Alianza presenta al gobierno 25 propuestas "para enfrentar la delincuencia y el terrorismo"

Un documento con 25 propuestas para "enfrentar la inseguridad, la delincuencia y el terrorismo" presentaron esta mañana representantes de la UDI y RN al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

"La Alianza tiene propuestas, y hoy le hemos traído al gobierno 25 propuestas para enfrentar la inseguridad, la delincuencia y el terrorismo. El ministro las ha recibido de una buena manera, vamos a iniciar un trabajo conjunto, y hoy día le hemos planteado también nuestras prioridades", explicó el presidente de la UDI, Ernesto Silva.

A juicio de Silva, las prioridades deben estar centradas "en darle poder ya a las policías para poder investigar más en los delitos terroristas, rápidamente, y fortalecer la capacidad de investigar del ministerio público y seguir dando señales políticas concretas".

"Nosotros hoy día vemos que hay un cambio en el gobierno y en la Nueva Mayoría: Los que hace meses estaban en contra de la ley antiencapuchados, en contra de muchas medidas, hoy se dan cuenta que el terrorismo hay que enfrentarlo con convicción", añadió.

Entre las propuestas (ver subtítulo) se encuentra la modificación de la Agencia Nacional de Inteligencia, donde se plantea que se constituya como una entidad independiente del gobierno de turno; modificaciones a la ley antiterrorista y a la concepción de terrorismo; la presencia de agentes encubiertos; así como medidas reparatorias para las víctimas de delitos terroristas.

El documento fue elaborado por una comisión liderada por los diputados Arturo Squella (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN), y donde participaron académicos y expertos de los centros de pensamiento de la Alianza, Avanza Chile, Instituto Libertad y la Fundación Jaime Guzmán.

"Esperamos que estas propuestas le sirvan al país y puedan ser utilizadas para avanzar rápidamente en el combate al terrorismo", agregó.

Si bien estaba contemplada la asistencia del timonel Cristián Monckeberg, este no pudo asistir.

LAS PROPUESTAS DE LA COMISION

El texto -al cual tuvo acceso La Tercera- presenta 25 propuestas, divididas en seis áreas temáticas.

1) Reformas constitucionales.

-Reforzar el artículo 9° CPR inciso primero que establece que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos, agregando otros bienes jurídicos como la democracia y Estado de Derecho. Racionalizar los contenidos de los incisos segundo y tercero de dicha norma.

-Revisar la proporcionalidad de las sanciones accesorias que contempla nuestra Constitución Política, asegurándose que balanceen una adecuada sanción con el respeto de los derechos ciudadanos.

2) Reformas legales a la ley sobre conductas terroristas y a la ley de control de armas.

-En cuanto a la ley N° 18.314 sobre conductas terroristas, se propone establecer un nuevo tipo penal terrorista base que sancione al que realice conductas que afecten la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas a través medios especialmente peligrosos que generen temor en la población o en un grupo indeterminado de ella y altere el orden social o político (o institucional del Estado).

-Establecer como sanción el comiso de efectos y bienes empleados para la comisión del delito.

-Agregar como figuras nuevas, autónomas, la amenaza de conductas terroristas y la pertenencia a una asociación o agrupación terrorista.

-Incorporar las figuras de cooperación eficaz y desistimiento de la tentativa como atenuante y eximente, respectivamente, de la responsabilidad penal.

-Aumentar las penas por el delito de financiamiento del terrorismo.

- Incorporar nuevas técnicas investigativas y procesales, algunas ya existentes en la leyes de droga y lavado de activos: agentes encubiertos e informantes; delación compensada; toma de huellas dactilares y muestras de ADN aún sin consentimiento de los imputados; entregas vigiladas y transacciones de armamentos y explosivos destinadas a la perpetración de atentados terrorista; y establecer medidas cautelares personales y reales de mayor eficacia para el éxito de este tipo de investigaciones.

- En cuanto a la Ley 17.798 sobre control de armas, se propone sancionar la colocación, uso o detonación de artefactos explosivos.

-Perfeccionar la figura y la sanción a la tenencia ilegal de medios explosivos o especialmente nocivos.

-Sobre la Ley N° 18.216 sobre penas sustitutivas se plantea establecer restricciones a la aplicación de penas sustitutivas en casos de delitos terroristas.

3) Fortalecimiento de la institucionalidad antiterrorista.

-Reestructuración de la ANI como agencia técnica, independiente del gobierno de turno, pasando desde un órgano cuya dirección superior corresponde a un Director, quien es de la exclusiva confianza del Presidente de la República, hacia un órgano colegiado, dotado de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo sus integrantes nombrados por el Presidente y con la conformidad del Senado. Ello implica además reforzar los mecanismos de rendición de cuenta de la institución.

-Aumentar recursos presupuestarios, humanos y tecnológicos para fortalecer coordinación y análisis.

-Aumentar la coordinación al interior del Sistema de Inteligencia, especialmente entre la ANI y los servicios de inteligencia militares y policiales.

-Rediseñar el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, con el objeto de introducir modificaciones relevantes respecto de la Fiscalía de Alta Complejidad y del sistema de evaluación de impacto y rendición de cuenta del Ministerio Público.

-Aumentar la coordinación entre fiscales y policías, potenciando la capacitación interinstitucional. Para ello se deben establecer metas e indicadores comunes entre el Ministerio Público y las policías, y sofisticar los protocolos de actuación conjunta, especialmente respecto de las primeras actuaciones frente a un delito terrorista el que debe quedar entregado a un grupo policial especializado antiterrorista. En materia de capacitación interinstitucional, implementar talleres prácticos sobre primeras diligencias en materia de delitos terroristas y generar jornadas de capacitación interinstitucional a nivel nacional.

-Fortalecimiento de la inteligencia policial y coordinación efectiva entre las policías en el traspaso de información e intercambio de inteligencia, implementando la base unificada de datos (BUD), y revisando los planes de estudio y mallas curriculares de las Policías, para generar capacidades efectivas de inteligencia policial.

4) Protección especial y reparación a víctimas.

-Facultar al Ministerio Público para que solicite la adopción en forma obligatoria y vinculante al tribunal de medidas de protección respecto de víctimas de delitos terroristas.

-Creación de un Fondo de reparación a las víctimas del terrorismo, debiendo el Estado asumir la reparación de las víctimas, tanto por medio de indemnizaciones directas y determinadas, como por medio de programas de salud, reubicación, seguridad, etc.

5) Rehabilitación de condenados por delitos terroristas.

-Establecer un programa especial de rehabilitación a condenados por delitos terroristas, sobre la base de apoyo sicológico y/o siquiátrico, como también por medio de programas educativos, capacitación laboral y, de ser necesario, tratamiento de drogas. Ello puede estar vinculado a condenados que hayan prestado cooperación eficaz o desistimiento de la tentativa.

6) Prevención temprana de la violencia y los desórdenes públicos.

-Tipificar el delito de desórdenes públicos graves en caso de paralización de los servicios públicos de emergencia y el impedimento de la libre circulación de las personas, la que debe valerse de fuerza en las cosas o violencia o intimidación a las personas.

-Incorporar la circunstancia agravante de delitos contra las personas o que afectaren los bienes (propiedad), ocurridas en una manifestación o acto de carácter público o masivo, aumentándose además la penalidad cuando en este caso se utilizare algún elemento con el propósito de ocultar su identidad ("encapuchado").

-Sancionar con multas de 1 a 4 UTM a la persona que concurra a una manifestación pública ocultando su identidad ("encapuchado"), quedando la fuerza pública facultada para detenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

-Desarrollar programas de Violencia Escolar en los establecimientos educacionales.

-Potenciar las capacidades investigativas y de análisis de la policía en materia de orden público.

Para revisar el documento completo, puedes ingresar al siguiente enlace.