Esta mañana se dio a conocer la sentencia de la Corte Suprema donde se confirmó que el Estado deberá indemnizar a las 74 familiares de 20 víctimas del tsunami del pasado 27 de febrero de 2010.
De acuerdo a lo ordenado por el máximo tribunal, el fisco deberá pagar entre $7.500.000 y $30.000.000 a cada uno de los familiares de fallecidos y lesionados en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé. Dando un total de $1.840.000.
Con esto, además la tercera sala de la Suprema rechazó el recurso de casación que presentó la defensa en enero pasado a la Corte de Apelaciones.
La resolución indica que "si bien es efectivo que, en general, cualquiera persona, atendido al sismo previo al tsunami, pudiera no haber reaccionado en la forma que correspondía frente a la eventualidad de un maremoto, no es menos cierto que, al contrario de lo que señala la parte demandada, ello no resulta aplicable a las autoridades que ostentaban cargos que les imponían precisamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar o al menos paliar las consecuencias de este tipo de fenómenos naturales".