U. de Chile no dará fondos concursables a deudores de pensiones y sancionados por VIF o Ley Zamudio

La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile activó nuevos criterios a la hora de otorgar sus fondos concursables, los que apuntan a principios de género y que tienen que ver con impedir que deudores de pensiones de alimentos, así como sancionados con las leyes de Acoso y Violencia de Género en la Educación Superior, Violencia Intrafamiliar (VIF) o Ley Zamudio (sobre discriminación), puedan postular. La idea, de hecho, es ampliar esta medida a las demás entidades de la Casa de Bello en un futuro próximo.

En concreto, los fondos que entrega la VID son para investigación y puede acceder a ellos cualquier persona de la universidad, tanto académicos como estudiantes. La idea, que se implementó como prueba en esa vicerrectoría en 2023 y que este año pretende ser replicada en otras facultades e institutos de la universidad, es que no puedan postular a los fondos aquellas personas que se encuentren en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Las nuevas exigencias, además, consideran la necesidad de adjuntar una declaración jurada simple donde se acredite no estar afecto a alguna sanción vinculada con las leyes descritas en el párrafo anterior.

Los nuevos lineamientos, enviados en un documento que sugiere a toda la Universidad de Chile incorporar estos criterios de género para sus respectivos procesos concursables, según explican en la Casa de Bello van en coherencia con las políticas institucionales, por lo que, entienden, todos deberían hacerlo, aunque son sugerencias y recomendaciones, no obligatoriedades.

Desde la VID de la U. de Chile reseñan que la prueba en 2023 tuvo buenos resultados, aunque sin detallar si fueron pesquisadas algunas situaciones, así como tampoco hacen referencia a qué ocurriría si es que a propósito del proceso de postulación a un fondo dan con un académico o estudiante que sea deudor o que esté sancionado por algunas de las leyes. Por lo pronto, sólo no podría aspirar a esos fondos.

Estas incorporaciones, como se ha dicho, ya fueron probadas en la entrega de cinco fondos concursables en 2023 bajo el Proyecto de Innovación en Educación Superior en Género (InES Género).

“Es fundamental involucrar la perspectiva de género en los fondos concursables debido a que hemos observado una menor participación y éxito de las mujeres en los fondos internos. En conversaciones con académicas nos indican que requieren de incentivos económicos para avanzar en sus investigaciones, por lo tanto, estas medidas buscan motivar a las mujeres a que postulen y, a su vez, nivelar los porcentajes de adjudicación para que formen parte del grupo de seleccionados”, detalla la coordinadora del Proyecto InES Género, Patricia Retamal.

Y agrega que esta medida es un avance y va en línea con lo que hacen otras instituciones. “Organismos estatales como ANID y otras universidades públicas han implementado acciones similares como adjudicación paritaria y extensión de plazos máximos por periodos de pre y posnatal, por mencionar algunos. Esperamos que más universidades se unan a esta iniciativa”.

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Christian González-Billault, asegura que “estos criterios, además de ser de vanguardia, subrayan el compromiso de la VID y la universidad con la reducción de las brechas de género presentes tanto en la sociedad como en la institución, especialmente en las etapas iniciales de las trayectorias académicas”.