Aldo Cornejo: "No tenemos ninguna otra alternativa que disminuir las asignaciones parlamentarias"

El miércoles pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, firmó un oficio en el que se ordena una revisión de los documentos que elaboran los asesores de parlamentarios para sus proyectos de ley. La medida busca detectar eventuales irregularidades en la preparación de esos informes, como, por ejemplo, que se copien textualmente párrafos de otros autores sin citarlos.

El legislador DC concretó esta gestión en medio de una serie de conversaciones que ha sostenido con otros diputados y autoridades del Congreso para definir un cambio mayor en el Parlamento: la rebaja en el monto de las asignaciones, medida que -dice Cornejo- se aplicará para costear el aumento de 120 a 155 diputados, según lo contemplado en la reforma al sistema electoral binominal.

¿El alza de parlamentarios se puede financiar, como dice el gobierno, solamente redistribuyendo platas?

Hay un mayor costo, que oscila entre los 9.000 y 10.000 millones de pesos. La única alternativa que tiene la Cámara de Diputados para poder financiar el mayor número de parlamentarios, a partir del año 2018, es que los dineros que hoy están destinados a asignaciones parlamentarias se dividan entre los 155 diputados nuevos. Eso implica, naturalmente, una disminución del monto para asignaciones que cada parlamentario va a recibir.

¿Ya es una decisión tomada la rebaja en el monto de las asignaciones?

Tal como está la situación hoy, no tenemos ninguna otra alternativa que no sea la que acabo de decir. Nosotros no podemos hoy tocar la dieta, porque no está establecida en una ley o reglamento, sino que está establecida en la Constitución. Abordar con seriedad el tema de la dieta, que yo no me niego a discutir, es complejo, porque implica revisar los ingresos de otras autoridades, como ministros, jefes superiores de servicio, ministros de la Corte Suprema. Es muy probable que este tema se revise cuando discutamos un nuevo texto constitucional.

La reforma constitucional se discute el 2015. ¿No sería una buena señal proponer antes esa rebaja?

Cuando yo escucho que la Presidenta va a enviar un proyecto de nueva Constitución, no cabe ninguna duda de que todo lo que está en la Constitución del 80, en términos teóricos, es posible de revisar y discutir. Como este tema ha estado siempre en el tapete de la opinión pública, naturalmente habrá que revisarlo. Pero, insisto, es una revisión sistémica, no sólo para los diputados. Ahora, toda esta discusión, que me parece secundaria, se produce porque hay un sector en la oposición, particularmente la UDI, que ha sostenido, a mi juicio equivocadamente, que no es necesario más parlamentarios. Claro, yo entiendo que para ellos no es necesario tener más parlamentarios y, por lo tanto, no modificar el sistema binominal, porque si hay un partido que ha resultado beneficiado con el binominal es, precisamente, la UDI. Con menos votos llegó a tener 40 diputados, un tercio de la Cámara... Entonces, para evitar la reforma de un sistema tan antidemocrático y tan injusto como este, se pone como argumento central el tema del costo. Y a mí me parece que esa es una discusión totalmente interesada y artificial. Es una excusa, una excepción dilatoria -como diría un abogado- para no enfrentar el tema de fondo. Es muy curioso, porque desde la UDI y RN han planteado que sería bueno para Chile y para la política que haya financiamiento público de las campañas y de los partidos políticos.

Pero también hay parlamentarios de la Nueva Mayoría que han planteado objeciones, en privado, sobre el redistritaje. Al final, desde ambos sectores -oficialismo y oposición- se manifiestan reparos...

Sí, pero mire: esta reforma electoral tiene un mérito. En el pasado hubo muchas iniciativas tendientes a modificar el binominal que implicaban un redistritaje. No hay que olvidar que el actual distritaje se hizo por la dictadura, después del plebiscito del 88. En consecuencia, se hizo sobre la base de incorporar distritos en aquellos lugares donde en el plebiscito le había ido mejor a la dictadura. Ahora, es cierto que a muchos parlamentarios de la Nueva Mayoría, hay que decirlo, les genera preocupación el aumento del tamaño de sus distritos. Eso es así, es un hecho de la causa. Yo lo he escuchado y tiendo a comprenderlo. Pero también existe la íntima convicción de que este sistema no resiste más.

Algunos diputados del PS podrían votar en contra del proyecto o de alguna parte de la iniciativa. ¿Qué le parece?

Sería una pésima señal que algún parlamentario votara en contra por privilegiar su interés personal.

La UDI ha enfocado sus críticas en el aspecto financiero de la reforma electoral. ¿Ustedes, como oficialismo, asumen que ahí hay una batalla comunicacional que están perdiendo?

La verdad es que no conozco ningún estudio que pueda indicar que esta posición populista de la UDI haya calado en la opinión pública y, en consecuencia, haya un rechazo. A la gente no le parece que el candidato por el que votó, y que sacó más votos, se pierda, y resulte elegido el que sacó menos votos. Estos pueden ser réditos y beneficios de corto plazo. Me parece muy irresponsable oponerse a mejorar la calidad de la democracia.

Esa discusión se producirá el 2017, en plena campaña...

Tenemos que hacer con seriedad y mucho rigor un trabajo respecto del financiamiento del mayor costo. Todos estamos por estudiar con tranquilidad si es posible hacerlo con reasignaciones presupuestarias de la Cámara. Eso lo vamos a hacer. También vamos a ver cómo podemos racionalizar los gastos. Por ejemplo, yo encargué un estudio sobre eficiencia energética, porque podemos disminuir costos. El lunes en la tarde tendré una reunión con este propósito. Dicho esto, tenemos que velar por que una reasignación no afecte el cumplimiento cabal de las obligaciones que tiene un parlamentario. Vamos a tener que buscar un punto de equilibrio.

¿Qué otros recortes se están estudiando?

La Cámara debe hacer un estudio serio sobre racionalización del gasto. Eso no significa, como algunos han dicho, que aquí hay recursos que otros presidentes de la Cámara hayan gastado mal. Lo otro es el gasto propio de un parlamentario. El presupuesto institucional considera $ 21.000 millones anuales en asignaciones parlamentarias, desglosados en asesoría externa, personal de apoyo, pasajes, asesorías, gastos operacionales de los comités... Eso lo vamos a tener que estudiar. De aquí, de esta suma, es de donde, en términos teóricos, debiera salir el financiamiento para el mayor costo que tiene la reforma.

Ha habido críticas a informes y estudios encargados por diputados. ¿Cuál es su diagnóstico sobre esa situación?

No voy a defender a los que hacen mal las cosas. En función de lo que se ha sabido públicamente respecto de asesorías cuestionables, nosotros hemos tomado medidas. Ha habido informes que son total o en parte una copia textual de otros textos, de un libro. Sobre esa materia, hemos instruido a la unidad que corresponde en la Cámara para revisar con detalle cada uno de los informes que los asesores externos hacen, particularmente los informes legislativos y los proyectos de ley.

¿Qué cambios podrían producirse?

Siempre va a ser posible, y en eso estamos todos los diputados conscientes en la Comisión de Régimen Interno (grupo de diputados que supervisa el trabajo administrativo de la Cámara), que el tema de la asesoría externa pueda perfeccionarse. Tengo mi duda -y hablo a título personal- de si esos recursos se pueden usar para hacer encuestas políticas. Están autorizadas por el Consejo de Asignaciones Parlamentarias (órgano autónomo del Congreso que regula el uso de recursos), pero yo creo que no se debiera. Creo que debemos revisarlo.

El Comité de Auditoría (órgano que fiscaliza el uso de los recursos) dijo que, en algunos casos, no tiene atribuciones para fiscalizar o calificar la calidad de esos trabajos.

El Comité de Auditoría son tres personas y somos 120 diputados. Eso tenemos que conversarlo también. Hay que reforzar el Comité de Auditoría. Es absolutamente precario tener un comité de esa naturaleza con sólo tres personas, y que sólo puede hacer fiscalizaciones aleatorias. Con motivo de la presentación del presupuesto del Congreso, este es un tema que vamos a considerar.

¿Se van a pedir más recursos?

Me parece indispensable.