Por qué Miguel Crispi, Javiera Martínez y Giorgio Jackson fueron a declarar ante la fiscalía

En dos jornadas, este jueves y viernes, los militantes de Revolución Democrática Miguel Crispi, Giorgio Jackson y Javiera Martínez declararon ante el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el fiscal jefe de la ciudad nortina, Cristian Aguilar.

Ambos persecutores viajaron hasta la Región Metropolitana para las diligencias que se desarrollaron en el edificio de la Fiscalía Nacional en la calle Catedral, en el centro Santiago.

El motivo: la indagatoria que el Ministerio Público desarrolla por una serie de convenios firmados entre fundaciones y entidades estatales.

El 16 de junio el medio regional antofagastino Timeline dio a conocer una serie de convenios por $426 millones que Carlos Contreras, entonces militante RD y secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta, autorizó en favor de Democracia Viva, la fundación de Daniel Andrade, también militante RD en esos días. Ambos permanecen en prisión preventiva desde el 15 de diciembre. En tanto, la concejal de Antofagasta, Paz Fuica, quedó con la misma medida cautelar tras su formalización el 12 de enero. Los tres fueron imputados de fraude al fisco.

Se les acusa de haber actuado para favorecer a con recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, a fundaciones como Democracia Viva, a sabiendas que las entidades favorecidas no cumplían requisitos para realizar los trabajos acordados en convenios asignados por vía directa. Contreras y Andrade fueron expulsados de RD y la militancia de Fuica está suspendida.

La convocatoria a Crispi, Jackson y Martínez a declarar está relacionada a la querella que presentaron por el caso los diputados del Partido Republicano Cristián Araya y Juan Irarrázaval. En agosto del año pasado los legisladores de oposición ampliaron la acción penal apuntando a gestiones administrativas que los tres militantes de RD habrían concretado, a fin de facilitar la disposición de recursos para los convenios en entredicho.

La querella de los diputados republicanos cuestiona a Crispi porque el 24 de junio de 2022, cuando se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, envió un oficio al gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, que validó el convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica” con la fundación Procultura, pese a que la experticia de esta ONG era otra.

El foco de atención volvió a estar sobre Crispi esta semana, luego que Carlos Contreras, en entrevista con La Tercera, afirmara que el jefe de asesores de La Moneda omitió información al Presidente Gabriel Boric sobre los convenios de Democracia Viva.

Guillermo Chahuán, abogado de Crispi, afirmó que el sociólogo fundador de RD en su declaración a los fiscales “reiteró lo que había señalado en la Cámara de Diputadas y Diputados en noviembre de 2023, despejando cualquier duda respecto de su intervención y conocimiento sobre los hechos investigados”.

En su caso, su declaración tuvo lugar la tarde del jueves y extendió por alrededor de dos horas. Como detalló a la salida su abogado, Miguel Schürmann, el foco principal estuvo en las gestiones que realizó mientras era titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia respecto del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (Caigg).

De acuerdo con los diputados Araya e Irarrázaval, en junio de 2022, cuando Jackson aún era el ministro de la Segpres, el Caigg dictó una instrucción que implicó, según la ampliación de querella, rebajar los controles sobre el destino y uso de los fondos públicos asignados mediante convenios.

La directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Javiera Martínez, se presentó ante los fiscales la mañana de este viernes acompañada de su abogado Jonathan Valenzuela.

Los diputados querellantes apuntan a la jefa de la Dipres por los lazos que mantendría con Democracia Viva, ya que entre octubre de 2020 y marzo de 2022 fue presidenta del directorio de la Fundación Rumbo Colectivo, entidad que recibió aportes -de acuerdo con sus mismos registros- de la fundación de Daniel Andrade.

En la querella indican que, si bien la Dipres no hace una evaluación del mérito del gasto, si dictó la resolución que habilitó una modificación del presupuesto que le permitió al Gore de Antofagasta entregar a la Fundación ProCultura $460.000.000, por el mismo convenio por el que los querellantes cuestionan Crispi.

Consultados al fin de la primera jornada, el fiscal Juan Castro Bekios explicó que la citación a Crispi y Jackson “fue en el contexto de la causa Democracia Viva y por lo tanto en el contexto de la investigación que se sigue por fraude al fisco”.

Castro Bekios se refirió a otra arista de la indagatoria que surgió al analizar los traspasos de dineros a través de convenios entre entidades estatales y fundaciones y que apunta al exministro y los funcionarios de gobierno por una eventual “omisión de denuncia” frente a la constatación de lo que serían irregularidades.

El fiscal precisó que en el interrogatorio de este jueves no se enfocó en esa arista y que “las preguntas fueron dirigidas respecto de los hechos de Democracia Viva”.