Estación Central: vecinos recurren a la Corte para detener 28 nuevos "guetos verticales"

"Estamos atrapados entre estas moles de cemento". Así describen los vecinos de Estación Central la situación que viven y que motivó que interpusieran esta semana un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para detener la construcción de 28 megaedificios en la unidad 7 de la comuna (ver infografía), cuyas alturas van entre los 20 hasta 38 pisos.

En el escrito, dos agrupaciones de vecinos señalan que estas edificaciones afectan su calidad de vida debido a los constantes ruidos, la presencia de polvo en suspensión, la falta de luz y la pérdida de áreas verdes. "Ha habido caída de materiales a las casas de los vecinos, También el uso de la vía pública por parte de camiones que obstaculizan el paso. Es un sinfín de malestares e interrupciones a la vida normal de los vecinos", cuenta Alejandro Verdugo, presidente de la agrupación Defensa Barrio Estación Central. "Lo que buscamos es que se paralicen las obras de aquellos edificios que se están construyendo y que no se permita a los que aún no se han comenzado a construir", añade verdugo.

Alejandra Arriaza, abogada representante de los vecinos, complementa que además en los últimos dos años la Dirección de Obras Municipal (DOM) "ha aprobado 75 permisos de construcción de edificios en altura y otros 30 anteproyectos de similares características, que no respetan el plan regulador metropolitano que es el que rige a la comuna. En total son 105 edificios cuyas alturas llegan hasta los 38 pisos".

El punto que defienden los vecinos es que pese a que la comuna no cuenta con plan regulador propio, existen otras normas que no se han respetado y por eso más de cien permisos serían inválidos. "Existen instrumentos de regulación territorial que están vigentes y que son vinculantes para Estación Central: el plan regulador metropolitano y el plan de la comuna de Santiago, a pesar de ser de larga data no han sido derogados y siguen vigente", explica Víctor Osorio, ex ministro de Bienes Nacionales y asesor de este grupo de vecinos.

Otro aspecto que preocupa a la comunidad es que si estos 105 edificios y sus 57.882 nuevos departamentos son entregados, la población de Estación Central crecerá de 120 mil habitantes a 230 mil, lo que puede implicar colapso en ciertos servicios. "La población de Estación Central podría casi duplicarse. Estamos hablando de un crecimiento que la comuna no está en condiciones de soportar. Lo que va a hacer esto es profundizar los problemas de congestión vial, de ruidos molestos, de contaminación acústica y atmosférica", afirma Osorio.

Desde la municipalidad, Ricardo Ferrada, administrador municipal, explica que no han sido notificados de este recurso y que por lo tanto no conocen los detalles de los proyectos cuestionados, pero que " no es primer recurso que nos interponen. El anterior fue por otorgar mal dos permisos de un conjunto habitacional, y fue declarado inadmisible. Y en otros dos recursos se determinó que no había ninguna responsabilidad de la municipalidad y que la DOM había actuado en conformidad a la ley".

En cuanto a los 105 proyectos en altura aprobados, Ferrada afirma que de acuerdo a la información que posee y las fiscalizaciones que se han hecho, "todos han sido bien aprobados".

Estación Central ha recorrido un largo camino para obtener un plan regulador propio. En 2008 presentaron un proyecto, pero fue rechazado. En agosto de 2016 se presentó una propuesta para normar el polígono de 288 hectáreas que perteneció a la comuna de Santiago y que hoy se encuentra desregulado.

Tras más de un año de trabajo y luego de las consultas ciudadanas que exige la ley, el jueves pasado el concejo municipal aprobó la propuesta final que determina las alturas máximas, los usos de suelo y divide ese sector en cuatro zonas . Así en el eje Alameda, aunque en un principio se habló de un máximo de 15 pisos, solo se aprobarán proyectos con 12. En el segundo y tercer eje se permitirá un máximo de cinco pisos y en el último serán solo cuatro.

Ricardo Ferrada afirma que "ya terminamos la etapa de consulta a la comunidad, el concejo aprobó la propuesta con las observaciones de los vecinos. Ahora tenemos que enviarlo al Serviu y luego de que se apruebe, al alcalde dicta un decreto. De todas formas, todos los permisos en esa área están congelados hasta diciembre". El funcionario agrega que tras esa fecha, pedirán un nueva prórroga para que no se otorguen permisos antes de que esta norma esté vigente.

En cuanto al plan regulador comunal completo, en 2018 llamarán a licitación e iniciarán los estudios que costarán $ 180 millones.