Defensoría Penal Pública: 55% de los condenados cumple pena en libertad

Un total de 9.158 imputados, que representan el 55,1% de los condenados en los primeros ocho meses del año, obtuvieron algún tipo de beneficio carcelario, que se tradujo en cumplimiento de su sentencia en libertad.

Así lo revela el segundo informe cuatrimestral elaborado por la Defensoría Penal Pública, que analizó la totalidad de las causas que ingresaron a la entidad dependiente del Ministerio de Justicia. De acuerdo con el reporte, de los 16.627 casos (ver infografía) que llegaron a un término judicial durante el período enero-agosto, a un total de 9.158 condenados se les otorgó un beneficio. En contrapartida, 7.469 (44.9%) sentencias establecieron que la pena debía cumplirse de manera efectiva en prisión. Estas medidas se aplicaron en juicios orales, juicios abreviados (acuerdo entre la fiscalía y el imputado, cuya pena no excede los cinco años) y procedimientos simplificados (aplicado a delitos menores, con penas de hasta 540 días).

Para el defensor nacional Georgy Schubert, a quienes "se les otorgan beneficios son personas que, en general, no tienen antecedentes penales. Una persona con antecedentes anteriores ya no puede optar a la remisión condicional de la pena, y, eventualmente, a la libertad vigilada", explicó. La máxima autoridad de la Defensoría Penal agregó que, "por lo general, las personas con condena sólo pueden aspirar al beneficio de la remisión nocturna". Según el análisis de Schubert, "quienes acceden a beneficios, es porque estamos frente a personas que, obviamente, están siendo condenadas por primera vez".

El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, dijo que "muchos jueces están haciendo aplicación de la Ley 20.603, que extendió el ámbito de los beneficios a personas que antes no tenían este privilegio, por lo cual era esperable que gente siendo condenada accediera a éstos (ver recuadros)".

Esa ley establece nuevas alternativas al cumplimiento de las penas en la cárcel y tuvo como fin descongestionar los penales. Se establece en ella medidas como la expulsión en el caso de los extranjeros y la reclusión parcial, entre otras medidas.

El fiscal Uribe añadió que "la Defensoría se refiere a todas las condenas, que incluye los procedimientos simplificados, donde lo que hay son penas bastante bajas que están en el rango de beneficios alternativos".

El informe, además, analizó 232.146 causas representadas por la Defensoría que pasaron por un tribunal en los primeros ocho meses.

De ese número, asegura el documento, 218.442 casos (94,1%) fueron formalizados y el imputado quedó en libertad. En contraparte, 13.704 personas (5,9%) quedaron en prisión preventiva.

"Las regiones que sobresalen por un mayor porcentaje de prisión preventiva son Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta", dice el informe de la Defensoría.

Las detenciones ilegales (arresto que no cumple con los requisitos y supone abuso de autoridad) llegaron a 2.153 casos (16%). El universo de causas detalla que 94.584 detenidos entre mayo y agosto eran adultos y, asimismo, 9.179 eran menores de edad. De ellos, 7.092 tenían entre 16 y 17 años y 2.087 entre 14 y 15 años.

En el caso de los adolescentes detenidos, "el 77,3% corresponde a menores de entre 16 y 17 años, mientras que el 22,7% corresponde a menores entre 14 y 15 años". Los delitos más comunes que atendió la Defensoría fueron las lesiones (53.279 casos), los delitos contra las personas (33.636) en los que están las amenazas, violación de morada y tormentos. Asimismo, los hurtos llegaron a 30.975 causas en el período enero-agosto.

En el mismo lapso, la entidad defendió a 4.554 personas de la etnia indígena. Al respecto, el análisis destaca que "se observa la clara tendencia del perfil indígena a delitos de lesiones (25,7%), seguido de delitos contra la libertad e intimidad de las personas (17,6%) y delitos Ley de Tránsito (15,9%)". La entidad, también, representó a 3.488 extranjeros requeridos por la justicia.