Sacerdote de Puerto Montt denunciado por presuntos abusos se querella por injurias contra su administrador apostólico

La tarea encomendada a Ricardo Morales, el administrador apostólico de Puerto Montt, ha sido compleja. En junio pasado fue nombrado por el Papa Francisco para dirigir la arquidiócesis sureña tras la aceptación de la renuncia del obispo Cristián Caro y le ha tocado afrontar más de un conflicto.

Morales, quien es sacerdote mercedario, estos meses ha iniciado investigaciones contra al menos cinco sacerdotes. Entre las razones están eventuales irregularidades económicas y presuntos casos de abusos. También en este periodo, en diciembre pasado fue agredido por una comunidad de laicos, en enero el Pontífice designó un visitador apostólico que acudió a la región y en febrero ocurrió el suicidio de uno de los presbíteros denunciado.

Y en las últimas semanas se sumó un nuevo episodio.

Una querella por injurias de carácter grave contra el administrador apostólico fue presentada en el Segundo Juzgado de Garantía de dicha ciudad.

El querellante es el sacerdote Luis Dionisio Muñoz (64), quien está acusado de presuntos abusos a menores por hechos que habrían ocurrido en 1990.

La situación comenzó luego de que se hiciera público el comunicado de la arquidiócesis en que se informaba del inicio de la investigación canónica previa contra el sacerdote por un eventual caso de abuso a un menor de edad que habría ocurrido en 1990. Allí se informaba, además, que la denuncia fue recibida el 20 de julio pasado y que Muñoz fue suspendido de sus tareas pastorales y de celebrar públicamente oficios religiosos.

Más tarde, el comunicado fue difundido por el sitio oficial de la Conferencia Episcopal, en la Revista "Mar adentro" del Arzobispado de Puerto Montt, y replicado por el periódico local El Llanquihue. También, el documento fue replicado por otros medios de comunicación de alcance nacional.

En la acción judicial presentada por el sacerdote aludido, Luis Dionisio Muñoz, se afirma que, tras la divulgación del comunicado y su posterior réplica en los medios, "se ha ejecutado una actuación que implica deshonra, descrédito o menosprecio de mi persona, mermando mi honor y mi capacidad de actuación dentro de la sociedad, ya que la difusión en medios de comunicación social efectuada por el querellado de la denuncia presentada en mi contra, ponen en tela de juicio, por un lado, mi moralidad y rectitud, manifestada en años de ejercicio del ministerio sacerdotal, y por otro, menoscabando seriamente mi credibilidad y dignidad como profesor".

Consultado por La Tercera, Morales señala que está "tranquilo". "Confío  que la justicia va a determinar lo que corresponda en este caso y se pueda acreditar que en ningún momento existió el ánimo de injuriar, muy por el contrario, se cumplieron los protocolos que manda la Conferencia Episcopal, la Iglesia en Chile y la Iglesia universal. En esa perspectiva, se hizo lo que correspondía", afirmó.

La decisión de dar a conocer públicamente las investigaciones canónicas previas que involucren  menores fue un acuerdo realizado por los miembros de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech) en la 116ª Asamblea Plenaria Extraordinaria en Punta de Tralca del 3 de agosto del año pasado. En el documento llamado Declaración, Decisiones y Compromisos de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, se afirma que "a contar de esta fecha, daremos a conocer públicamente toda investigación previa sobre presunto abuso sexual de menores de edad realizada en nuestras jurisdicciones. Lo mismo solicitamos a los superiores de congregaciones religiosas".

Luis Dionisio Muñoz declinó dar declaraciones para este artículo. En su lugar, su abogado Antonio Segura explicó que "la denuncia fue interpuesta ante la Iglesia, en principio por una persona cuya identidad se mantuvo en anonimato, y sin mediar investigación de ningún tipo, ya sea ante la justicia eclesiástica ni civil, al cabo de seis días esos antecedentes surgieron a la luz pública y la persona responsable de esa decisión consiente de comunicar esa denuncia es de Morales. Esto configura el delito de injurias graves con publicidad".

Respecto del manual de la Cech, Segura sostiene que "una cosa es lo que pueda decir un protocolo, pero otra cosa es la honra y el honor de una persona".