Ex directivos de Dipreca recurren a la Corte por rebaja en sus pensiones

Dipreca

Se trata del ex jefe del servicio jurídico y quien dirigiera el Departamento de Atención Integral. Organismo indicó que debió aplicar esta reducción a raíz de la resolución de Contraloría.




El conflicto por las pensiones ya no sólo atañe a los funcionarios de Gendarmería. Esto porque en las últimas semanas dos ex directivos de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago recursos de protección por la forma irregular que se les habrían recortados los dineros de su jubilación.

Los requerimientos judiciales están dirigidos contra la propia Dipreca, entidad encargada de suministrar las jubilaciones a los gendarmes, carabineros y efectivos de la PDI.

En estas tres instituciones los funcionarios se encuentran en estado de alerta, pues los recortes se pueden extender a otras ramas de las policías y custodios.

El primero de estos recursos fue presentado el pasado 6 de octubre por el abogado Raúl Alvarez Alvarez, quien señala que ingresó a Dipreca en abril de 1995 a la planta profesional y que en el año 2006 ascendió al grado 7 de la Escala Única de Sueldos, "para servir como jefe del servicio jurídico de Dipreca".

Luego, en el documento se señala que en diciembre de 2015 pidió al Departamento de Pensiones de Dipreca el cálculo de su jubilación, donde se le indicó que correspondía a un total de $ 2.255.580. Con este antecedente en mano, presentó su renuncia, que se hizo efectiva el 1 de enero de este año. Según el requerimiento, Contraloría tomó razón de la pensión sin inconvenientes.

Los primeros meses pasaron sin problemas, pero todo cambió el 12 de septiembre, cuando recibió una carta de Dipreca con el dictamen 42.701 de Contraloría, que establece un tope de 60 UF para las jubilaciones. Así, su pensión se redujo a $ 1.343.066.

Como dato anexo, el recurso indica que si bien en junio Dipreca entregó un comunicado de prensa en el que señalaba que ajustaría las pensiones de Gendarmería, "nada se dice respecto del cambio de sistema de cálculo de la pensión de retiro de los funcionarios de planta de Dipreca".

El segundo caso que se encuentra en sede judicial es el de Adriana Soto, quien en su presentación indica que ingresó a Dipreca en 1995 y que llegó hasta el grado 8, ocupando el cargo de jefa del Departamento de Atención Integral al Beneficiario de Dipreca, hasta mayo de este año.

Entre ese mes y septiembre recibió una pensión de $ 2.282.187, pero, al igual que en el caso anterior, todo cambió en septiembre, cuando le llegó una carta del organismo indicando que la jubilación debería ajustarse hasta el tope de las 60 UF.

En ambos requerimientos, lo que se pide es que se les restituyan las pensiones que habían recibido originalmente.

Los casos ya están en tramitación en la Corte de Apelaciones capitalina, pues fueron declarados admisibles. Así, se suman a los cerca de 10 recursos que se tramitan en el Poder Judicial y que fueron presentados por ex efectivos de Gendarmería.

Al menos en el primer caso, que involucra al ex jefe jurídico Raúl Alvarez, Dipreca envió un informe con sus argumentos al tribunal de alzada. En este escrito, indicó que "la nueva interpretación del alcance a la legislación previsional que hizo el órgano contralor es vinculante para Dipreca y conforme a ello ha debido aplicarla desde ese momento".

Consultada la entidad, respondieron que "es importante aclarar que los recurrentes son ex funcionarios de Dipreca y que, haciendo uso de su derecho, interpusieron recursos de protección contra la Dirección de Previsión".

La polémica por las pensiones tuvo su origen en Gendarmería, luego de que se supiera que la ex funcionaria Myriam Olate tenía una jubilación que superaba los $ 5 millones.

Respecto de los casos de Dipreca, el presidente de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), Joe González, indicó que "estas personas están buscando la vía del derecho. El hecho de presentar este recurso es una garantía que nos compete a todos los ciudadanos, por lo que si sienten que sus derechos son vulnerados por una resolución administrativa, tienen el derecho a recurrir a la Corte".

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