Corte Suprema argentina rechaza recurso extraordinario del gobierno por ley de medios
Se negó el "per saltum" que buscaba que el Máximo Tribunal resolviera rápidamente sobre la constitucionalidad de la normativa. Al mismo tiempo la Corte ratificó la medida cautelar que impide la plena aplicación de esa norma, tal como lo solicitó el grupo Clarín.
La Corte Suprema argentina rechazó hoy un recurso extraordinario ("per saltum") presentado por el gobierno de Cristina K en el litigio por la ley de medios audiovisuales que mantiene con el grupo Clarín y confirmó la medida cautelar que impide la plena aplicación de ese norma.
El "per saltum", solicitado el 19 de diciembre pasado, buscaba que el Máximo Tribunal resolviera rápidamente sobre la constitucionalidad de la normativa, aún cuando no estén agotadas las instancias judiciales previas. El Ejecutivo ya había solicitado un recurso de "per saltum", pero el Supremo también lo denegó, el pasado 10 de diciembre.
Asimismo, la Corte ratificó la vigencia de una medida cautelar dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que frena la aplicación de los artículos de la ley que obligan a los grupo a desinvertir en caso de que estén excedidos en el número máximo de licencias de radio y televisión permitido por la norma.
Según las fuentes la medida cautelar, solicitada por Clarín, el mayor grupo de medios de Argentina, estará vigente hasta tanto haya una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o no de la ley, aprobada hace tres años.
El máximo tribunal contradijo, sin embargo, el criterio de la Cámara de Apelaciones sobre el plazo máximo para la desinversión. Según las fuentes debe haber un pronunciamiento de fondo a más tradar en marzo próximo.
El 14 de diciembre el juez de primera instancia que atiende este caso, Horacio Alfonso, determinó que la ley de medios audiovisuales es "constitucional", pero ese fallo fue apelado por Clarín ante la Cámara, que debe ahora ser zanjado.
La ley de medios audiovisuales fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
Clarín considera que la normativa contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor grupo multimedia del país.
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