Diputados RN por nuevos antecedentes de Caso Caval: "Confirman sospechas de tráfico de influencias"

Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards sostuvieron que "esto demuestra con claridad que Caval, al comprar el terreno, estaba comprometido con el cambio del uso de suelo".




Como antecedentes graves y que darían cuenta de la existencia de delitos. Así reaccionaron los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards luego que revista Qué Pasa diera a conocer el detalle del segundo contrato que suscribió Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon en Caval, con el empresario Hugo Silva para revender los terrenos de Machalí a un mayor precio, lo que le reportaría ganancias de al menos $1.300 millones de pesos.

Monckeberg -quien junto a Edwards presentaron una querella por el caso- sostuvo que "lamentablemente recién estamos conociendo la punta del iceberg, este es un negocio oscuro y no hemos conocido todos los contratos y todo lo que pactaron a puertas cerradas Caval con los dueños del terreno".

Para Edwards, "este nuevo antecedente refuerza la tesis de que acá tiene que haber haber habido un delito, o es muy probable que haya habido un delito. Si es que la información que se le entregó al señor Silva de que se iba a cambiar el plano regulador era falsa, se refuerza la tesis de estafa. Y si es que era verdadera, la pregunta es cómo podían  saber ellos, de dónde sacaron la información; uso de información privilegiada; o qué gestiones pueden haber realizado, tráfico de influencias".

"Le quiero pedir la presidenta de la República que le exija a su hijo que nos entregue toda la información de este caso. De lo contrario la vamos a ir conociendo por goteo y más va a dañar su imagen", agregó.

Monckeberg sostuvo que tras los nuevos antecedentes, "hemos perdido la capacidad de asombro con el caso Caval-Dávalos. Francamente este es el negocio más oscuro que se ha podido conocer en el entorno de una alta autoridad de la familia presidencial y cuando estamos frente a un caso grave como este, queremos que el gobierno sea activo en la investigación. No basta que el gobierno siga hablando de transparencia ni siga proponiendo medidas, sino que lo primero que el país le pide es que se aclare este caso".

"<strong>Esto demuestra con claridad que Caval, al comprar el terreno, estaba comprometido con el cambio del uso de suelo.</strong> O estafó a los compradores garantizándoles el cambio de uso de sueño o sencillamente se comprometió a cambiarlo de venderlo, lo cual es tráfico de influencias. Alguno de los dos delitos parece evidente que existieron", remarcó Monckeberg.

UDI A BACHELET: "¿DE NUEVO SE ENTERÓ POR LA PRENSA?

Por su parte el prosecretario UDI

Pablo Terrazas

sostuvo que los nuevos antecedentes "son muy graves en el momento de crisis que está pasando el país en las instituciones porque la Presidenta, los chilenos de acuerdo a las encuestas no le están creyendo".

Terrazas -quien presentó una denuncia ante el 8° juzgado de garantía por este caso- emplazó a Bachelet: ¿De nuevo se enteró por los medios de prensa de esto?

¿De nuevo se enteró por los diarios que su familia tenía todavía un contrato que recién venimos a conocer sobre $1.300 millones de pesos más, porqué no se refirió a esto desde un comienzo?, agregó.

GOBIERNO EVITA AHONDAR EN ANTECEDENTES

Consultado sobre estos nuevos antecedentes de Caval, el vocero de gobierno

Álvaro Elizalde

evitó

comentarlos recordando que

"se está desarrollando una investigación por parte de la fiscalía, quien tendrá que esclarecer los hechos en el marco del ordenamiento jurídico chileno, y por tanto todos los antecedentes que sean requeridos para el éxito de la investigación tienen que ser proporcionados por todas las instituciones públicas".

"La postura del gobierno es expresión de una convicción profunda: En Chile nadie está sobre la ley y debemos dejar que las instituciones que deben investigar para el total esclarecimiento de estos hechos realicen su trabajo sin interferencias políticas, es esa una convicción profunda del gobierno", agregó.

Finalmente, Elizalde recordó que "en un estado de derecho democrático lo que corresponde es que todos cumplamos la ley y sin duda que estos hechos sean esclarecidos".

"Por lo tanto debemos permitir que las instituciones hagan su trabajo, por eso hemos insistido en que los actores políticos se abstengan de presionar a las instituciones que están llevando adelante estas investigaciones", concluyó.

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