Gobierno y oficialismo trabajan alternativas a compra de colegios

Una visita a una escuela de San Miguel, donde se efectuaba un curso para dirigentes sociales, realizó ayer el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y el vocero de Gobierno, Alvaro Elizalde.

Acompañados de parlamentarios y alcaldes, los ministros reforzaron la ofensiva ordenada por la Presidenta Michelle Bachelet de salir a terreno para defender las reformas del gobierno, entre ellas, el cambio para poner fin al lucro, la selección y el copago en los colegios particulares subvencionados.

En esta reforma, uno de los temas sensibles ha sido la posibilidad de que el Estado deba comprar colegios, como última alternativa, ante sostenedores que rechacen convertirse en organizaciones sin fines de lucro. El tema generó reparos desde el PC a la DC y críticas de la oposición.

Pero en la Nueva Mayoría y en el gobierno dicen que la compra de colegios es sólo un instrumento y será modificado del proyecto original. La única exigencia que ha puesto Eyzaguirre a los partidos es que no se altere el objetivo de la iniciativa: poner fin al lucro, la selección y el copago.

"He dicho que son instrumentos y también me imagino que tengo que avenirme a las modificaciones", dijo a inicios de junio Eyzaguirre, quien está explorando varias fórmulas, que podrían ver la luz a fines de agosto.

En las conversaciones, dicen en el oficialismo, han sido propuestas algunas alternativas al ministerio, como la posibilidad de que el sostenedor, dueño del inmueble, pueda arrendar la infraestructura a una entidad sin fines de lucro que se haga cargo del colegio. Ese mecanismo, sin embargo, es resistido por el ministro y algunos parlamentarios ya que reproduciría el mismo fenómeno que ocurre en universidades privadas, cuyos dueños a través de sociedades inmobiliarias pueden obtener ganancias.

En el oficialismo dicen que también se baraja la posibilidad de una "autocompra", es decir, que el dueño del colegio venda su propiedad a una fundación creada por el mismo sostenedor para que asuma la administración del recinto. La compra podría ser financiada con los mismos recursos de la subvención.

Otros, en tanto, proponen que la compra de colegios no sea desechada, pero sí restringida y se limite a casos donde la cantidad de alumnos lo justifique.

En este proceso de conversaciones, el Mineduc reforzó su equipo con la llegada de nuevos asesores, como Harold Correa (PPD), quien asumió como jefe de gabinete de Eyzaguirre, y Andrés Palma (DC), quien fue nombrado coordinador de la reforma. A ellos se suma el ex diputado DC Exequiel Silva, quien fue fichado tiempo atrás por Eyzaguirre.

EXPERTOS

Alejandro Carrasco, del Centro de Políticas y Prácticas en Educación de la UC, cree que el gobierno debe hacer ajustes en la secuencia, gradualidad e instrumentos de la reforma: "Debe buscar modos alternativos para el lucro sin exacerbar los recursos públicos".

Carlos Williamson, del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, propuso contratos de arriendos. "La idea sería que este sistema de arriendo esté fijado a un precio de mercado y fiscalizado por la superintendencia", explicó.

Desde el Centro de Estudios Públicos (CEP), la investigadora Sylvia Eyzaguirre coincide en que se debe encontrar "una nueva manera para terminar con el lucro, cuya fórmula no incentive compra de colegios de parte del Estado".

LAS CIFRAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

El informe financiero del Ministerio de Hacienda sostiene que la compra de colegios podría tener un máximo de $ 233 mil millones anuales, por 12 años (US$ 400 millones en total).

La cifra era el doble del cálculo inicial del Ministerio de Educación. Pero Hacienda justificó el calculo, porque "nosotros con responsabilidad fiscal siempre acompañamos los proyectos con el máximo costo  que está establecido en el proyecto".

En el caso de la reforma al sistema binominal -en el que Hacienda sólo estima un mayor gasto por el incentivo económico que pagaría el Fisco por cada mujer electa al Congreso-, no entregó un cálculo por el "costo máximo" que implicaría esa medida. En el informe, Hacienda sólo estimó lo que habría sido el gasto en la pasada elección, donde 21 mujeres fueron elegidas parlamentarias. Además, Hacienda afirmó que el aumento de legisladores "no irrogará mayor gasto".