Congregación de Hermanos Maristas denunció a cuarto religioso involucrado

Una nueva denuncia por presuntos abusos sexuales cometidos por un religioso integrante de la orden presentó la Congregación de Hermanos Maristas ante la Fiscalía Metropolitana Sur.

De acuerdo a fuentes al interior de la institución religiosa, la información de este cuarto caso ya está en manos del fiscal Guillermo Adasme, quien en las últimas semanas hizo una serie de diligencias junto a funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI.

Sin embargo, según ha trascendido, "a diferencia de las otras situaciones denunciadas por la congregación, en este caso el religioso, quien también está separado de la comunidad educativa y de sus deberes pastorales, niega los hechos y defiende su inocencia", se informó.

El caso es complejo y la indagatoria va avanzando. Si bien los Hermanos Maristas señalan que son cuatro los casos de religiosos denunciados por la propia orden al Ministerio Público, por presuntos abusos sexuales, fuentes ligadas al caso aseguran que hay otras cuatro personas que hicieron clases en colegios de la orden que también están siendo investigadas.

Esto habría obligado a la institución a solicitarles a los religiosos imputados que regresaran a Chile para declarar en la causa.

De ellos, algunos fallecidos, siete son extranjeros. Unos estaban viviendo en Europa, mientras que el resto lo hacía en distintos países de América Latina. Actualmente, todos estarían residiendo en la casa que la congregación tiene en la comuna de Providencia, a la espera de que los citen para entregar sus testimonios.

Pero la investigación que llevan adelante el fiscal Adasme y el equipo preferente de la Brisexme no solo diría relación con abusos sexuales. También habría millonarios pagos para silenciar a las víctimas, además de otro tipo de hechos relacionados con lo que ocurrió al interior de los establecimientos estudiantiles.

Y no solo en Santiago, sino también en los centros educacionales que la congregación tiene en regiones.

Entre las líneas de investigación del fiscal se encontraría, también, la forma de operar de la hermandad en años anteriores. Por ejemplo, se indaga la posibilidad de que esta entidad, en vez de sancionar o suspender a los religiosos involucrados en algunas denuncias de años anteriores, los haya trasladado de un recinto a otro. "Eso habría generado -según fuentes del caso- que haya decenas de víctimas desde el año 1970, cuando se presentó la primera denuncia formal", la que habría sido ignorada por la entidad religiosa.

Además, pese a que algunos delitos habrían sido cometidos hace más de 40 años y podrían estar prescritos o ser revisados por el sistema antiguo de justicia, otros estarían vigentes. Ello, debido a que los tribunales consideran que dos días en el extranjero equivalen a uno en Chile, por lo que la medida de prescripción no correría para todos los religiosos que estaban en el exterior.

Fuentes de la causa estiman que la investigación desformalizada podría extenderse por al menos un año.