Socavones: afectados iniciaron el retiro de sus pertenencias y protocolo para la mudanza levanta críticas entre los propietarios

Este jueves se habían inscritos cinco mudanzas y para este viernes igual número. Foto: Dedvi Missene

Algunos de los residentes de los edificios evacuados aseguran que no firmarán la declaración jurada exigida para ingresar y retirar enseres, pues ella exime de responsabilidad al Estado en caso de producirse algún accidente.


Este miércoles comenzó el lento y forzoso retiro de enseres desde el interior de los departamentos evacuados por los socavones registrados en las dunas de Viña del Mar el 23 de agosto y 11 de septiembre pasado.

Si bien luego de la emergencia los afectados acudieron espontáneamente a retirar pertenencias de sus hogares, luego la Delegación Presidencial de Valparaíso demarcó un perímetro de seguridad y restringió el acceso, con resguardo de carabineros, hasta contar con el protocolo que regulara de forma ordenada y “segura” el procedimiento.

La mudanza se retrasó una semana y causó confusión entre los residentes. Según había sido informado en un principio, el protocolo regiría a partir del martes 4 de octubre, pero ese día todavía no estaban instaladas las máquinas que miden la estabilidad del suelo y alertan de cualquier movimiento de tierra que pudiese poner en riesgo el proceso.

Finalmente, y ya con los sensores en marcha, este miércoles comenzaron a acudir los primeros propietarios: uno al Miramar Reñaca, a buscar documentos y vestimentas, y otro al Santorini Norte, a sacar ropa. El horario estipulado para retirar las cosas va de martes a viernes, entre las 10.00 y 20.00, y el sábado hasta las 14.00, en grupos de hasta cinco personas y en un máximo de dos turnos simultáneos por torre. Para ello, todos deben presentar una declaración jurada y firmada ante notario, que exime de responsabilidad a diversos organismos del Estado en caso de que ocurra algún incidente durante el ingreso y egreso de los departamentos.

He tomado pleno y completo conocimiento del riesgo que implica, tanto para mi persona y bienes, el ingreso a dicho inmueble y a la zona aledaña a este, debido a posibles nuevos desplazamientos de tierra, de posibles colapsos estructurales o de cualquier otro potencial accidente que se pudiese generar en el lugar debido al socavón generado en el lugar”, reza la declaración.

Y sigue: “Dejo expresa constancia que por este acto declaro que renuncio expresa e irrevocablemente a toda acción y/o recurso jurisdiccional que pueda nacer de las situaciones descritas en el párrafo anterior y que eximo de todo tipo de responsabilidad derivada de los mismos, tanto a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Senapred, al Ministerio de Obras Públicas, Sernageomin, la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y cualquier otro órgano de la Administración del Estado de Chile y a los funcionarios dependiente de estos”.

En las notarías locales cada declaración tiene un valor aproximado de $4 mil. Para acceder a los departamentos, debe presentarla no solo el propietario o arrendatario, sino también sus acompañantes (hasta cinco por grupo), entre peonetas o quienes ayuden con la mudanza.

Lucy Avendaño, propietaria de un departamento en el Edificio Miramar, acudió este jueves a retirar algunas cosas de su despensa. Ella y su esposo presentaron cada uno su declaración certificada. “Entiendo que es una medida de protección para la autoridad y no vimos ningún problema en firmar”, dice. En su caso, no realizará una mudanza más amplia, pues el inmueble es su segunda vivienda.

Sin embargo, el protocolo sí fue rechazado por otros propietarios. “Gran parte de los vecinos no está de acuerdo con el documento. No van a entrar a sacar sus cosas. Sienten que están eximiendo de responsabilidad a las instituciones”, explica Manuel Ludueña, vocero de la comunidad del Edificio Miramar Reñaca.

Pero hay otros, explica Ludueña, que no tienen alternativa y que, aunque tengan reparos, tendrán que firmar la declaración: “Hay vecinos que no tienen opción porque tienen que equipar otro departamento, o arrendaban y necesitan sacar sus cosas, pero la gran mayoría no está conforme”. Y aunque el comité legal de la comunidad revisó la declaración jurada y determinó que se ajusta a derecho, “de todas maneras queda una incertidumbre. Y la gente no confía en las autoridades. (El documento) no impide ejercer acciones legales, pero igual la gente no cree en ellos”.

Trinidad Carreño es una de las propietarias en desacuerdo con la propuesta: “No, no voy a firmar nada y no voy a sacar nada. Se lavan las manos todos”.

Por otra parte, en el edificio Santorini Norte, Nicolás Marchant cuenta que su padre, Alfredo, quien es propietario, no realizará mudanza, porque ya sacó lo esencial y espera volver a habitar el departamento en el corto plazo. “Él está confiado de que aquí a antes de que termine el año pueda volver”.

El director (s) de Senapred, Felipe Estay, detalla que hasta el cierre de esta nota había inscritas cinco mudanzas y este viernes igual número. También, dice, hay grupos anotados para el día sábado. Y explica que la declaración es exigida “porque es parte del protocolo que se dio a conocer a los vecinos en la reunión que se sostuvo con ellos”.

El protocolo

El documento del 29 de septiembre se basa en el Decreto Supremo N° 172, emanado por el Presidente Gabriel Boric el 24 de junio, por medio del cual declaró que seis regiones, incluida la de Valparaíso, pasarían a tener la calidad de zonas afectadas por catástrofe en razón de la afectación climatológica vivida en la zona central y sur del país. Al respecto, se señala que Senapred comunicó que “la situación presentada implica un grave riesgo para la vida e integridad física de las personas y propuso la definición de un perímetro de seguridad en el lugar, de manera de dar seguridad a la vida humana y restringir el acceso de las personas y transporte público a la zona de riesgo”.

En la resolución también se indica, respecto del acceso a los inmuebles para el retiro de especies, que “se ha decidido permitir dicha alternativa, mas de manera controlada. Para ello se ha analizado la situación con los equipos de emergencia y se ha trabajado en la definición de un protocolo de acción que operativice de manera segura y ordenada el proceso de ingreso de personas al perímetro de seguridad”. Este proceso, se concluye, se extenderá entre septiembre y octubre e incluye la declaración jurada.

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