, en que nos dan recursos para construir la sede de Iquique, pero no nos dan ni un peso más para poder contratar más fiscalizadores, en circunstancias de que el gasto público aumentó en un 10%, que vamos a tener más parlamentarios y el año pasado solamente tuvimos un 20% más de denuncias parlamentarias, respecto de las cuales nosotros tenemos la obligación legal de dar una prioridad en su respuesta. Entonces tenemos cada vez más trabajo, pero los mismos recursos. Lo más fácil que puedes hacer para ahogar el control es no darles los recursos. Pero mi reclamo no es solo de plata, no es solo de recursos públicos, también es de facultades.

¿Hay dificultades para fiscalizar?

Claro. A propósito de los escándalos que han ido apareciendo y algunas medidas que hemos tomado nosotros, por ejemplo, no podemos exigirle a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que nos entregue información. No es porque no quiera, sino porque legalmente no están habilitados, pero nos gustaría que eso se modificara. Una operación financiera sospechosa debería ser también susceptible de ser conocida por la Contraloría, si no pasa lo que tenemos hoy día, en que la fiscalía está investigando la malversación en Carabineros, pero nos tiene que pedir funcionarios auditores. Que está muy bien, nosotros colaboramos, pero ahí hay un problema en el diseño legislativo. Muchos servicios públicos trabajan con la cuenta única fiscal, pero otros también tienen cuentas en bancos comerciales; nosotros podemos exigirle información al BancoEstado porque es una empresa pública, pero no le podemos exigir información a un banco privado. Por lo tanto, no tenemos cómo saber si efectivamente las cuentas públicas en esos bancos están siendo bien llevadas o no.

Sin embargo, ha habido aumentos en las herramientas de fiscalización…

Con la Ley 20.880 (sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses) se dio un pequeño paso. Y digo pequeño paso porque con esa ley, que es la que establece el nuevo sistema de declaraciones de patrimonio e intereses, la Contraloría ahora tiene facultades para recibir las declaraciones, tomarlas, ver si fueron oportunas, pero sobre todo si fueron completas y veraces. ¿Y cómo lo hace? Contrastándolas con las bases de datos a las que tiene acceso la Contraloría, que son las del Registro Civil, algunos conservadores de bienes raíces, algunas superintendencias. Y ellos están obligados a darnos esa información. Ahora, podemos contrastar datos y ahí podemos sacar conclusiones para las fiscalizaciones.

¿Esos potenciales cruces de datos ya han dado algún resultado?

A propósito del escándalo de Carabineros, instruí que con prioridad nacional íbamos a realizar una auditoría en servicios que tuvieran grandes cantidades de presupuesto y a los movimientos que habían hecho los jefes de Administración y Finanzas. Hicimos un primer barrido sobre 320 servicios y detectamos inmediatamente que había 114 casos con problemas. Esto es una información nueva. Descubrimos situaciones tan anómalas como cónyuges de esos funcionarios con grandes patrimonios. Patrimonios que estamos hablando son de miles de millones de pesos. Encontramos anomalías en personas que, no obstante tener una remuneración bastante buena dentro de la administración pública, no tienen nada a su nombre. Eso ya parece una cosa un poco rara. Y nosotros hoy día (jueves 23) le remitimos estos antecedentes al Ministerio Público, para que los investigue en el ámbito penal.

¿Cuántos jefes de Finanzas o Administración fueron denunciados?

En 114 servicios detectamos situaciones anómalas y hay cinco casos donde detectamos que, eventualmente, puede haber un delito. Y esos son los que estamos informando a la fiscalía, los otros los vamos a seguir investigando. Encontrar, por ejemplo, que una persona que tiene un patrimonio de miles de millones de pesos evidentemente que es una situación que amerita, por lo menos, poner una alerta en esa situación. Estamos hablando del cónyuge de un funcionario público. Entonces, tenemos que investigarlo. Pero lo peor que detectamos es que sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio público en que estos trabajan. Esa es una situación que por lo menos merece investigación. Esa una situación que tiene visos de eventual delito de negociación incompatible, lo mínimo que podemos hacer es darle esos antecedentes al Ministerio Público para que a través de sus facultades intrusivas ellos puedan investigar.

¿Quiénes son esos cincos jefes de servicios denunciados?

No, no se puede saber, porque tiene que investigarlo la fiscalía.

¿Cuál fue el criterio para el cruce de los datos que llevaron a la denuncia?

Hicimos una determinación de 320 servicios relevantes por las cantidades de los montos que mueven. Estoy pensando en subsecretarías grandes, ministerios grandes, como Educación u Obras Públicas, Fuerzas Armadas, algunos gobiernos regionales, municipalidades… Sacamos esta muestra y detectamos que en 114 casos de los 320 detectamos un problema. Y en cinco hay carácter de un eventual delito, que es lo que estamos hoy enviando a la fiscalía.

Usted dijo que en algunos casos la Contraloría podría querellarse…

Nosotros vamos a ejercer todas nuestras facultades. Y la Contraloría tiene la facultad también de ejercer acciones judiciales. Entonces, en este caso, cuando avance la investigación y si detectamos que hubo perjuicio fiscal, vamos a querellarnos. Y va a ser, probablemente, la primera vez que la Contraloría en 90 años ejercerá esa facultad.

¿El caso de Carabineros inspiró a “poner la lupa” en las divisiones de Finanzas?

En ese caso se dio una especie de dicotomía, por un lado están los carabineros de Orden y Seguridad, en los que la ciudadanía y uno mismo tiene gran confianza. Y la dicotomía se ve en que hay otro grupo, que son los carabineros que uno no ve, que no están en las calles, y que son los que manejaban las platas y ahí parece que los controles fallaron. En primer lugar, los internos y luego los externos, como los de la Contraloría también.

¿Es muy grave lo que encontraron?

Es grave. Pero lo que quiero poner de manifiesto, aparte de la gravedad, es que aquí un pequeño cambio normativo, es decir, que nosotros pudiésemos contrastar las declaraciones de intereses con la información que tiene el propio Estado, nos permitió llegar a este resultado, en menos de dos semanas. Imagínate el efecto preventivo que esto tiene. Este es un pequeño cambio, hay muchos más que hacer, por ejemplo, en las normas de prescripción de la responsabilidad administrativa.

Dijo que en el caso de Carabineros eso ya está prescrito…

Lo dije precisamente para levantar el tema, no puede ser que en seis meses prescriba la responsabilidad administrativa. Eso ata de manos a la Contraloría.

¿Cuál sería el plazo ideal?

Tanto para Carabineros como para las Fuerzas Armadas, como para todo el mundo, debiera ser la regla general que es de cuatro años. ¿Por qué va a haber una discriminación en ese sentido? La institucionalidad de la probidad necesita permanentemente ser perfeccionada. El Estado tiene que avanzar, por ejemplo, hacia la exclusividad. La mayor parte de los conflictos de intereses que se dan en la administración pública, se dan porque los funcionarios no están solo dedicados a la función pública, como ocurre en otros países.

Conflictos de interés

¿Cree en la exclusividad de funciones en el Estado?

Hoy día, la administración pública es el sector cuyas remuneraciones más crecieron en el último año, entonces se debe exigir exclusividad. No puede ser, y lo digo con toda propiedad, que los abogados del Consejo de Defensa del Estado puedan ejercer la profesión. Deben ser exclusivamente abogados del CDE, porque cuando un abogado es contratado por un estudio en Isidora Goyenechea, ese estudio le exige exclusividad, ni siquiera puede hacer clases. ¿Por qué el Estado no puede exigir lo mismo si son intereses públicos los que están en juego?

¿Le genera ruido esta situación del CDE?

Ese es un conflicto de intereses potencial, pero permanente. Obviamente, si usted es un privado y sabe que en ese estudio jurídico trabaja un abogado del CDE, aunque sea un asunto totalmente comercial, ¿no le interesaría que su caso se vea ahí? Claro que sí, por la razón que fuera, por último porque le da más confianza. Ese es un conflicto de interés. El Estado tiene que exigir exclusividad a sus funcionarios públicos. Porque para mí, Jorge Bermúdez, los conflictos de intereses son una manifestación de corrupción, si es que no se prevén, si es que no se evitan.

Ellos explican que deben seguir litigando, deben adquirir experiencia…

Con 14 mil juicios al año que tienen, la experiencia la ganan día a día ejerciendo la profesión por el Estado. Ese es un argumento que uno podría haber sostenido hace 30 años, pero hoy ya no, la sociedad tampoco lo aguanta. Aquí nos faltan reglas de exclusividad. Como también al contralor le falta una regla de carencia.

¿Qué quiere decir con eso?

Que el día que termine mi periodo de contralor, después de ocho años y considerando la relevancia que tiene este cargo, al día siguiente puedo dedicarme a tramitar asuntos ante la Contraloría. Obviamente que eso no puede ocurrir. Hoy día sería perfectamente legal, claro, no sería estético, pero sería perfectamente legal. Eso tiene que cambiar, tiene que haber un plazo adecuado, como se denomina en el derecho comparado, de “enfriamiento” de ese funcionario, en este caso una autoridad, en que no puede realizar actividades que entren en conflicto con lo que conoció. En la Contraloría se conocen muchísimas materias, muchas, entonces tiene que existir eso. El Estado debe avanzar hacia ese tipo de regulaciones.

¿Hay un ‘mea culpa’ de Contraloría por no haber detectado las irregularidades en Carabineros?

No me gusta esa palabra, porque aparece como que uno no se hiciese cargo, pero efectivamente el mea culpa tiene que ir por el lado de que no detectamos ese fraude, pero a lo mejor si prevenimos otros, en otros ámbitos, porque la Contraloría sí estaba ahí. Hubo cerca de 40 auditorías. Es frustrante, porque no fuimos capaces de prever lo que estaba ocurriendo probablemente en el otro departamento al que estábamos auditando.

Usted creó un departamento de FF.AA. y Orden y Seguridad. Parece extraño que con todos los recursos que manejan esas ramas no haya existido antes una entidad de estas características…

La Contraloría cumple 90 años, entonces hay una cultura institucional y eso hace que a lo mejor los focos vayan cambiando de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. Probablemente, hace 20 años era impensable que fiscalizáramos a las Fuerzas Armadas o a los carabineros, por la situación política del país. Hoy son fiscalizados como cualquier otro servicio.

Ante los últimos casos, ¿ha aumentado la corrupción en Chile?

Yo no voy a decir esa frase de que la corrupción ha llegado… ¿ya? Porque yo creo que donde existe poder, sobre todo si es el poder público, hay un riesgo de corrupción, porque ese germen está ahí. Incluso, en el Vaticano hay corrupción. Chile ha perdido siete puntos en el ranking de Transparencia Internacional, eso es más del 10%; yo no soy estadístico, pero a mí me llama la atención esa línea descendente, la mayor percepción de corrupción que hay.

¿Persuadiría al funcionario público sanciones penales más duras?

Creo que sí, de todas maneras. Porque sabes, es bien frustrante ver cómo funcionarios que producto de la actuación de la Contraloría han sido destituidos, luego no son sancionados penalmente, y terminan trabajando en otro servicio público.

¿Es partidario de elevar las penas a los delitos de corrupción?

No es mi área el derecho penal, es el derecho administrativo, pero pregúntale a cualquier penalista las sanciones por los delitos de cuello y corbata dentro de los que se incluyen los delitos de la función pública, son bajísimas. Nadie se va preso. Entonces, te lo digo responsablemente, donde realmente deberíamos dar un paso decidido es en dictar un nuevo Código Penal. Esta es una discusión que, claro, políticamente no tiene mucha relevancia, no es muy sexy, obviamente es más sexy hablar de nueva Constitución, pero realmente donde están los valores de la sociedad es en el Código Penal. ¿Cómo puede ser más grave un hurto, un delito contra la propiedad menor frente a hechos, por ejemplo, como colusión? Frente a hechos de defraudación del patrimonio público a conflictos de intereses.

¿Qué puede explicar que haya más percepción de corrupción?

Lo que pasa es que la corrupción hoy día, afortunadamente, no la entendemos solo de la manera más burda, que es el pago de un soborno. La corrupción también son los conflictos de intereses, el trabajo mal hecho, la falta de lealtad con la función pública…, y a eso está más sensible la población. Cuando un funcionario de manera ilegal suspende sus actividades, a mí me parece que ahí hay un germen de corrupción.

¿En los paros del sector público?

Cuando el funcionario público se va a huelga porque sí, no por una negociación colectiva. Piensa en el último paro del Registro Civil, todo el daño que causaron, porque no hay otro Registro Civil. ¿Qué obtuvieron? Nada. ¿Y el daño a las personas que provocaron? ¿Cuántas personas perdieron una oportunidad laboral porque no tenían el certificado que sólo puede darles el Registro Civil? Yo no tengo nada en contra de los funcionarios de la DGAC, pero el paro en los aeropuertos, ¿cuál fue el impacto? Entonces ahí uno se vuelve rehén de ese funcionario como sociedad y eso es corrupción claramente. Por eso dije: ‘Si no trabajan no se paga’, y estamos viendo que se hagan los descuentos y se están haciendo.

En este año y tres meses ha tenidos varios “hitos”, uno de ellos la contienda de competencia en el Senado contra la Suprema. ¿Le ha traído problemas con los ministros?

Bueno, no lo sé. Espero que no. Piense que sólo en el tema de las pensiones de Gendarmería tenemos 14 recursos de protección que tienen que ser resueltos por los tribunales, entonces nada más lejos de mi intención sería enemistarme con la Corte Suprema, porque ellos están permanentemente revisando lo que hace la Contraloría. Entonces cuando preguntan ¿quién controla al contralor? El primero que los controla son los tribunales, eso para que quede bien claro.

El caso “jubilazos” también le dio una lata exposición pública…

Lo que pasa es que tal vez la única impronta que uno podría decir, y está mal que yo lo diga, es que estamos tratando de darles una vuelta más a las cosas. Que no porque se haya siempre hecho así vaya a estar bien. O sea en el caso de Gendarmería, por ejemplo, ¿cómo surge todo esto? Es porque, y perdone que lo diga así, es que a mí me llamó la atención que hubiera pensiones pagadas con plata pública sobre $ 5 millones, eso fue en abril del año pasado.

Antes de que saliera a la luz la pensión de Myriam Olate…

Mucho antes. Y también lo digo derechamente, yo no tenía idea quién era Myriam Olate. Piense en mi récord, piense en mi historia personal. Yo soy un abogado, sobre todo dedicado a la actividad académica, en Valparaíso, no tengo contactos con las redes del poder, por eso es muy exótico que yo esté en este cargo. Lo cual es bueno también, porque me da mucha autonomía. Entonces, si me dices quién es ella, ¡no tengo idea! A veces me han dicho ‘lo que pasa es que tú tenías algo personal con ellos’. ¡Pero si ni los conocía! Jamás hice una relación entre ella y el ex presidente de la Cámara.

¿Cómo descubren estas pensiones?

Esto estaba delegado en el quinto nivel jerárquico. Entonces, en principio, no había forma que lo viera. Pero en una revisión alguien me dice ‘mira esta persona está reclamando porque la reliquidación de su pensión en vez de tocarle $ 5 millones, le tocaron $ 4 millones 700 mil’. Y yo ahí fue dónde dije: ‘Oiga, pero cómo es la cosa, no puede ser que pensiones públicas sean de esa magnitud’. Revisamos y nos dimos cuenta de que había dictámenes de la Contraloría que decían que ellos tenían tope. Por eso hicimos un sumario en Contraloría para ver cuándo se tomó razón de pensiones sobre el tope, porque nosotros ahí también nos equivocamos y empezamos a dejarlo sin efecto.

Fue importante este caso, pues incluso lo llevó a denunciar amenazas a usted y a su equipo…

Fue muy relevante, porque sabes qué, y esto te lo digo nuevamente con mucha responsabilidad, de nuevo muestra una carencia en la forma en que se han hecho algunas cosas o lo que se ha tolerado. Creo que no es bueno que un cuerpo armado tenga sindicatos. Eso está prohibido en la Constitución. No debería. En realidad no debería haber sindicatos…, es muy malo.

¿En todo orden de cosas?

No, por supuesto que sí, las aspiraciones de los trabajadores están muy bien, pero no puede ser que un cuerpo armado tenga ese tipo de asociaciones.

¿Por las amenazas que sufrió?

Sí, lo digo por eso y no sólo lo que me pasó a mí, sino también a mis funcionarios. Entonces, eso no me parece bien y ahí alguien debe hacer algo. Carabineros, si tú te fijas, están en una situación totalmente distinta. En algunas de las conversaciones que sostuvimos con las asociaciones de Gendarmería les dijimos: ‘Oiga, la solución es que a ustedes les apliquen el estatuto de los Carabineros y ahí no van a tener problema’ y todos se echaron para atrás, ninguno estuvo de acuerdo con eso, no querían. Además, si tú revisas esto y lo juntas con los cambios legislativos, te das cuenta de los problemas que ha habido.

¿En esa institución?

Yo pedí que se revisara cuántas veces se ha modificado el régimen funcionarial y de remuneraciones de Gendarmería y encontramos ocho leyes dictadas ad hoc, en que sustituían requisitos, en que se permitía que se saltaran la carrera funcionaria, en que les dan una asignación con poco control, o sea leyes ad hoc. Entonces, al final te das cuenta de que la escala única de sueldo tiene de todo menos de única por la cantidades de modificaciones ad hoc que en ese servicio se han hecho. Vamos a ver cuántas más se han hecho en otros servicios. Eso al final te lleva a un problema en que crees que todo se soluciona con leyes parche para aquel que pudo gritar más fuerte y si tienes armas puedes gritar más fuerte todavía…

¿Sobre todo ellos que en caso de una paralización se puede incidir en la libertad de presos?

En el caso de todos, porque cuando paraliza la DGAC, para seguir con los ejemplos, o el Registro Civil es lo mismo. Son servicios que obviamente son monopólicos. Tú como ciudadano no puedes ir a otro lado, entonces lo que hemos hecho es tratar de darles una vuelta a las cosas. Otro ejemplo son los nombramientos. Ahora, estamos revisando los nombramientos de los abogados integrantes de todas las cortes del país que nos llegaron el último día de febrero, un día antes de inaugurarse el año judicial. Bueno, claro, históricamente ¿cómo se hacía? Llegaba el decreto y se cursaba. Bueno, no pues. El Código Orgánico de Tribunales establece requisitos estrictos para ser abogados integrantes, imagínate que esas personas van a administrar justicia, entonces tienen que cumplir con esos requisitos y se los estamos pidiendo al Ministerio de Justicia. Por ende, no se ha tomado razón de esos nombramientos.

¿Y esos requisitos tienen que ver con que no tengan conflictos de interés?

Claro, y tienen que ver también con que si eres funcionario público jornada completa en un servicio público no puedes ser abogado integrante, si el día tiene 24 horas y las horas hábiles son de 9 a 6 y la corte sesiona de día. ¿Se entiende? De eso se trata, esa es la impronta que queremos darle. Eso significa más pega, por supuesto, y significa convencer a los funcionarios que hay que hacerlo así, ir un poquito más allá.

Sigue instando por funcionarios exclusivos del Estado…

A ver, yo tengo exclusividad y todos los funcionarios de la Contraloría. Pero en toda la administración no se da. O sea, lo que ocurre acá, y no quiero ser latero con esto, pero es muy relevante, porque resulta que el estatuto administrativo permite que los funcionarios ejerzan actividades privadas, actividades económicas, empresariales, pero fuera de la jornada laboral. Históricamente esto se había entendido como ‘bueno, dejemos que el abogado ejerza su profesión y cuando va a ver las causas de la municipalidad al tribunal también pueda ver las de él, porque o si no se nos va a ir’. Pero esas reglas están pensadas en un Chile donde había cinco escuelas de Derecho y se titulaban al año 30 abogados. Es decir, ser abogado era casi un título nobiliario. Hoy se titulan al año mil abogados, por tanto, no existe carencia de profesionales en el mercado, al revés, la administración con lo que paga puede exigir exclusividad.

¿Y si el argumento es que el sueldo fiscal no alcanza?

Bueno, entonces opte. Para eso es el mercado ¿no? Y si el Estado entonces no puede tener esos profesionales tendrá que ver qué hace. O les paga mejor, o los trae de otra parte.

¿Del extranjero?

Siempre que estén bien capacitados.

¿Y quien controla a la Contraloría que usted señala debe ser más poderosa aún?

A ver, si el poder no tiene control, si el poder no tiene contrapesos, eso es muy malo. O sea, la frase típica aquí del poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente es real. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con no creerse, este es un cargo que tiene una fecha de término y que tiene controles. Tiene los propios controles administrativos, pero también tiene el control de los tribunales, la Contraloría cada vez es más recurrida, y hay un control muy fuerte y que históricamente se ha ejercido, que es el político ante la Cámara de Diputados. Fíjese usted que cada vez que estoy citado a la Cámara, en el fondo es un control a lo que está haciendo la Contraloría. En este año y tres meses he ido 30 veces a exponer a alguna comisión, he ido dos veces a sala. O sea, yo creo qué más control. Bueno, siempre puede haber más. No diría que no estoy sometido a control, pero eso es algo que usted tiene que valorar.

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