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Política
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Actualizado el 20/04/2016
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Debate imaginario sobre un epitafio

Autor: Ascanio Cavallo

El ex Mandatario Patricio Aylwin quería ser recordado como “un hombre de Derecho”, pero su vida fue mucho más allá y entró en el horizonte de la historia.

Debate imaginario sobre un epitafio

Cuando se le preguntó por la forma en que querría ser recordado, Patricio Aylwin Azócar acudió al repertorio de lo que fue su vida por más de 70 años: “Un hombre de Derecho”. Pero su vida fue más extensa e intensa después de los 70, y por esas décadas posteriores su epitafio, de haberlo, tendría que ir mucho más allá de los estrechos límites del Derecho y entrar en el horizonte de la historia.

Aylwin llegó a la Presidencia empujado por una sociedad que buscaba la paz. No la pax romana, no la pax britannica, no la paz total -tan parecida a la muerte-, sino una modesta pero ansiosa necesidad que lo eligió para representarla: el deseo de los chilenos de poner fin a muchos años de confrontación y violencia. Esto es difícil de comprender hoy, cuando han pasado más de 25 años de lenta y a veces dolorosa reconciliación y cuando los motivos de confrontación son tan diferentes de aquel momento.

Nunca en el siglo XX se había pedido semejante cosa a un Presidente chileno. Nunca se le había solicitado una misión tan pequeña y tan inmensa. Una misión que sería propia de un gigante, como se lo propuso el general Augusto Pinochet cuando comparó su tarea con la de Lincoln. El general pensaba en una amnistía, pero esa era la parte menos sustantiva del problema chileno.

Aylwin no tenía esa vocación de grandeza, ni el currículo que la sustentara. Había vivido a la sombra de los “grandes hombres” de su época, era demasiado modesto, se vestía con más formalidad que elegancia y sus más impetuosos discursos solían parecer alegatos ante alguna corte de provincias. Para peor, poseía un sentido del humor sobre sí mismo que, por lo general, no está disponible en las grandes ligas; enojar a Aylwin siempre fue una tarea conceptualmente difícil, sobre todo porque tampoco era un hombre gracioso. Su extraño equilibrio entre solemnidad y autoconciencia solía desconcertar a sus adversarios y sus aliados. Un día de fines de 1988 le pregunté a uno de sus más impetuosos promotores, Juan Hamilton, si Aylwin ya había aceptado ser el candidato de la Concertación. “No sé”, dijo con cierto desconsuelo, “con Patricio nunca se sabe”.

Aylwin tenía dos armas secretas para enfrentar ese desafío: el sentido católico de la investidura y una conciencia exacerbada de la responsabilidad de Estado.

¿Lo puso la Providencia en esa encrucijada increíble? El diría que sí, pero esta certeza incomprobable tiene escasa densidad histórica. El hecho certificable es que después del triunfo del No en el plebiscito de 1988, construyó ladrillo por ladrillo la posición que ya consideraba propia: conversando con su amigo radical Enrique Silva Cimma, pidiendo permiso a Ricardo Lagos y, sobre todo, negociando la alianza con los socialistas no en las casas de la renovación, sino en el cuartel general de los “duros”, esto es, en el patio techado de la cárcel de Capuchinos, donde moraba su viejo amigo Clodomiro Almeyda.

Almeyda desconfiaba de Aylwin, y Aylwin de Almeyda, pero ambos sabían que siempre hay un momento de la política donde los gustos se separan de las necesidades y lo único que puede rellenar el vacío es un delicado gesto de confianza. Los malos políticos nunca entienden esto.

Los críticos de la transición le reprocharán hasta el final de los tiempos la frase “justicia en la medida de lo posible”, la que interpretan como una rendición de los principios ante el conformismo. Algunos considerarán ese gesto como una “traición”. Pero Aylwin entendió, correctamente, que su victoria electoral significaba la derrota no sólo de los militares que querían seguir en el poder, sino también la de quienes habían decidido que la única vía justa era la violenta. Mal se puede traicionar una estrategia que nunca fue propia; mal podía ser Aylwin el maquinista del tren revolucionario que nunca fue el suyo.

“Lo posible” era, para él, la restauración de la paz social. La frase ha sido reciclada por los críticos de la transición -muchos de los cuales, todo hay que decirlo, fueron funcionarios de su gobierno- como un símbolo de la claudicación ante la fuerza de los poderes militares, empresariales y oligárquicos, y quizás algunos de ellos preferirían que su epitafio dijera: “Traicionó a su pueblo”.

Las cosas eran un poco más complejas. Esto siempre descoloca al pensamiento papanatas, pero las sociedades sólo son democráticas cuando pueden dejar espacio a todas las visiones posibles, sin separarse demasiado de los hechos.

En el Chile de marzo de 1990, había 397 presos por delitos de conciencia -sangre incluida-, más de mil desaparecidos, varios centenares de personas armadas que cometían más de 200 acciones violentas por año a nombre del FPMR y el Lautaro, 1.200 hombres en la CNI y 52 generales de Ejército dispuestos a volcar el tablero ante cualquier amenaza contra Pinochet, aunque fuera por un hecho tan delictuoso como los cheques pagados a su hijo por la venta fraudulenta de una fábrica a la misma institución.

Pinochet desconfiaba de Aylwin, y Aylwin de Pinochet, y los dos conocían los límites de sus fuerzas. El poder es siempre la conciencia de sus límites: de otro modo es mera egomanía. “Incómoda descansa la cabeza que porta una corona”, dice Enrique IV de Shakespeare, recordando que el poder es también un sueño inquieto. Lo que alteraba el sueño de Aylwin en la noche de la asunción del mando no era Pinochet, sino algo que hoy suena extravagante: la posibilidad de que los pobladores sin casa emprendieran tomas masivas de terrenos. Nada de eso ocurrió, por supuesto, y lo que se tomó la escena fueron los problemas de las violencias pasadas y presentes.

Al terminar el cuatrienio de Aylwin no quedaba ninguno de los presos políticos del 90, se había establecido la suerte de casi mil desaparecidos, el FPMR y el Lautaro estaban desarticulados, los hombres de la CNI se iban fuera de servicio o procesados y Aylwin le alcanzó a ironizar a Pinochet: “Mire lo que son las cosas, yo me voy y usted se queda”, unas horas antes de que el Presidente firmara el decreto de extrañamiento de los que habían atentado contra la vida del general. Ya no había delitos terroristas, se habían reabierto los procesos por los crímenes de Orlando Letelier y Carlos Prats y la amenaza militar se había reducido a los cheques del hijo de Pinochet. Sin saberlo, el general se encaminaba al ocaso.

Lo que siete millones de chilenos le habían pedido al hombre no-grande, al abogado que no declaraba más pretensión que el imperio del Derecho, estaba cumplido cuando le entregó la banda a su correligionario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que recibía a un país pacificado, aunque con inmensos vacíos sociales.

Aylwin creció en un país fuertemente desintegrado. No es que careciera de líderes levantiscos -Carlos Ibáñez, Arturo Alessandri, Elías Lafferte, Marmaduque Grove, lo eran sin sombra de duda-, sino que experimentaba a ciegas en el medio de una sociedad donde las masas pujaban por más voz y más derechos. La pobreza era desoladora y se expresaba en la desnutrición y la mortalidad infantiles, la morbilidad y la segregación de las mujeres, las bajísimas expectativas de vida. Las masas campesinas depauperadas huían hacia las ciudades para formar, las menos de las veces, un proletariado industrial, y las más de las veces, unos enormes cordones de marginalidad.

Aylwin era hijo de ese escaso segmento de la clase alta -su padre fue presidente de la Corte Suprema- que sentía la inquietud de la “cuestión social”. Dudó entre el Partido Socialista y la naciente Falange del Partido Conservador, pero el peso de la vocación cristiana lo inclinó por esta última, en un momento en que Frei, Radomiro Tomic, Bernardo Leighton, Rafael Agustín Gumucio, comenzaban a encontrar convergencias con el nuevo Episcopado que terminaría por dirigir el cardenal Raúl Silva Henríquez. En 1957 estuvo entre los fundadores del Partido Demócrata Cristiano, que en una fulminante carrera de siete años consiguió el gobierno con la más alta votación de la historia. Aylwin se fue al Senado y a la dirigencia del partido para erigirse en el guardián del gobierno y no tuvo duda alguna para promover la expulsión de los rebeldes, empezando por el Mapu.

Cuando asumió Salvador Allende con la Unidad Popular, Aylwin compartía con Frei la impresión de que el nuevo Presidente mostraba cierta frivolidad hacia la economía y hacia la indisciplina de su coalición. Pero Frei calificaba a un par y se sentía con derecho a ser severo. Aylwin mostraba respeto hacia el hecho de que Allende había sido elegido por el pueblo. Por eso, en los meses agónicos de 1973, cuando Allende pidió dialogar con el PDC, Frei se negó y Aylwin se sintió obligado a concurrir a una legendaria cena en la casa del cardenal Silva Henríquez, donde incluso su propio testimonio deja ver la orgullosa majestad del Presidente ante un interlocutor menor que buscaba con ansiedad sacarle compromisos políticos.

Cuando llegó el día más anunciado de aquel año, Aylwin apoyó el Golpe de Estado sin ambages. Procuró darle fundamento jurídico y político. En el más inmenso error de su vida, creyó que sería un gobierno militar moderado, transitorio y breve. Quizás, como Frei, en algún momento pudo acariciar la idea de que las Fuerzas Armadas llamarían a unas nuevas elecciones donde triunfaría el PDC, algo como lo que el penoso gobierno de Napoleón Duarte lograría unos años después en El Salvador.

Hacia 1975, Aylwin ya calibraba la magnitud de ese error. Con los partidos disueltos y proscritos, retornó al ejercicio de abogado, con una pesadumbre que a veces se acercaba al vacío. Muchos de sus amigos recordarían más tarde que circulaba con un maletín con efectos personales, a la espera de ser expulsado del país. Pero eso no le ocurrió a él, sino a su amigo Andrés Zaldívar, en 1981, y en el verano de 1982 murió Eduardo Frei. La DC se convirtió en un paraje desolado, sin líderes y sin fuerza. Entonces Aylwin, en una recuperación que sólo puede ser atribuida a algún fuego interno, volvió a la cúpula del partido, secundando a Gabriel Valdés, y hasta participó en la estrategia de las protestas callejeras a partir de 1983.

Una de esas intuiciones que jalonaron su vida le hizo sentir que ese camino no era el de Chile, o quizás que no era el suyo. Propuso, con Silva Cimma, una idea insólita en un modesto seminario de 1984: cancelar la discusión sobre la legitimidad de la Constitución del 80 y considerarla sólo como “un hecho”. Ahora es obvio lo que no fue entonces: el jurista había entrevisto que en esa Constitución había un forado para derrotar a Pinochet.

Valdés no confiaba mucho en Aylwin, y Aylwin tampoco en Valdés. Pero este último demoró en ver la profundidad de la propuesta de su vicepresidente y lo dejó en la posición de instalarse en 1988 como el líder de la campaña del No. ¿Entendió en ese momento que se le otorgaba la oportunidad de reparar el error de apreciación de 1973? El diría que no, que los tiempos eran distintos, que la historia cambia. Pero, estableciendo su “alianza histórica” con el PS, Aylwin se reivindicaba no sólo a sí mismo, sino a una espesa y voluntariosa tradición social del PDC.

Repuso a ese partido, quién lo diría, en el corazón de la idea de una centroizquierda modernizada y quizás por eso sus camaradas se tentarían con un epitafio como: “Fue un democratacristiano de toda la vida”.

Al asumir como Presidente, Aylwin suspendió su militancia. Quería libertad de acción para articular el gobierno más complicado del siglo XX, el primero integrado por 16 partidos y enfrentado a una fuerza contraria del 44% que apoyó la prolongación de Pinochet. Construyó lo que hoy -no entonces- se reconoce como un gobierno de excelencia, urdido con un delicado equilibrio de partidos y fracciones y una amalgama de políticos, intelectuales y tecnócratas que, con pocas excepciones, ejecutó un tránsito impecable desde la amenaza del caos hacia la reconstrucción de las instituciones.

Para la mitad de su mandato, algunos de esos funcionarios se tentaron con la idea de reformar la Constitución para permitir su reelección. Después de pensarlo con molestia -o acaso con la contradicción entre el halago y el interés-, la rechazó, convencido de que una sociedad que deseaba nuevas reglas no podía confiar en ninguna alteración de esas reglas.

Muchos de esos hombres y mujeres añoran esos años de tensión y decisiones rápidas, de señales sutiles y discursos fuertes, de desafío y consolidación, y quizás preferirían que en su tumba figurase la frase con que lo designaban, con leve ironía, a sus espaldas: “El justo y bueno”.

Pero siempre que se juzga a un hombre tocado por la irreversible, tumultuosa majestad de la muerte, conviene, como pedía Tucídides, volver a los orígenes de su fama. Y en ese caso no sirve el oficio del Derecho, ni el revisionismo político, ni la dedicación partidista, ni la broma gobiernista.

Lo que sirve es lo que la sociedad le pidió en una coyuntura tormentosa como la de 1990, cuando se podía despeñar en cualquier desvío o arrancar por fin hacia rumbos más estables.

Ese epitafio tendría que contener la modestia y la grandeza de tal encrucijada, algo como: “Devolvió la paz a Chile”.

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