Ruidos molestos: Santiago en la RM y Antofagasta en regiones encabezan ranking de denuncias

Insomnio y estrés. Así define Carla Araneda (35) su último año como vecina de la Iglesia Vida Eterna, en el barrio de San Diego, comuna de Santiago. ¿La razón? Cada fin de semana, Araneda debe convivir con las celebraciones que el centro cristiano realiza hasta altas horas de la madrugada, donde los cánticos, música en vivo y gritos han interrumpido el descanso de ella y de sus vecinos.

“Más que ceremonias religiosas, muchas veces parecen fiestas a todo reventar. Y no solo los sábados y domingos, sino también entre semana, donde la bulla es tanta que nos despierta a mí y a mi hija de tres años. Esto no es calidad de vida”, explica Araneda.

Las consecuencias por los ruidos molestos en las grandes ciudades es un problema que se arrastra en Chile desde hace más de 10 años y que ha estado lejos de terminar. Así lo transparentan las cifras de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) -a las que tuvo acceso La Tercera- y que detallan que anualmente el organismo recibe cerca de 1.600 denuncias, de las cuales el 60% son por ruidos molestos, seguido de emisiones atmosféricas (29%), olores (19%), vectores (7%) y construcción de obras no autorizadas (3%).

Tal situación ha impactado a comunas específicas, como es el caso de Santiago. Y es que desde 2013 a la fecha, el sector ha registrado 615 de estos casos, seguida por Providencia, con 504; Las Condes, con 378; Ñuñoa, con 355, y San Miguel, con 274. Las principales investigaciones de procesos sancionatorios son las discotecas o pubs (20,85); constructoras o inmobiliarias (10,7%); gimnasios (6%); instalaciones fabriles (6%); centros comerciales (5,4%) y centros de culto religioso o espiritual (2,9%).

Del total de denuncias, hasta la fecha la SMA ha iniciado más de 963 procesos sancionatorios que se han abierto por esta materia. En total, se han cursado multas por 10.513 UTA (equivalentes a $ 7.957 millones al valor de mayo) y, en algunos casos, hasta paralizaciones. La infracción se constata cuando se superan los límites máximos establecidos en la norma de emisión de ruidos, fijados en el Decreto Supremo 38 de 2011. Esta norma establece que, por ejemplo, en las zonas residenciales no se pueden registrar más de 55 decibeles durante el día, lo que equivale al sonido de una conversación normal. Durante la noche el tope es de 45 decibeles, equiparables al ruido de una calle muy poco transitada.

“No todos los procesos terminan en sanción. Muchas empresas comprometen Programas de Cumplimiento, que son inversiones para justamente mitigar el ruido y poder seguir ejerciendo su actividad económica. En estos se han invertido más de $ 50.600 millones en 10 años”, destaca la superintendenta Marie Claude Plumer.

Eso sí, tal decreto no regula el ruido generado por el tránsito vehicular, marítimo o ferroviaro. Tampoco actividades en viviendas como reuniones, ruidos de mascotas o electrodomésticos ni sonidos que provengan del espacio público. Tales facultades están reguladas por los municipios, quienes a través de ordenanzas municipales pueden fiscalizar y sancionar, según sea el caso. Esto ya que la SMA solo puede intervenir en denuncias que involucren a puntos fijos, ya sean restaurantes, bares, constructoras, agroindustrias, entre otros.

A nivel nacional, las comunas con mayor presencia de estos casos desde 2013 hasta la fecha son Antofagasta (688), Concepción (489), La Serena (379), Temuco (370), Iquique (350) y Coquimbo (274). Y en lo que va de 2023, las citadas comunas registran 81, 45, 38, 45, 61 y 60 denuncias, respectivamente.

La comuna que lidera el listado ha venido batallando desde 2015 por la contaminación acústica de la zona y los ruidos molestos emanados desde el Parque Croacia, ubicado en el sector costero de Antofagasta. Allí, vecinos del sector Balneario y Playa Blanca conviven a diario con pubs, centros de eventos y restobares que han interrumpido las horas de descanso de los residentes. Una situación que motivó a la conformación de la ONG “No Más Ruidos”, que ha luchado por el término de ruidos molestos que persisten todo el año y que se intensifican en verano y días festivos.

Pese a que durante 2022 Carabineros ejerció 10 infracciones a los locales por ruidos molestos -acción enmarcada en una ordenanza municipal que faculta a las policías para fiscalizar el ruido sin el sonómetro de la SMA-, en 2023 los vecinos alertan sobre falta de coordinación de fiscalizaciones entre el municipio y la entidad.

Eso sí, la SMA ha desplegado un trabajo en conjunto con algunas municipalidades del país para mejorar la gestión de denuncias de ruidos a través de la firma de convenios que buscan entregar capacitación al personal municipal para el análisis de las denuncias ambientales, como también apoyar en la dictación de la ordenanza municipal de ruido, con la posterior capacitación para utilizar los sonómetros calibrados y las técnicas que se deben aplicar según el Decreto Supremo.

Entre los convenios firmados en la Región Metropolitana destacan los acuerdos con las municipalidades de Providencia, Ñuñoa, Lo Barnechea, y a nivel regional con los municipios de Antofagasta, Pucón, Tierra Amarilla, entre otros.

Con todo, la SMA apunta a que en los últimos 10 años se ha evidenciado un problema de ordenamiento territorial a nivel nacional. “Muchas veces se autorizan locales nocturnos en zonas residenciales. A esto se suman condiciones constructivas poco adecuadas, que no aíslan el ruido”.

Una situación que desde el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) tienen presente y en la que, afirman, se está trabajando. Así lo sostiene Víctor Hugo Lobos, jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores de la cartera, quien relata que el ordenamiento territorial se hace “fundamental para reducir el impacto del ruido proveniente de fuentes fijas en la salud de las personas”.

Es por esto que desde el ministerio se ha impulsado que se incluya el ruido como variable de evaluación y diseño en los Instrumentos de Planificación Territorial del país, un objetivo que se está trabajando mediante la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento que permite gestionar el uso del territorio urbano, minimizando los impactos que genera la exposición del ruido sobre la población.