El envío del proyecto de ley de Nueva Constitución -la última de las reformas comprometidas por Michelle Bachelet en su segundo mandato- finalmente se concretará en las próximas semanas, en la etapa legislativa final de la actual administración.

La decisión -sin embargo- no ha estado exenta de discusiones en las últimas semanas en el seno del comité político de La Moneda, en especial tras la victoria de Sebastián Piñera, que relegará al oficialismo a las filas opositoras.

El debate sobre la nueva Constitución se reactivó precisamente el lunes 18, luego de la visita que realizó Bachelet al presidente electo a su casa la mañana siguiente a su triunfo. En esa oportunidad, la Mandataria le anunció a Piñera que enviará al Congreso la iniciativa . "Le dije que enviaré el proyecto de una nueva Constitución, es importante respetar ese proceso, donde participaron más de 200 mil personas", señaló Bachelet.

En La Moneda manifestaron que el proyecto aún está en etapa de revisión y que, en los próximos días, la Presidenta tendrá en sus manos el documento final.

Las dudas se desataron en Palacio respecto de la tramitación que se dará a la iniciativa en el Congreso debido al receso legislativo que se inicia el 31 de enero. Es decir, el escaso margen para la discusión en el Parlamento fue foco de conversación entre los ministros del comité político.

Fue así como los titulares de Interior, Mario Fernández, y de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, se mostraron partidarios del ingreso del proyecto sin incentivos respecto de su urgencia. Los ministros hicieron ver que la Mandataria cumplía con su compromiso de campaña en la medida en que el gobierno lideró la etapa de discusión ciudadana, la sistematización de las propuestas, la confección y el ingreso de un texto.

Otros secretarios de Estado, como la vocera Paula Narváez y el Segpres Gabriel de la Fuente, eran partidarios de aprovechar al máximo los tiempos legislativos pendientes para encaminar el debate en el Congreso lo máximo posible.

Ya en la recta final, el gobierno fijó sus prioridades legislativas, entre ellas puso urgencia legislativa a la creación de los ministerios de Pueblos Originarios y el de Ciencia y Tecnología. Y en una señal de quien se impuso en el comité político sobre el debate constitucional, el Ejecutivo dejó sin prioridad legislativa la reforma al Capítulo XV de la Constitución, el que fija el mecanismo para modificarla, y una convención constitucional.