La Moneda dio a conocer el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), iniciativa que, según destacó la autoridad, es inédita en nuestra historia. Se trata de un conjunto de más de 600 acciones a las que se compromete el Estado -en un horizonte de cuatro años-, radicando cada una de ellas en la totalidad de los ministerios y otros organismos del sector público. Dicho plan abarca 15 áreas temáticas, entre las que se cuenta dictadura y memoria, sistema internacional de DDHH, migrantes y refugiados, mujeres, niños, niñas y adolescentes, diversidad sexual, pueblos indígenas y tribales, entre otros.
El PNDH se trata de un primer esfuerzo valorable, porque abarca y sistematiza parte importante de los ámbitos que podría incluir una política de protección de los derechos humanos. Sin embargo, es aún prematuro considerarlo como una suerte de "política de Estado", y pretender que dichas directrices deban ser continuadas por la siguiente administración sin posibilidad de introducir cambios o revestirlas de sus propios sellos, en particular si no ha tenido incidencia alguna en su formulación. Por lo demás, al tratarse de una iniciativa inédita, cabría esperar que ésta decante al menos un par de administraciones, para permitir calibrar sus medidas e ir asentando una doctrina sobre derechos humanos plenamente consensuada.
Una de sus contribuciones más valiosas es el referido a personas migrantes y refugiados, así como la trata de personas y tráfico de migrantes. El documento acierta al desplegar abundantes medidas en el caso de la inmigración, precisamente porque se trata de una nueva realidad para la que el país no parece culturalmente del todo preparado, como tampoco los distintos estamentos del Estado.
También hay interesantes contribuciones en políticas sobre el adulto mayor y la discapacidad.
Probablemente el aspecto más controversial del PNDH es la agenda que propone para hacer frente a las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen militar. Se trata de una materia de alta sensibilidad, porque las acciones que lleve a cabo el Estado deben conjugar el delicado equilibrio de justicia y reparación, con la necesidad de ir superando las heridas del pasado. El plan nacional de búsqueda y destino final de detenidos desaparecidos que propone el plan, encuentra justificación ética; en cambio, el registro nacional de víctimas de violaciones masivas y sistemáticas a los DDHH bajo el gobierno militar, aun cuando su objetivo es facilitar la reparación -también un imperativo ético-, requiere de mayor precisión para lograr su objetivo y no terminar siendo instrumentalizado en favor de una determinada visión. A la misma causa de los DDHH no le haría bien quedar tan identificada principalmente con hechos acontecidos aquellos años, anclándose en los temas del pasado.
Aun cuando en el PNDH hay importantes avances, se extraña que otros temas clave y de alto impacto como la vulneración de los menores del Sename, las deplorables condiciones de hacinamiento en las cárceles públicas, los graves problemas de acceso a la salud pública y las amenazas al estado de derecho en ciertas zonas del país no encuentren por ahora el énfasis debido en el documento, materias que deberían ser prioritarias.