Abogados analizan uso de la prisión preventiva y plazos de investigación

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Gremio estima que los "delitos complejos" justifican procesos largos. Para defensora, se abusa de la cárcel.




"Hay investigaciones que son muy complejas; se deben reunir pruebas, antecedentes y, muchas veces, dado que la fiscalía tiene que tener todos esos antecedentes para ir a juicio, los persecutores, cuando son delitos complejos, suelen pedir más plazo".

Así, el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, justificó los plazos de investigación que se solicitan para indagar algunos delitos, entre ellos los de carácter terrorista.

Algunas voces, de diferentes ámbitos, han cuestionado el periodo -de 15 meses- de prisión preventiva que llevan los comuneros imputados por su presunta responsabilidad en la quema de una iglesia evangélica en la IX Región.

Alessandri dijo no conocer mayores antecedentes del caso en cuestión, pero agregó que, en general, cuando se dictamina la prisión preventiva, dicha decisión "se puede recurrir. Hay instancias y recursos".

Para la abogada Manuela Royo, quien defiende a uno de los imputados en el caso Luchsinger, "en muchos procesos que involucran a comuneros se tiende a abusar de la prisión preventiva. Y esto se ve acrecentado cuando se investiga bajo la Ley Antiterrorista, porque esa calificación eleva el rango de exigencias a la hora de que el tribunal dictamine una eventual medida cautelar menos gravosa".

Agregó que "en muchos casos algunos imputados son finalmente absueltos, pero el tiempo que estuvieron en la cárcel no se los devuelve nadie".

Este viernes, en tanto, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió a los plazos de esta investigación, recordando que este 27 de septiembre se realizará la audiencia de preparación del juicio oral.

"Nosotros esperamos que esto avance rápido (la preparación del juicio), porque tenemos suficientes antecedentes para llevar adelante el procedimiento. Sinceramente, espero que ese día no haya intentos de dilatar el juicio oral", expresó la autoridad de gobierno.

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