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Política
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Actualizado el 02/11/2011
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Alianza responsabiliza a ex presidentes de la Concertación en casos de falsos exonerados polí­ticos

La Cámara de Diputados acordó solicitar a Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet que colaboren en la invstigación. Karla Rubilar (RN) aseguró que los ex mandatarios sabían de las irregularidades que tenía este programa.

Por 52 votos a favor y 27 en contra la Cámara de Diputados acordó solicitar a los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet que colaboren en el proceso de investigación que está desarrollando esta Corporación para establecer las responsabilidades polí­ticas en que hoy existan irregularidades en el proceso de calificación de exonerados polí­ticos.

La decisión se adoptó al término de la sesión especial desarrollada en la Cámara Baja para analizar las presuntas irregularidades en el otorgamiento de estos beneficios a exonerados polí­ticos, instancia a la que asistió el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

La diputada de Renovación Nacional (RN) Karla Rubilar, impulsora de la sesión especial, aseguró que “los ex presidentes de la Concertación sabí­an de las irregularidades que tení­a este programa y nada hicieron a pesar de las denuncias. Nosotros tenemos tres expedientes, más de 125 cartas y mail que iban dirigidas a autoridades de gobierno de la época para pedir que se investigara el tráfico de influencias y las irregularidades en la entrega de este beneficio”.

Rubilar agregó que en el año 2003 habí­a una carta dirigida al ex presidente Ricardo Lagos denunciando las irregularidades de este programa y que el 2 de abril de 2006 llega una carta a la ex presidenta Bachelet denunciando múltiples irregularidades en el programa de exonerados.

La parlamentaria manifestó que cualquier funcionario público que recibe una denuncia que puede revestir carácter de delito está obligado por ley a entregar dichos antecedentes a la justicia, y por eso afirmó que en este caso “creemos que hay una responsabilidad mayúscula por parte de las autoridades que gobernaron en la época” por no investigar estas denuncias.

La diputada PPD, Adriana Muñoz, en cambio dijo que veí­a con decepción, “cómo las nuevas generaciones de polí­ticos y el Ministerio del Interior han sido capaces de poner en tela de juicio a 157 mil personas que fueron calificadas como exonerados polí­ticos, los cuales no se merecen ese trato por parte del Estado”.

La parlamentaria rechazó los cuestionamientos que se han hecho a muchos parlamentarios, aclarando que en estos casos operó la presunción legal que daba por establecida la exoneración polí­tica en los meses posteriores al Golpe de Estado y que los testimonios de los parlamentarios, expresados en “certificados” siempre fueron un elemento más a considerar por parte de los equipos profesionales”, indicó Muñoz.

Agregó que no niegan la posibilidad de que personas inescrupulosas pudieran haber hecho mal uso de esta ley y que en esos casos se deberán iniciar los procesos de fiscalización que correspondan, “pero acá lo que hemos visto, es una campaña orquestada, destinada a destruir un proceso del cual debemos sentirnos esencialmente orgullosos como nación como fue reparar a las ví­ctimas de violaciones a sus derechos humanos”.

Por su parte, el diputado Enrique Jaramillo (PPD) dijo que lo sucedido con el tema de los certificados es “una maldad que han iniciado algunos colegas que les interesa dejar mal a quienes hacemos bien la pega (…) Lo que apoyé ayer, lo apoyo hoy y lo apoyaré mañana”, declaró.

En la ocasión se rechazó un proyecto de acuerdo presentado por el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS) en el que se rechazaba el uso de medidas de fiscalización al margen de la ley para revisar la entrega de estos beneficios y se desprestigie a los exonerados polí­ticos.

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