Columna de Ascanio Cavallo: Historia de un gazapatón

Sucinta relación de hechos.

En junio de 2016, el diputado comunista Hugo Gutiérrez presentó un proyecto para hacer pública la información proporcionada a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, que recogió entre 2003 y 2004 los testimonios de más de 35 mil víctimas. En el decreto de creación de la comisión se decía expresamente que dicha información debía ser reservada; y la ley que cerró las tareas de la comisión y estableció las compensaciones fijó también un plazo de 50 años de secreto sobre tales testimonios.

El Presidente Ricardo Lagos ha explicado que él mismo decidió aumentar el plazo desde 30 a 50 años luego de oír a una víctima joven que no quería que su caso fuese conocido antes de su probable muerte. Extraoficialmente se ha sabido que esa víctima tuvo un hijo producto de una violación en cautiverio. Con todo, no importa tanto la casuística, sino el hecho de que el Estado tomó un compromiso formal con 35 mil personas, ninguna de las cuales ha quedado impedida de presentar su caso ante la justicia si así lo desea.

La primera moción del diputado Gutiérrez fue rechazada. Pero tres meses después, en septiembre de 2016, presentó una segunda, mucho más sencilla, que sólo abriría acceso a los Tribunales de Justicia, bajo condiciones de reserva y en casos donde el testigo no sea parte del proceso. Estos procesos, sujetos al procedimiento penal antiguo, son los que ven ministros de fuero de las cortes de Apelaciones de todo el país.

Esta, entre otras, ha sido una demanda de la Coordinadora de Ex Presos Políticos Salvador Allende, que hasta lleva una mesa de negociación con el gobierno. Dicho sea de paso, la Coordinadora mantiene "tomadas" las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el 31 de mayo pasado.

En octubre de 2016, el proyecto corregido fue aprobado por la Cámara de Diputados y entró a su segundo trámite constitucional en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la senadora de la UDI Jacqueline van Rysselberghe. Recién en mayo de este año el gobierno le dio su patrocinio, rotulándolo con "suma urgencia", que significa despacharlo en dos semanas. Ocho veces fue renovada la "suma urgencia" sin que la comisión lo viera. El senador socialista Juan Pablo Letelier llegó a anunciar una acusación contra la senadora ante el Comité de Ética.

El caso es que, sin el conocimiento de los involucrados, ni del gobierno, ni del Congreso, el 11 de septiembre la Presidenta Bachelet anuncia que el Ejecutivo pedirá al Parlamento someter el proyecto a "discusión inmediata", lo que significa despacharlo en seis días. La polémica estalla de inmediato, con palabras fuertes. El ex Presidente Lagos recuerda que hay un compromiso del Estado; el diputado Gutiérrez suelta la idea de que Lagos forma parte de un "pacto de silencio"; entre los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas recuperan fuerza los "duros", que por años han rechazado toda colaboración con la justicia; la sensación de trizadura entre la moral concertacionista y la neomayoritaria se convierte en un abismo. Se meten políticos, juristas, moralistas, religiosos, opinantes, candidatos, catilinarios, cada cual con su sentencia ética. La polémica adquiere proporciones tan descontroladas, que la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, debe pedir una audiencia al ex Presidente Lagos para explicarle los reales alcances del proyecto.

Para entonces, el gobierno ya sabe que el anuncio fracasará en el Senado, porque en estas condiciones, la Nueva Mayoría vuelve a quebrarse: las advertencias de Lagos harán que todo el "laguismo" lo rechace. Quien logra darle una salida es el senador DC Jorge Pizarro, mediante una indicación que restringe el proyecto un poco más y que permite que pase a la sala del Senado.

Hasta aquí los hechos.

Ahora, las primeras preguntas: ¿Quién tuvo la ocurrencia de hacer este anuncio resonante el 11 de septiembre? Algo se puede asegurar: esto no salió de su "sede jurídica", el Ministerio de Justicia, sino de La Moneda. Dejando de lado su posible efecto en el Congreso, ¿qué objetivo buscaba quien promovió la idea, convertida de la mañana a la tarde en una de las mayores controversias del gobierno? ¿Es cierto que faltaba algo para anunciar un 11? ¿Es cierto que alguien creía que era necesario anunciar algo?

Y la segunda línea de preguntas: ¿A quiénes se quería favorecer en un período tan claramente electoral? El único grupo que ha mantenido esta posición respecto del secreto del informe Valech ha sido el Partido Comunista, porque el resto de la Nueva Mayoría siempre respaldó la decisión de ex Presidente Lagos; y el mentor concreto del proyecto es el diputado Gutiérrez, que como casi todo el mundo, aspira a su reelección. ¿Se siente el PC triunfador en esta escaramuza? ¿Le ganó el gallito a Lagos, a quien parece querer torear con este y otros temas?

El tercer grupo de interrogantes: ¿Con qué compromisos se quería cumplir? En lo interno, podría ser parte de una táctica de apaciguamiento de los ex presos políticos, pero parece improbable que estos se sientan mejor tratados con este solo gesto. En lo externo, es sabido que los organismos internacionales, en especial los vinculados al sistema de Naciones Unidas, recomiendan someter este tipo de casos a los Tribunales de Justicia, pero también es un hecho que casi no existen precedentes de lo que hizo la Comisión Valech. ¿Se quería satisfacer algún requerimiento o solamente promover una cierta imagen?

Las últimas preguntas son las que envuelven a las instituciones, a su seriedad y a su continuidad. Quien tuvo la idea de hacer el anuncio ¿pensó que esto podría hacer aparecer a la Presidenta promoviendo la ruptura de un compromiso del Estado, con el añadido de que en los años de la Comisión Valech era ministra de Defensa, participaba del gobierno de Lagos y tenía todas las oportunidades de plantearle al Presidente (y al país) su discrepancia, de haberla tenido? Y, entendiendo que ella misma conoce bien el proyecto, ¿nadie evaluó el significado de abandonar la representación del Estado, violando un compromiso público y masivo? ¿Nadie vio estas dimensiones, nadie lo dijo, nadie lo advirtió?

Así se aproxima el gobierno a sus últimos meses.