La finalidad de las Corporaciones de Asistencia Judicial, de acuerdo con la ley 17.995, es "prestar asistencia jurídica y judicial a personas de escasos recursos", por lo que sorprende un informe de la Contraloría -consignado por este medio-según el cual en los centros de la Región Metropolitana se totalizaban, a septiembre del año pasado, 10.782 casos que se encontraban en listas de espera para ser atendidos.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental para los ciudadanos, y que existan los mecanismos de apoyo, orientación y representación para quienes no pueden proveérselo en razón de sus ingresos, resulta esencial para asegurar el cumplimiento de dicha garantía, consustancial a cualquier democracia. La institucionalidad ya se ha dotado de un Ministerio Público y de una Defensoría, pero ello no justifica que el Estado descuide este otro plano.

Es fundamental que las autoridades de Justicia hagan las correcciones necesarias, porque una justicia inoportuna no puede considerarse una justicia propiamente tal, y el informe señala que la CAJ Metropolitana "carece de la capacidad suficiente" para asegurar ese acceso. Que la explicación sea la falta de personal por un déficit presupuestario -algo que resulta inexplicable, debido a que todos los estudiantes de derecho deben por ley hacer su práctica en estas corporaciones-, exige no solo mayor racionalidad en la asignación de los recursos, sino también un debate serio sobre la naturaleza y calidad del sistema de acceso a la justicia.