Aborto: opinión de padres será oída, pero no vinculante, en casos de menores de 14 años

La Comisión de Constitución del Senado retomó hoy la discusión del proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de riesgo materno, inviabilidad fetal y violación, que cuenta con suma urgencia y se espera se despache este mes a la Cámara.

Hoy, la instancia -tras un arduo debate- resolvió que la opinión de los padres no será vinculante ni decisiva en los casos de menores de 14 años que decidan interrumpir su embarazo, pese a que será recogida como parte del análisis que deberán realizar los tribunales, antes de emitir una resolución en un plazo no mayor a 48 horas.

La iniciativa plantea que este grupo, además de manifestar su voluntad, debe contar con la autorización de uno de sus padres para llevar a cabo el procedimiento. Sin embargo, en casos de oposición de éstos y de no existir un representante legal, la niña, asistida por un integrante del equipo de salud, podrá solicitar a un juez de familia que constate la ocurrencia de la causal.

Así, quedará en manos del tribunal resolver la interrupción del embarazo. Sin embargo, se incorporó, a solicitud de los senadores de oposición, una indicación que permitirá a los padres presentar su opinión al juez, así como también la versión del equipo médico, antecedentes que serán considerados como insumos para el análisis del caso.

"Lo que se establece es que el juez, al momento de tomar la decisión, debe oír a los representante legales, pero su opinión no es vinculante, porque se puede dar el caso de que la niña haya sido violentada sexualmente por uno de ellos", explicó el presidente de la mesa, Felipe Harboe (PPD).

En tanto, el senador Alberto Espina (RN) cuestionó la normativa y que la opinión de los padres no sea decisiva: "Lo que yo he sostenido es que si una menor de 14 años no ha sido parte de una agresión física y tuvo una relación consensuada, el padre debe ser consultado, y si se el se opone, su opinión debe prevalecer".

La opinión fue respaldada por su par de la UDI Hernán Larraín. "Me parece muy preocupante esta constante que hay en las políticas del gobierno de empezar a prescindir de la opinión de los padres en cuestiones que afectan a sus hijos".

A su vez, la ministra de la Mujer, Claudia Pascual, rebatió que "aquí hay una preocupación en el marco de la protección de la menor, de estar en plena concordancia respecto de las posibilidades de riesgo, maltrato físico o síquico, desarraigo o abandono".

Hoy, la comisión trazó las primeras líneas del debate sobre la aplicación de la objeción de conciencia, uno de los aspectos más reñidos de la iniciativa y que se revisará este martes.

Al respecto, el senador Alfonso de Urresti (PS) sostuvo que "he planteado la inquietud de que no debería existir objeción de conciencia en el sector público, quienes están en estos sectores no pueden estar esgrimiendo situaciones de esta naturaleza para no realizar una prestación tan importante como la interrupción del embarazo", postura que coincide con la de Harboe.

En cambio, el senador (ind.) Pedro Araya plantea que esta cláusula no sólo aplique a todo médico que la invoque, sino que sea extensible, además, al resto del equipo de salud que intervenga en el procedimiento.

En tanto, los parlamentarios de oposición afirman que la objeción de conciencia debe ampliarse, además, a las instituciones de salud.