Sergio Muñoz será formalizado: qué delitos se le imputarán y qué pena arriesga el exdirector de la PDI

La tarde de este viernes, funcionarios del OS7 de Carabineros allanaron el domicilio del director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz.

La entrada y registro se produjo a raíz de las indagatorias lideradas por la Fiscalía Oriente sobre el polémico Caso Audios que involucra al abogado Luis Hermosilla, empresarios y funcionarios públicos, que tras filtrarse una conversación exponen pagos a personal del Servicio de Impuestos Internos (SII) a cambio de información privilegiada y favores al legista.

Bajo esta investigación, el director de la PDI le habría entregado información secreta a Hermosilla.

Con estos antecedentes, la Fiscalía afirmó que Muñoz infringió el artículo 31 de la Ley 19.913 y también el artículo 246 del Código Penal.

La Ley 19.913 expone que “la investigación de los delitos al que se refieren los artículos 27 y 28 de esta ley será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal”.

Rodrigo Ríos, exfiscal y profesor de derecho penal en la Universidad Finis Terrae, explicó a La Tercera que “ambos delitos sancionan a los funcionarios públicos particularmente cuando entregan información que por definición es secreta”.

“Si tu no eres interviniente como fiscal, abogado defensor o querellante, no puedes tener acceso ni compartir esa información”, indicó Ríos.

En el marco de la situación judicial de Muñoz, el legista precisó que “no hay diferencias de pena si tu tienes un rango más alto o bajo. La ley habla de funcionario público, por lo tanto, es indiferente el cargo, pero más allá de lo que dice la ley es muy distinto en términos de valoración, que el que filtra sea el director de una institución tan relevante como la PDI a que sea un funcionario de bajo rango”.

En cuanto a la infracción del Código Penal señaló que “hace una agravación de la pena, lo que significa que es más grave el delito, si la filtración pone en riesgo la seguridad pública”.

Sobre la formalización, el exfiscal Rodrigo Ríos manifestó que son asignadas penas de crímenes que parten desde los cinco años y un día. Sin embargo, puntualizó que hay que considerar “las atenuantes que pesan, y evidentemente Muñoz tiene una conducta irreprochable anterior, por algo es un funcionario público, nunca ha sido condenado anteriormente”.

Bajo esa misma línea, expresó que “el tribunal tiene que hacer ese ejercicio si las medidas que pide la Fiscalía son proporcionales, que pueden comenzar perfectamente por prisión preventiva, por entender que las conductas realizadas por esta persona son de tal gravedad que su libertad puede poner en peligro el éxito de la investigación”.