Pensiones de gracia: fiscal nacional no descarta que pueda haber fraude de subvenciones o prevaricación administrativa

El fiscal nacional, Ángel Valencia abordó este domingo la apertura de una investigación penal hacia las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social. La indagatoria fue abierta de oficio a raíz de la auditoría de la Controlaría, que entre sus conclusiones arrojó que la información que se exigía no era validada, que no había respaldos para aumentar los montos otorgados y que en algunos casos los pensionados ya recibían otros beneficios.

“En cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales, cada vez que hay información en la prensa que da cuenta de un hecho que reviste interés, que en el cual la Contraloría ha emitido un pronunciamiento, por razones de prudencia y de buena gestión, suelo requerir informe a las unidades especializadas de la Fiscalía para que manifiesten desde el punto de vista técnico si hay justificación o no para abrir una investigación”, explicó Valencia en conversación con el programa Mesa Central, de Canal 13.

En ese sentido afirmó que solicitó el informe a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y que “la unidad reportó que efectivamente había méritos para iniciar de oficio una investigación, porque había antecedentes de hechos que podían revestir caracteres de delito”.

“Podría haber también, por ejemplo, fraude de subvenciones, es decir personas que entregaron información falsa con el objeto de poder acceder a una de esas pensiones, podría haber alguna prevaricación administrativa. En definitiva son todas hipótesis iniciales, que en la medida en que se vayan esclareciendo los hechos podrá establecerse en primer lugar si se cometió un delito o no. Siempre recalco esto, hasta la majadería, que puede haber una situación ilegal y eso no necesariamente constituye un delito. Hay irregularidades de distinta naturaleza y de distinta gravedad. Lo que a nosotros nos corresponde establecer es si dentro de los hechos que efectivamente ocurrieron se cometieron delitos”, agregó.

Pese a que el fiscal declinó abordar en detalle los focos de la investigación, puesto que la indagatoria está a cargo del fiscal Marcos Pastén, comentó que “muy probablemente, considerando las cosas como normalmente ocurren, generalmente el énfasis comienza partiendo de la base de los hallazgos de la Contraloría y los informes pueden centrase más en el actuar de los funcionarios públicos, más que los beneficiarios. En algún momento probablemente si hay merito, es posible que se dirija hacia los beneficiarios”.

“No cabe duda de que cuando uno investiga delitos en los que participan empleados públicos, ellos pueden tener la calidad de imputados, sin que finalmente tengan la calidad de condenados”, añadió.

Adicionalmente, el jefe del Ministerio Público fue consultado sobre la conveniencia de otorgar este tipo de beneficios a personas con antecedentes penales. Ante esto, optó por evitar emitir un juicio al respecto, pero puntualizó que “hasta donde entiendo hay algunas personas que tienen condenas previas, pero otras que no tienen esa calidad. La investigación tendrá que establecer finalmente qué tipo de irregularidades se cometieron, aunque al parecer según la Contraloría ya se habría establecido algún tipo de ilegalidad. Pero si esas tienen connotación penal o carecen de ella, es perfectamente posible que alguien no tenga antecedentes penales y que haya intentado engañar al gobierno para obtener una pensión de gracia”

La autoridad también se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de no revocar el arresto domiciliario de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, como solicitaba la Fiscalía.

En cuanto a si considera que la determinación del tribunal es un derrota para el Ministerio Público, Valencia contestó que no y aseguró que se trata de “una decisión preliminar”.

“La prisión preventiva es un medio, no es un fin en si mismo. El fin en este caso, el trabajo de los fiscales, es esclarecer los hechos, que es algo que ocurrió, ejercer la acción penal y si alguien cometió un delito, solicitar a los tribunales y acompañar las pruebas necesarias para que a esa persona se le condene”, expuso.

Respecto de si existe alguna crítica a la exposición de la Fiscalía durante la formalización, Valencia respondió que “todo se puede hacer mejor (...) pero las fiscales actuaron de buena fe, con profesionalismo y objetividad. Un procedimiento oral y público permite que la comunidad haya podido ver el desempeño de las fiscales en vivo y conocer los argumentos de la fiscalía. Siempre todo se puede hacer un poco mejor, pero estamos familiarizados con la posibilidad de que durante el procedimiento haya audiencias en las cuales hacemos una petición y el tribunal no la conceda”.